Vamos a saltarnos los antecedentes del asunto. Cualquiera puede hacer una búsqueda rápida en internet y saber por qué el tramo que desdobló el gobierno de Esperanza Aguirre “a las bravas” es ilegal, según sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2008), del Tribunal Supremo (2011) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2011). Que desde la administración se pisotee el primer bien público (las leyes) no puede traer nada bueno, solo cinismo y brutalidad. ¿Pretende Díaz Ayuso imitar a su maestra o se trata de una maniobra de distracción para emborronar el asunto del ático comprado con dinero público? Sea como sea, a nosotras nos toca hablar de nuestro tema: evitar una mayor degradación de los espacios naturales y velar por sus posibilidades de regeneración (no disponemos aquí de espacio para cuestionar los comprensibles intereses de quienes están a favor del desdoblamiento de una carretera que también usamos –en algún caso, diariamente–, no somos marcianos).
Digamos, para entendernos, que el ecosistema de los espacios naturales del centro peninsular, aun heridos como están por el fuego, conforma una máquina, una máquina muy productiva, muy generosa, que trabaja gratis produciendo aire sano, captando y generando humedad y lluvia, regulando la temperatura, generando atractivo turístico, bienestar, belleza… No son un fondo de película, son el aire que respiras, la humedad que te alivia en verano, la calidad del agua que bebes y el goce de tus paseos. Y puede regenerarse. Si se la ayuda y se la deja. ¿Es la construcción de la autovía un impedimento para ello? Sí. En primer lugar, por el impacto de la calzada y las vías auxiliares que comporta y que degradarán mucho más espacio que la plataforma en sentido estricto (pasos superiores e inferiores, túneles, vías de servicio, viaductos, intersecciones…). En segundo lugar, la puesta en marcha de una infraestructura vial de alta capacidad arrastrará a una mayor demanda habitacional, lo que supondrá, muy probablemente, importantes crecimientos de población. Esto, a su vez, comportaría un mayor riesgo de incendios forestales (ahora, dentro de cinco, diez, quince, veinte años…) por incremento de la actividad humana en el entorno natural y por el aumento de la zona de contacto llamada interfaz urbano-forestal.
Hay alternativas al modelo propuesto de grandes infraestructuras viales y monocultivo del ladrillo. Los límites a la expansión urbana deben ser compensados económicamente por los servicios ecosistémicos que regalan los espacios naturales. Hagamos una operación matemática muy simple: son 17 los pueblos afectados, en diverso grado, por los incendios. Si los anunciados 416 millones de euros de la autovía se dividiesen entre 17, cada municipio dispondría en sus arcas de casi 24,5 millones de euros (que podrían ser mucho más en algunos casos, si se repartieran en función del número de habitantes y el espacio dañado). Eso sí es una inversión de recuperación, y no los 26,5 millones anunciados, a día de hoy, por la presidenta para toda la región. Estos montos podrían destinarse a un verdadero desarrollo local y comarcal compatible con la conservación y regeneración de los espacios naturales: cuadrillas municipales para la restauración del entorno, rehabilitación de viviendas, pastores municipales, equipos de prevención y extinción, agricultura regenerativa, establecimiento de paisajes mosaico… Bajaría el desempleo, se generaría riqueza local y se recuperaría atractivo turístico.
La catástrofe que Ávila y Madrid han vivido requiere de una gran inversión autonómica y estatal que cure las heridas en el territorio y en la gente. No es buena idea extender aún más la capacidad de las carreteras para el vehículo privado, para la emisión de CO2, para la expansión y dispersión de fragmentos urbanos que, sin gestión del territorio, terminan confundiéndose con los forestales. Después de este verano, todo el mundo sabe lo que eso implica.

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