El viceconsejero de Administración Local y Digitalización ha comparecido hoy en el Parlamento autonómico para explicar las directrices del nuevo Plan.

El objetivo es conseguir una distribución transparente, justa y equitativa del presupuesto del Plan de Actuación para los 178 municipios adscritos a este programa.
El Programa de Inversión Regional para estas anualidades cuenta con una dotación total de 1.000 millones de euros: 650 para actuaciones y 350 para gastos de contingencia.

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy en la Asamblea regional los criterios objetivos en los que la Consejería de Administración Local y Digitalización ha basado el reparto de fondos del Programa de Inversión Regional (PIR) para el periodo 2022-2026. En este sentido, este Plan cuenta con un presupuesto total de 1.000 millones de euros a repartir entre los 178 municipios que se acogen a este programa, y que representa una inversión sin precedentes para que los ayuntamientos puedan construir nuevas infraestructuras y servicios, además de afrontar sus gastos corrientes.
Durante su comparecencia, el viceconsejero de Administración local y Digitalización, José Antonio Sánchez, ha señalado que “esta distribución de las cuantías se ha realizado conforme a dos criterios que representan la transparencia de este ejecutivo a la hora de afrontar una distribución justa y equitativa de un presupuesto, los criterios marco y los criterios territoriales”.
“Entre los primeros, hay que destacar que la aportación de la Comunidad de Madrid a cada municipio no será en ningún caso menor a la del PIR precedente, sino que será igual o superior. Esto permite ajustar las aportaciones de una manera más objetiva a la realidad territorial, reduciendo posibles desigualdades”, ha asegurado el viceconsejero.
Además, se establece un fondo de 30 millones de euros para los municipios cuya población sea inferior a 5.000 habitantes. Esta medida afecta positivamente al 54,7% de las localidades madrileñas, con una población de 151.625 habitantes.
Sánchez también ha recordado que “el objetivo de este plan inversor es la mejora y ampliación de los servicios públicos de competencia municipal, lo que repercute directamente en el bienestar de todos los ciudadanos y contribuye a la reactivación de la economía productiva. Asimismo, este Programa de Inversión Regional busca fortalecer la autonomía y responsabilidad de los ayuntamientos, simplificar la gestión administrativa, reforzar la seguridad jurídica y clarificar el procedimiento de concesión de la subvención, entre otros aspectos”.

CRITERIOS TERRITORIALES
En cuanto a los criterios territoriales, el viceconsejero ha explicado que, para establecer las aportaciones a cada uno de los municipios, “la Consejería de Administración Local y Digitalización, tendrá en cuenta una serie de indicadores como la renta per cápita, el paro registrado, la población, la protección medioambiental, el patrimonio histórico-artístico, así como los ingresos, junto con otros criterios que nos permiten valorar la singularidad del municipio”.
El Programa de Inversión Regional 2022/26 está dotado con 1.000 millones de euros, de los que 650 millones son para inversiones y 350 millones para actuaciones supramunicipales y otras contingencias. Además, el Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso de conservar el porcentaje destinado a gasto corriente para los ayuntamientos. En este sentido, el Plan de Actuación recoge que el 25,3% se destinará a gasto corriente y el 74,7% a inversión.

En alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia del COVID-19.

Este miércoles se incorporan a sus puestos cinco albañiles, para el desempeño de tareas adscritas al área de Urbanismo y Obras, y también pasan a prestar su labor durante los próximos seis meses los cuatro empleados que reforzarán la limpieza en distintos edificios municipales.

Completando la nueva incorporación de personal con cargo a esta subvención de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, cabe recordar que ya el pasado diciembre se contrató a un conserje. 

El objetivo de reforzar y mejorar la prestación de servicios en aquellas áreas que más lo necesitan sigue sirviendo de base para fijar los criterios de la selección de personal que pasa a incorporarse a la plantilla del Ayuntamiento de Valdemorillo con cargo a una más de las subvenciones que facilitan estas contrataciones, al tiempo que dan solución a situaciones de desempleo de larga duración. Porque este es el caso de los nueve trabajadores que, desde este 16 de febrero, ya están desempeñando sus labores al servicio de esta Administración. En concreto, cinco albañiles, gracias a los que se dispondrá de más recursos humanos para al desarrollo de actuaciones a cargo de la concejalía de Urbanismo y Obras, y los cuatro limpiadores que desarrollarán sus labores en otras tantas dependencias municipales, como son la base de la Policía Local, Casa de Cultura, Biblioteca y el propio consistorio.

