La Guardia Civil ha detenido a I.B. de 36 años de edad, por un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en la localidad de Almorox (Toledo). El detenido sustrajo 550 metros de cable de cobre perteneciente a una línea telefónica, dejando temporalmente a dos urbanizaciones sin este servicio.

Durante la madrugada del día 24 de septiembre varias patrullas de la Guardia Civil, que llevaban a cabo un dispositivo operativo en la autovía A-5 (Madrid-Badajoz), dentro del término municipal de Valmojado observaron un vehículo que circulaba por esta vía y que paraba en el arcén al percatarse de la presencia policial, bajando de él dos personas que iniciaron la huida campo a través.

Efectivos de este Cuerpo comprobaron que tanto el maletero como el habitáculo interior estaban cargados con cable de cobre, aunque no pudieron interceptar a los huidos, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

La Guardia Civil comprobó que este cable pertenecía a una línea telefónica instalada en término municipal de Almorox, de donde había sido sustraído unas horas antes, lo que había dejado sin servicio telefónico a dos urbanizaciones de esta localidad.

Unas horas después, sobre las once de la mañana, una patrulla de la Guardia Civil de La Torre de Esteban Hambrán localizó a un hombre que entraba en la localidad de Valmojado, andando por la antigua carretera de Extremadura, comprobando que era una de las dos personas que habían huido unas horas antes al apercibirse de la presencia policial.

La Guardia Civil detuvo a I.B, por un delito de robo con fuerza en las cosas, poniéndolo a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Illescas.

La investigación iniciada por la Guardia Civil continúa abierta hasta lograr determinar la identidad y detener a la otra persona implicada.

(EuropaPress)

El procurador socialista en Las Cortes de Castilla y León, Fernando María Rodero, acusó ayer al Gobierno Regional de actuar con “pasividad y negligencia” ante las “múltiples y graves” irregularidades detectadas en la residencia de mayores de El Tiemblo. Según recordó Rodero, el acta de la inspección que la Gerencia de Servicios Sociales realizó el pasado mes de marzo, confirmó las denuncias de falta de higiene y deficiencias en la comida y la calefacción que vecinos y usuarios venían denunciando “de forma reiterada y desde hace años” ante el ayuntamiento de la localidad y la propia Gerencia.

Fernando Rodero, Procurador en la Junta de CyL.

Esto se une a la denuncia de La Federación de Servicios Públicos de UGT por impagos a las trabajadoras de la Residencia Municipal de El Tiemblo por varias de las empresas que la han gestionado, que acusaba igualmente de pasividad al consistorio tembleño. La FSP exigía a principios de septiembre que el alcalde de El Tiemblo “se implicara en la resolución de este asunto porque ya era la tercera vez que las trabajadoras tenían que afrontar un problema de este tipo en total soledad y muchas de ellas ya no podían soportarlo más porque económicamente su situación era desesperada”.

El sindicato consideraba que, aunque se niegue, el ayuntamiento “sí tiene responsabilidad, y mucha, en este reiterado problema” pues no se puede construir un edificio para obtener réditos electorales y después desentenderse de todos los problemas que las empresas encuentran al no dárseles “la suficiente estabilidad para que puedan gestionarlo con fluidez ya que se las va lastrando de inicio con deudas dejadas por sus predecesoras”.

Parece ser que que las tres últimas empresas que han pasado por la residencia han dejado sin pagar varias mensualidades a las trabajadoras del centro. También quedó reflejado en un pleno ordinario del año pasado una reclamación al ayuntamiento de 52.254,09 euros, por deudas contraídas con la Seguridad Social por el anterior adjudicatario de la Residencia de la Tercera Edad, alegando que el consistorio no había puesto a disposición de la Tesorería la fianza por la gestión desarrollada; además de otra de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en la que se reclamaban al ayuntamiento otros 3.000,01 €, por sanciones impuestas al anterior adjudicatario por deficiencias en la gestión.