El Estatuto de Autonomía establece que la Junta de Castilla y León emitirá un informe preceptivo sobre cualquier decisión estatal que implique transferencia de aguas fuera del territorio de la Comunidad.

La Agrupación Socialista de Cebreros ha advertido de los “negativos efectos” para la provincia de Ávila de las nuevas condiciones del trasvase Tajo-Segura ante la “indiferencia” del PP de Ávila  y de la Junta de Castilla y León, “ausente en la negociación y posterior acuerdo de las nuevas condiciones de dicho trasvase, contraviniendo de este modo los principios del Estatuto de Autonomía”.

En el referido debate participaron activamente el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), y los gobiernos autonómicos de Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia mientras, “de manera incomprensible, la Junta de Castilla y León quedó al margen, pese a que estaban en juego intereses de la provincia de Ávila y, por tanto, de Castilla y León”.

En concreto, las reglas de explotación pactadas por el Ejecutivo y las referidas comunidades autónomas fijan trasvases con un máximo anual total de hasta 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (hasta 600 hectómetros cúbicos al Segura y hasta 50 hectómetros cúbicos al Guadiana). Además, se impedirán trasvases de agua si la reserva en la cabecera es menor a los 400 hectómetros cúbicos, en vez de los 240 actuales.

Según establece el Estatuto de Autonomía, consensuado por el PP y el PSOE, “es un principio rector de la acción política de la Comunidad la garantía del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender las necesidades presentes y futuras de los castellanos y leoneses”. Y añade que “en aplicación de este principio, y en el marco de la legislación del Estado, la Junta de Castilla y León emitirá un informe preceptivo sobre cualquier decisión estatal que implique transferencia de aguas fuera del territorio de la Comunidad”.

Por otra parte, cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),  a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dispone de dos concesiones a favor del Canal de Isabel II, Picadas I y Picadas II, con fecha de otorgamiento del 8 de febrero de 1995 y 24 de marzo de 1999 respectivamente, que afectan al caudal del río Alberche.

Así, en 19 años hidrológicos, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado Pedro José Muñoz, se han detraído del Alberche una media de 65 hectómetros cúbicos anuales para abastecer a la Comunidad de Madrid sin compensación alguna para la provincia de Ávila.

Por ello, la Agrupación Socialista de Cebreros ha criticado que la Junta, “en una evidente dejación de funciones, haya contemplado el proceso de negociación de las nuevas condiciones del trasvase con absoluto desinterés y haya sido incapaz de participar en las conversaciones mantenidas para que la voz de los ciudadanos de Ávila y de Castilla y León fuera escuchada”.

Según dicha Agrupación, si, por una lado, el Canal de Isabel II tiene derechos adquiridos sobre el agua del Alberche y, por otro, el volumen mínimo para autorizar el trasvase se sube a 400 hectómetros cúbicos en la cabecera, “no resulta aventurado pensar que será a costa del caudal del río Alberche y, por tanto, del desarrollo de comarcas abulenses”.

De esta manera, el PSOE de Cebreros reclama a la Junta de Castilla y León “que actúe en consecuencia para defender los intereses de un territorio de su competencia y que cumpla con las atribuciones que le otorga el Estatuto de Autonomía para garantizar que Ávila no salga perjudicada con las condiciones del trasvase acordadas”.

Asimismo, los socialistas de Cebreros se preguntan “dónde están los alcaldes del PP de municipios de la ribera del Alberche que, cuando gobierna el PSOE, utilizan el agua como bandera de su discurso político y, cuando gobierna el PP, optan por la subordinación a intereses de partido y por mirar hacia otro lado”.

FUENTE: http://www.tribunaavila.com/