“El resultado de programas de formación de la Comunidad de Madrid, como éste, que, en total, contando al conserje que se incorporó en diciembre, nos permite ahora disponer de una decena más de empleados, nos demuestra lo acertado de contribuir a que estos trabajadores sumen experiencia y el aprendizaje de los módulos que incorpora este tipo de contratos, aumentando así sus posibilidades de lograr una mayor integración en el mercado laboral”. Así lo detalla el alcalde, Santiago Villena, que, una vez más, ha querido dar personalmente la bienvenida al nuevo personal en su primer día de trabajo al servicio de este Ayuntamiento.

Con una duración de seis meses, todas estas contrataciones sujetas al Programa de Formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia del COVID-19 presentan, entre otras ventajas, la posibilidad de ver complementada la vertiente práctica que depara el puesto de trabajo, en función de las tareas asignadas conforme a los diferentes perfiles profesionales elegidos, con hasta 70 horas de actividad enteramente formativa. En concreto, estos diez empleados tendrán ocasión de seguir un módulo de sensibilización medioambiental, que abarcará la mayor parte del tiempo asignado a formación, de modo que las 20 horas restantes se destinarán a un segundo módulo, centrado éste en la adquisición de competencias digitales básicas.

Desde la concejalía de Servicios a la Comunidad se valora igualmente de forma muy positiva “el poder continuar sumando el respaldo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, con la que seguiremos colaborando con nuestra adhesión a los nuevos programas y demás convocatorias que, como en este caso, no permiten avanzar en materia de empleabilidad y también en la atención que prestamos a nuestros vecinos que, como no puede ser de otro modo, es una de nuestras grandes prioridades”.

La mañana del 14 de febrero quedó firmado el convenio de colaboración que permitirá a la Policía Local de San Lorenzo de El Escorial contar con una nueva Unidad Canina, incorporando a su plantilla al pastor alemán de trabajo “Arko”.

“Arko” es un can de dos años, propiedad de la agente local Gloria Morales, adiestrado para la detección de sustancias estupefacientes, que se va a sumar al servicio de vigilancia de los espacios públicos como ayuda en el mantenimiento del orden durante los turnos de su propietaria.

Es la primera vez que San Lorenzo de El Escorial va a contar con el apoyo de un perro de estas características, y para la alcaldesa, Carlota López Esteban, “la creación de esta Unidad Canina es un paso más para mejorar la seguridad de los ciudadanos de San Lorenzo, basada en un modelo preventivo y educativo. “Arko” nos permitirá detectar más fácilmente el menudeo de droga en los lugares públicos, como el entorno de los centros escolares, parques y jardines”.

Tras la firma del acuerdo de colaboración, “Arko” y su guía realizaron una exhibición en la Plaza de la Constitución.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento cubrirá determinados gastos, como el seguro de responsabilidad civil en el transcurso de la prestación de servicios policiales, la alimentación del can mientras realice su actividad en el Ayuntamiento o la asistencia sanitaria en caso de accidente durante el servicio. Igualmente, el Consistorio pondrá a disposición del guía canino unas instalaciones para el animal.

Además, el nuevo “agente Arko” podrá colaborar con el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y otras policías locales en prácticas para el adiestramiento de los perros, así como participar en exhibiciones o en charlas educativas.

Más de 56.700 nuevas hectáreas, 7.190 selvicultores y 103 empresas se han adherido al sistema de certificación forestal PEFC en una clara apuesta por la sostenibilidad forestal.

2021 ha sido un año en el que el sector forestal ha sido reconocido como estratégico para la recuperación verde en el marco político nacional e internacional. El importante papel de este sector en la bioeconomía y el desarrollo sostenible ha servido para posicionar la certificación forestal como dinamizadora de las buenas prácticas, además de servir como herramienta clave para combatir la deforestación y mitigar el cambio climático.
En España, el sistema de certificación forestal PEFC ha registrado a cierre de 2021 un total de 2.480.042 hectáreas certificadas gestionadas por 49.060 selvicultores y propietarios forestales comprometidos con la gestión sostenible de los montes. Estas cifras suponen un incremento porcentual neto del 2,3% y del 17,2%, respectivamente, representando así porcentajes que ascienden gradualmente cada año. El mayor crecimiento neto anual de superficie certificada PEFC se ha dado en las Comunidades Autónomas de Castilla y León (D33.827 ha), Galicia (D32.608 ha), Aragón (D14.361 ha) y Cataluña (10.463 ha). Así, a cierre de 2021, Castilla y León (792.264), Navarra (307.058), Galicia (289.423) y Cataluña (277.055) son las Comunidades Autónomas con mayor superficie certificada PEFC. En cuanto a los nuevos selvicultores adheridos al sistema, los aumentos netos más destacados con respecto a la anualidad anterior se sitúan en las Comunidades Autónomas de Galicia (D6.533), Asturias, (D384), Euskadi (D178) y Cataluña (D103). Estos incrementos revelan el interés por la gestión sostenible y señalan a PEFC como líder en certificación forestal en el territorio, contando ya con el 96% de la superficie total nacional certificada.

