• La reforma sanitaria desata un pulso político, laboral y territorial sin precedentes.

Este mes de marzo ha habido una gran cantidad de noticias en torno a la situación provocada por la reforma del Estatuto Marco de la profesión sanitaria y la huelga de la profesión médica.
Por un lado, los partidos políticos han aprovechado la coyuntura para arrimar el ascua a su sardina, utilizando estas reclamaciones —legítimas— para atribuir al Gobierno estatal la culpa de todos los males actuales de nuestra sanidad y hacer promesas vacías de contenido concreto. Mientras tanto, en las comunidades autónomas en las que gobiernan solos o en coalición —en algunas desde hace más de 20 años, como Madrid— se niegan a hacer nada de lo que ahora proponen como solución mágica. Se nota que en un año habrá elecciones y hay que aprovechar cada ocasión.
Por otro lado, la ministra trata de hacer lo mismo, defendiendo que la firma del nuevo estatuto representa el máximo de lo que su ministerio puede ofrecer, negándose a reunirse con el Comité de Huelga de los médicos y afirmando que son los médicos quienes están obstruyendo la situación. Da por firmado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), cuando lo único que ha hecho es lanzar una propuesta a dicho Foro, que no ha firmado —ni está legitimado para firmar— ningún acuerdo en nombre del comité de huelga.
Las comunidades autónomas aprovechan —sobre todo las gobernadas por la oposición, que actualmente son once— para rehuir la responsabilidad de sus competencias transferidas desde 2002 en materia de gestión de recursos humanos y condiciones laborales de los profesionales médicos, que están en huelga una semana al mes. Esto quedó demostrado en el conflicto del que se han cumplido este mes tres años: la huelga de médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid de 2023.

FOTO: EFE/Raquel Manzanares.

Son las diferentes comunidades autónomas las que deciden cuántos profesionales MIR necesitan y pueden formar cada año, cuántas horas de guardia hacen, cuánto se paga la hora de guardia, cuántos profesionales conforman la plantilla de cada servicio y cómo se gestionan las sustituciones, bajas, recambio de profesionales jubilados, etc.

El ejemplo madrileño: ofertas precarias para los nuevos médicos
Hace unos días, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid —una de las que menos paga por hora de guardia— se reunió con los especialistas de Medicina de Familia que terminan este año su formación y les ofreció apenas unas 138 plazas (cuando terminan 190 en Madrid), sin garantías de estabilidad, sin concretar condiciones laborales ni económicas realistas, y todo ello supeditado a aceptar fórmulas contractuales extrañas: cubrir un día a la semana cualquiera de las plazas que los gerentes consideren de difícil cobertura, sin compensación económica ni de otro tipo. Tampoco se concretan cuáles son las plazas ofertadas, que se sabrán dentro de casi dos meses —unos diez días antes de que acaben, cuando ya haya finalizado el plazo de reclamación tras solicitar ser contratado, y cinco días antes del llamamiento para la elección de plaza—. Aquellos que hayan tenido una baja larga o maternal durante la formación y no acaben el 30 de mayo tampoco podrán optar a plaza en esta convocatoria. Es decir: todo facilidades.

FOTO: CESM Murcia..

El comité de huelga, por su parte, está manteniendo reuniones de diálogo con los distintos representantes de los partidos políticos del Congreso, para al menos informarles de los motivos y reclamaciones de esta huelga intermitente y recabar apoyos ante el debate del nuevo estatuto propuesto por el Ministerio en el Congreso de los Diputados.

Una reforma legal que llega tarde
Desde el Ministerio de Sanidad se ha lanzado ahora la propuesta de consulta pública para la reforma de la Ley de Ordenación de la Profesión Sanitaria, que no se reforma desde hace más de 20 años —y que, a mi humilde entender, debería haber sido previa a la reforma del estatuto—, para discutir temas que los médicos están proponiendo abordar, como son la clasificación de las diferentes profesiones sanitarias, los criterios para la formación especializada en cada una de ellas y sus funciones diferenciales y responsabilidades, adaptándolas al marco normativo europeo.
Guste o no, el mundo sanitario y su correcto funcionamiento son un trabajo multidisciplinar en el que hay, como en un barco, un capitán al mando —el médico— que asume los riesgos y las responsabilidades legales de las decisiones tomadas. Para ello debe tener, al menos, un reconocimiento laboral y económico adecuado que compense ese riesgo asumido y que justifique los largos años de formación académica y práctica.

