Este mes hemos tenido constancia de las maniobras que se realizan en los hospitales de la Sanidad madrileña (aunque sospechamos/sabemos que se hacen en todos los servicios sanitarios desde hace largo tiempo) para que las cifras “encajen” en los “objetivos” que las autoridades sanitarias precisan para hacer cuadrar sus cifras económicas y así ocultar a la población general la realidad de lo que ocurre.
Para aquel que no lo sepa, en el universo sanitario existe una cosa que se llama el deber de secreto. Esto se refiere fundamentalmente a la obligación de todo profesional al servicio del sistema de salud de no revelar dato alguno de los pacientes conocido en el desempeño de sus funciones que permita identificarlos. Solo se pueden usar estos datos para aquellos fines de aprendizaje e investigación y siempre con absoluta garantía de anonimato.

Las revelaciones del Dr. Martos destapan el maquillaje de cifras en hospitales madrileños para cumplir objetivos políticos y económicos.

Pues bien, más allá de todo esto y de la Ley de Protección de Datos que ampara a todo ciudadano, este verano comenzaron a llegar a los correos corporativos personales de profesionales sanitarios de algunos centros sanitarios contratos de confidencialidad que debían ser firmados bajo amenaza de sanciones o limitación en el acceso a la información y que ampliaban ese deber de secreto a todos aquellos datos conocidos en el desempeño de sus funciones, referidos a información administrativa, económica, técnica o estratégica relacionada con la organización, con el fin (suponíamos) de obstaculizar la difusión de prácticas de gestión poco claras que no se deseaba que fuesen fiscalizadas ni conocidas por el público en general.
Estos contratos tienen como objetivo principal generar miedo a que los profesionales denuncien las irregularidades que detectan en servicios públicos, que, por otro lado, están obligados a mantener una transparencia ejemplar y ejemplarizante al gestionar el dinero de los impuestos de todos.
Ahora, a mediados de septiembre, descubrimos qué se escondía detrás de estas maniobras de “confidencialidad y secreto”: evitar que se produzcan denuncias de irregularidades tan graves como las denunciadas por el Dr. Martos (traumatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid), que dejan al aire las vergüenzas de unos gestores que se dedican a maquillar situaciones de listas de espera para que encajen en las cifras de las que presume la Comunidad de Madrid, sobre todo de cara a unas cercanas elecciones regionales donde la Sanidad puede ser su talón de Aquiles.
Y además, para que, al cambiar las prioridades y prolongar la lista de espera, los pacientes se sientan más presionados a elegir como alternativa a su cirugía los hospitales “más rápidos” del grupo Quirón, subvencionados por nuestra querida Consejería de Sanidad (situación que ya se puso de manifiesto no hace demasiado con los famosos audios de los gerentes del Hospital de Torrejón de Ardoz).

FOTO: Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad Fátima Matute.

Ante unas pruebas tan contundentes como las aportadas por este cirujano y por unos audios demoledores, que certifican la realidad de sus acusaciones de boca de los propios acusados, aportados por otra doctora (que por autoprotección ha decidido mantener su anonimato), la única respuesta obtenida de las autoridades sanitarias es el insulto y la acusación al médico denunciante, que por ley está protegido, y las palabras denigrantes de la consejera de Sanidad, Dra. Fátima Matute y de la presidenta de la Comunidad de Madrid Dña. Isabel Díaz Ayuso. Estas han acusado al cirujano de haber sido el manipulador de las listas por vago y conflictivo persistente, ariete político, etc., y han calificado sus datos objetivos (y fácilmente comprobables) de “bulo del culo” (elevando el nivel intelectual y cultural de nuestras dirigentes, por otro lado). Dicen haber iniciado una investigación de la que ya adelantan el resultado, calificando las denuncias de mentiras. ¡Maravillosa clarividencia! Las reacciones no paran de sucederse, con una deshonrosa y significativa excepción: la de la ilegal Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid presidida por el depuesto Dr. Martínez-Sellés (desalojado desde hace dos años de su cargo por unas elecciones mayoritariamente ganadas por la candidatura de ICOMEM para Todos).
El sindicato AMYTS, mayoritario en Sanidad en la Comunidad de Madrid, ya se ha puesto a disposición de este médico para todas aquellas acciones legales que considere oportuno iniciar contra ambas dirigentes. En apoyo a este compañero han convocado una concentración el próximo 24 de septiembre a las 11:00 en la puerta del Hospital Ramón y Cajal.
Las Asociaciones de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid también se han pronunciado el 21 de septiembre en apoyo de estas denuncias y en rechazo a la forma de proceder de estos gestores, sumando su propia convocatoria el mismo día y una hora después a la de AMYTS en el Hospital Ramón y Cajal.
El equipo que ganó las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid en diciembre de 2024, ICOMEM para Todos, y al que no se le ha permitido acceder a sus cargos ni a las cuentas de la institución, también ha reclamado del Colegio una defensa clara y contundente de su colegiado tras las tremendas ofensas perpetradas por la consejera Matute y la presidenta Ayuso.
La AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid) ha presentado un manifiesto declarando cuáles son las diferentes formas de alteración de las listas de espera en la Sanidad desde la puesta en vigor de la Orden 804/2016, de 30 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las instrucciones de gestión del Registro de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica del Servicio Madrileño de Salud (el documento de AFEM no tiene desperdicio y merece la pena ser leído en su totalidad para entender muchas cosas).

La estrategia de opacidad y colaboración público‑privada consolida un modelo que beneficia a empresas privadas mientras deteriora la Sanidad Pública.

Por último, la ministra de Sanidad ha remarcado que “lleva meses trabajando con las CCAA para cambiar el obsoleto RD 2003, de cara a dar Transparencia y Trazabilidad a las listas de espera, a lo que las CCAA gestionadas por el PP se han negado sistemáticamente”.
Tras conocer todos los datos y reacciones y haber trabajado más de 37 años en la Sanidad pública en diversas responsabilidades (algunos de ellos en puestos intermedios como directora de centro), he de reconocer que no me cuesta nada creer que todas estas maniobras son parte de una estrategia coordinada y de larga data dentro de nuestros órganos de gestión desde que se puso en marcha el susodicho mantra de la “colaboración público-privada”, que ha puesto encima de la mesa un suculento pastel económico a repartir entre unos cuantos que lo que menos quieren es dar cuentas de en qué y cómo se gasta el dinero que los españoles pagamos con nuestros impuestos.
Estrategia en la que el buque insignia ha sido y sigue siendo la Comunidad de Madrid, a la que siguen (visto que nunca pasa nada: no hay repercusiones legales ni políticas) todos los demás gestores de la Sanidad en cada una de las comunidades autónomas.
Qué pena y qué vergüenza, pero para eso estamos aquí: para denunciar, sin miedo, con nombres y apellidos, todas y cada una de esas malas prácticas e irregularidades que deben ser conocidas por el gran público, a pesar de las amenazas de expediente (a todos nos las han hecho cuando ponemos nuestros nombres en algo) y de los expedientes mismos (a algún compañero ya se lo han abierto por contar SU verdad). Ánimo, compañeros…
Como decía mi abuela: CON LA VERDAD SE VA A CUALQUIER PARTE

María Isabel de Barrio Tejada es médico de Urgencias extrahospitalarias de la C. de Madrid.