La superficie certificada PEFC se encuentra registrada a tiempo real en una plataforma online que nutre al buscador de superficies certificadas y al buscador de certificados de Gestión Forestal Sostenible alojados en la web de PEFC España.
Los gestores y propietarios forestales incorporan al Sistema PEFC sus montes a través de la adhesión a entidades que solicitan y gestionan los distintos certificados de Gestión Forestal Sostenible. Las diferentes modalidades de certificación del Sistema PEFC permiten a los selvicultores agruparse de forma sencilla, eficaz y controlada en 38 certificados de Gestión Forestal Sostenible concedidos por una de las 3 entidades de certificación acreditadas para ello: AENOR, BVC y GFA, siendo una forma de garantizar la gestión sostenible de sus montes. PEFC facilita el acceso a la certificación a los propietarios de pequeñas superficies y se encarga de asesorarles y guiarles en los procedimientos para que puedan adquirirla. De esta forma, adaptándose a la realidad de los territorios y su gestión, los certificados PEFC se dividen en 21 certificados de grupo, 9 certificados individuales y 8 regionales. La tipología de propiedad se mantiene en 2021 igual que en años anteriores, correspondiendo el 65% de la superficie a una gestión pública y el 35% a una gestión privada. Cabe destacar que estos porcentajes varían significativamente entre las diferentes Comunidades Autónomas, resaltando Castilla y León con mayor porcentaje de superficie pública certificada y Galicia como el territorio con mayor porcentaje de superficie de gestión privada.
El 2021 ha sido un período en el que la apuesta por la trazabilidad, la transparencia y, especialmente, la protección de los derechos de los trabajadores se ha puesto en relevancia, demostrado a través de regulaciones europeas y propuestas como los productos libres de deforestación. Esto ha conllevado la adopción de sistemas de verificación, como la certificación de cadena de custodia PEFC, que avala las buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de valor. Además, en el marco de una tendencia a la circularidad y a la transición verde, las empresas han apostado por implantar la certificación para liderar el cambio hacia la sostenibilidad. Este contexto ha permitido cerrar 2021 con un total de 1.646 empresas certificadas, lo que implica un crecimiento neto del 6,7%, más de un punto porcentual en relación con el crecimiento de los años anteriores. Las Comunidades Autónomas en las que se han certificado mayor número de nuevas empresas son Cataluña (D28), Murcia (D17), la Comunidad Valenciana (D11) y Madrid (D10). Así, las Comunidades Autónomas que comprenden mayor número de empresas certificadas son Galicia, Cataluña, Euskadi y Madrid con un total de 450, 257, 145 y 133 empresas certificadas, respectivamente.

Las empresas certificadas y los productos con certificación PEFC pueden encontrarse en el buscador correspondiente alojado en la web de PEFC España.
Con respecto a los sectores que mayor número de altas han registrado a lo largo de 2021 destacan los aserraderos y remanentes (D54), las empresas de las artes gráficas (D20) y los almacenistas (D17). Sin embargo, porcentualmente, los mayores crecimientos se han registrado en los productos no madereros como ibéricos, en el sector del corcho y en los almacenistas, aumentando, aproximadamente, en un tercio su presencia en la distribución sectorial de las empresas certificadas PEFC en España. De esta forma, el sector con mayor número de empresas certificadas es el que aglutina aserraderos y remanentes (573), madera y construcción (506) y gráficas y pasta y papel (406). El esfuerzo de todos estos sectores ha supuesto que el volumen de negocio generado en 2021 de las empresas PEFC ascienda a más de 14.400.000 millones de euros, cuyo mayor peso recae en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia y Aragón. Más del 40% de esta cifra corresponde al sector de la pasta y del papel y el 25% a la madera y construcción, por lo que son sectores estratégicos para la certificación forestal.
El compromiso de toda la cadena de valor forestal es constante y son cada vez más las empresas y personas que apuestan por soluciones que respetan los aspectos económicos, ambientales y sociales.

