El procurador socialista en Las Cortes de Castilla y León, Fernando María Rodero, acusó ayer al Gobierno Regional de actuar con “pasividad y negligencia” ante las “múltiples y graves” irregularidades detectadas en la residencia de mayores de El Tiemblo. Según recordó Rodero, el acta de la inspección que la Gerencia de Servicios Sociales realizó el pasado mes de marzo, confirmó las denuncias de falta de higiene y deficiencias en la comida y la calefacción que vecinos y usuarios venían denunciando “de forma reiterada y desde hace años” ante el ayuntamiento de la localidad y la propia Gerencia.

Fernando Rodero, Procurador en la Junta de CyL.

Esto se une a la denuncia de La Federación de Servicios Públicos de UGT por impagos a las trabajadoras de la Residencia Municipal de El Tiemblo por varias de las empresas que la han gestionado, que acusaba igualmente de pasividad al consistorio tembleño. La FSP exigía a principios de septiembre que el alcalde de El Tiemblo “se implicara en la resolución de este asunto porque ya era la tercera vez que las trabajadoras tenían que afrontar un problema de este tipo en total soledad y muchas de ellas ya no podían soportarlo más porque económicamente su situación era desesperada”.

El sindicato consideraba que, aunque se niegue, el ayuntamiento “sí tiene responsabilidad, y mucha, en este reiterado problema” pues no se puede construir un edificio para obtener réditos electorales y después desentenderse de todos los problemas que las empresas encuentran al no dárseles “la suficiente estabilidad para que puedan gestionarlo con fluidez ya que se las va lastrando de inicio con deudas dejadas por sus predecesoras”.

Parece ser que que las tres últimas empresas que han pasado por la residencia han dejado sin pagar varias mensualidades a las trabajadoras del centro. También quedó reflejado en un pleno ordinario del año pasado una reclamación al ayuntamiento de 52.254,09 euros, por deudas contraídas con la Seguridad Social por el anterior adjudicatario de la Residencia de la Tercera Edad, alegando que el consistorio no había puesto a disposición de la Tesorería la fianza por la gestión desarrollada; además de otra de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en la que se reclamaban al ayuntamiento otros 3.000,01 €, por sanciones impuestas al anterior adjudicatario por deficiencias en la gestión.