Lo que necesita el sistema para sobrevivir
Garantizar la supervivencia del sistema sanitario público tal como lo hemos conocido, con un adecuado nivel de calidad para todos los ciudadanos, requiere plantillas adecuadas en número que permitan atender a los pacientes con el tiempo que merecen; horarios que permitan trabajar en condiciones que garanticen la mejor atención posible y que sean compatibles con la conciliación familiar; y una remuneración suficiente para que los profesionales no tengan que recurrir al pluriempleo o a alargar sus jornadas por necesidad económica. Es decir, unas condiciones laborales dignas que eviten la fuga de talento.

FOTO: EFE/Raquel Manzanares.

Ahora el Gobierno de nuestro país dicta un decreto ley que garantiza la atención sanitaria plena —no solo la urgente, como hasta ahora— a todos los extranjeros que justifiquen su presencia en nuestro país mediante una declaración responsable y un recibo a su nombre de cualquier servicio básico. Me parece que es de justicia proporcionar asistencia médica a esas personas, pero lo primero que me parece de justicia es dotar de presupuesto y profesionales a los servicios sanitarios públicos que han de atender a ese aumento tan importante de población.
Pretender que el sistema sanitario público —es decir, los profesionales que en él trabajan—, ya de por sí tan sobreexplotado, infradotado e infradimensionado por falta de recursos —que en la mayor parte de las comunidades autónomas se destinan a engordar las arcas de las empresas sanitarias privadas, por un mal entendido modelo de colaboración público-privada y el abuso del fraccionamiento de contratos en contratos menores no fiscalizables por la Hacienda pública— se haga cargo de todo sin modificar nada, es un brindis al sol electoral en un mundo de unicornios.

La necesidad de un acuerdo de Estado
Así no se arreglan las cosas estropeadas.
Asumamos todos —Gobierno, partidos políticos, comunidades autónomas y profesionales— que esta situación necesita un profundo debate y un acuerdo de Estado.

María Isabel de Barrio Tejada. Médico de Urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.

• El sindicato lleva meses advirtiendo a la Consejería de Medio Ambiente para que tome las medidas necesarias.
• CSIF ha denunciado el caso ante el Consejo de Seguridad Nuclear.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido a la Comunidad de Madrid la clausura de la oficina de los Agentes Forestales de San Lorenzo de El Escorial, tras haberse vuelto a detectar unos niveles peligrosos de gas radón, con valores muy por encima de los permitidos por la legislación.

Estos niveles de peligrosidad han hecho que CSIF pida el cierre temporal de las instalaciones y la adopción inmediata de medidas correctoras para garantizar la seguridad de los trabajadores. Desde nuestro sindicato llevamos muchos meses exigiendo que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, presidida por Carlos Novillo, ponga fin a esta situación.

Tras diversas mediciones realizadas en el inmueble en los últimos días, se ha constatado la presencia de concentraciones de radón por encima de los límites recomendados: el pasado 7 de marzo, la oficina de San Lorenzo de El Escorial, en el momento de la medición se registraron 1.401 Bq/m3, siendo la media de las últimas 24 horas de 2.508 Bq/m3.

Para CSIF Madrid es inaceptable tener que trabajar en un entorno tan inseguro, sobre todo cuando la normativa europea y española establece un valor de referencia máximo de 300 Bq/m³.

Como ya advirtió CSIF, los niveles de radón detectados en estos centros de trabajo son preocupantes y pese a que la administración autonómica realizó en su momento mediciones de radiación, estas lecturas no reflejan la situación real.

Además, CSIF Madrid también ha denunciado el caso ante el Consejo de Seguridad Nuclear ante la pasividad de la Comunidad de Madrid. La denuncia se ha llevado a cabo a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, trasladando la situación al organismo competente en materia de seguridad nuclear ante la posible exposición a radiaciones en el entorno laboral.

Hay que recordar que el radón es un gas radiactivo incoloro e inodoro, de origen natural, responsable de un aumento del riesgo de cáncer de pulmón entre las personas expuestas de forma prolongada. Ahora mismo, es posible que los trabajadores no muestren síntomas de la exposición constante al radón, pero en unos años, los agentes forestales pueden llegar a desarrollar enfermedades derivadas de esta peligrosa exposición.