La consejera de Medio Ambiente ha explicado que Madrid sigue trabajando para convertirse en una región neutra en carbono en 2050.

Las peticiones suman ya 56,6 millones de euros, el 65% del total de los 87 destinados a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento de energías renovables.
Cada vivienda unifamiliar puede obtener un ahorro de hasta el 70% en su consumo eléctrico, lo que supone unos 550 euros al año en su factura de la luz.

La Comunidad de Madrid ha recibido entre los meses de noviembre y febrero 17.486 solicitudes de particulares y empresas para instalar placas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo, almacenamiento de energía y sistemas térmicos renovables. Así lo ha explicado el 15 de febrero la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, durante su visita a la compañía BTESA con motivo del Día Mundial de la Energía celebrado ayer. “Puedo decir que la acogida está siendo excelente porque las peticiones suman un importe de 56,6 millones de euros, es decir, el 65% de los 87 millones de euros destinados a esta partida hasta diciembre de 2023”, ha subrayado.
Martín ha destacado que “seguimos trabajando para convertirnos en una comunidad neutra en carbono en 2050, pero Europa necesita tiempo para garantizar una transición razonable y equilibrada”. Con iniciativas como ésta, ha resaltado, “facilitamos la vida y el ahorro a los madrileños a la vez que cumplimos con los objetivos medioambientales”.
De las solicitudes recibidas, más de 15.000 corresponden al sector residencial. Actualmente, instalar paneles solares en una vivienda cuesta unos 6.000 euros, pero con los incentivos del Ejecutivo regional el precio se puede reducir casi la mitad. Una vez hecha la instalación, cada inmueble unifamiliar puede obtener un ahorro de hasta el 70% en su consumo eléctrico, lo que supone, para una familia con un consumo medio, unos 550 euros al año en su factura de la luz. Estos porcentajes de ahorro pueden incrementarse exponencialmente ya que, con las ayudas vigentes, los ciudadanos pueden ver reducido entre dos y tres años el periodo de amortización de sus placas solares.

Estos incentivos generarán en la región, según el cálculo realizado por la página web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), una inversión inducida superior a 250 millones de euros.
La convocatoria, abierta el 16 del pasado mes de noviembre, sigue abierta en la página web de FENERCOM https://www.fenercom.com/actuacion/praast-programas-de-ayudas-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-sistemas-termicos/

AYUDAS A LA CLIMATIZACIÓN CON SISTEMAS INNOVADORES
La dotación destinada a la instalación de paneles solares en el sector residencial se ha repartido al 100%, pero actualmente pueden seguir presentándose solicitudes para estas líneas de ayuda que se atenderán si llegan nuevos fondos.
Por otro lado, aún permanecen disponibles cerca del 75% de ayudas convocadas, dentro de este programa de incentivos, para la instalación de sistemas renovables de climatización en viviendas y edificios residenciales, con propuestas de alta eficiencia, como la aerotermia o la solar térmica, que pueden ahorrar hasta un 60% del consumo de energía y reducir a la mitad las emisiones de CO2, contribuyendo a la mejora y el cuidado del medioambiente. Para estas actuaciones, el Gobierno regional ha recibido 914 solicitudes que suponen 3,3 millones de euros de los 13,2 millones de euros aprobados.

FOTOS: Comunidad de Madrid.

Dirigido por una empresa local de iniciativas culturales y sociales se ha puesto en marcha un proyecto dirigido a personas entre los 14 y 23 años a los que se invita a participar en una serie de talleres, donde por medio del arte encontrar un lenguaje de expresión de la realidad de los jóvenes hoy en Colmenarejo. Al final compartián los resultados, con creaciones artísticas, en distintos lugares del pueblo.

Se inició el sábado pasado 12 de febrero y habrá talleres hasta el 2 de abril.

Este sábado 19 de febrero se convoca en la Sala Multiusos, Plaza de Colmenarejo, en dos grupos diferentes:

–  Grupo A/ de 14 a 17 años / sábado 11-13h.

–  Grupo B/ de 18 a 23 años / sábado 13-15h.

Esta sesión se dedica a Escritura creativa y narración.

Para participar, inscríbete por medio del correo: nuestrocolme@gmail.com, el WhatsApp 689 06 93 60 o por Instagram

Este proyecto se realiza gracias al apoyo de: Fondos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Colmenarejo.