• La Asociación de Vecinos hace público el “maltrato, desprecio a la ley y abuso de autoridad” de dos ediles contra una mujer mayor.

La Asociación de Vecinos de Santa María del Tiétar (AVSMT) informa que el Juzgado de Instrucción de Arenas de San Pedro ha admitido a trámite una denuncia contra dos concejales de Servicios y Urbanismo del municipio; la Fiscalía lo cataloga como un delito de prevaricación. El proceso judicial se fundamenta en una actuación presuntamente arbitraria que mantiene la vivienda de una vecina de 78 años, perjudicada por un montículo de tierra depositado detrás de su vivienda por una maquina contratada por el Ayuntamiento desde febrero de 2025.
Un conflicto marcado por la “coacción” y abuso de poder
El conflicto alcanzó su punto crítico el pasado 21 de noviembre durante una intervención municipal. En presencia de cuatro hombres, dos concejales, un trabajador municipal y el conductor de maquinaria de una empresa, primeramente se produjo un altercado en el que el concejal de Servicios arremetió contra la vecina “con un lenguaje soez”, según la asociación. Al mostrarle esta las normas urbanísticas, el edil manifestó textualmente que “se pasaba las normas por los cojones”, procediendo violentamente a romper el documento delante de ella. Pocos días después, el concejal de Urbanismo, tras ser notificado por la Guardia Civil de la denuncia, acudió a la vivienda de la mujer de 78 años, presuntamente para atemorizarla. Hechos que la Asociación califica de inadmisibles en democracia.

Por esta razón el anterior alcalde ordenó bajar la calle según normas urbanisticas de 2024. Foto anterior a ambas intervenciones.

Ninguneo al arquitecto municipal y opacidad técnica
El colectivo vecinal denuncia que los concejales “ejecutaron los trabajos a espaldas del arquitecto municipal que no se encontraba presente y, quien ya había advertido de la importancia de su presencia, así como de ser informado sobre cualquier actuación urbanística”. Esta falta de control técnico y de silencio ante la vecina agraviada ¿se podría interpretar como una supuesta negligencia del alcalde?
El Ayuntamiento exige el cumplimiento de las Normas Urbanísticas a los vecinos, pero, “¿qué poder divino otorgó el permiso a sus representantes para incumplir las normas urbanísticas impuestas por ellos mismos?” denuncian desde la Asociación.

Se subieron 60 cm. sobre la acera.

Incumplimiento de legalidad y riesgo para la seguridad ciudadana
La situación actual vulnera la legalidad urbanística reforzando la tesis de una actuación fuera de la ley según:
1. Decreto 217/2001 (Castilla y León): Prohíbe resaltes superiores a 2 cm en itinerarios peatonales. El desnivel actual de 45 cm es un obstáculo insalvable.
2. Normas Urbanísticas Municipales (Art. 6.4 y 7.3): Las normas limitan la altura del bordillo. La altura vista del bordillo hacia la calzada variará entre 50 y 150 mm. Así, también se recomienda la señalización donde se justifique debidamente. Esto es algo que aquí se ha ignorado.
3. Ley 39/2015 (Procedimiento Administrativo): El Ayuntamiento tiene la obligación de resolver el peligro. Al haber actuado mínimamente (bajando 15 cm la calle de tierra), han reconocido la existencia del problema, pero su solución parcial sigue siendo ilegal
4. Incumplimiento del Decreto 217/2001 (CyL) y las Normas Urbanísticas Municipales, que prohíben obstáculos que impidan la accesibilidad y la salubridad de las viviendas.

Insalubridad forzada
La vecina continúa obligada a mantener sus ventanas cerradas por la proximidad de la tierra. “No solo han levantado un muro físico, sino un muro de soberbia e impunidad contra la dignidad y derechos de una mujer mayor vulnerable”, concluye la Asociación.

El Ayuntamiento dejó la altura de la calle a 46 cm sobre la acera.

Reclamación inmediata
Ante el riesgo de que las lluvias o el tráfico rodado provoquen daños estructurales irreparables en la vivienda, por la caída de vehículos, la Asociación de Vecinos exige la restitución total de la vía pública a su cota legal. Asimismo, reclaman el cierre inmediato del tramo al tráfico rodado hasta que se garantice la seguridad de los viandantes y la integridad de las viviendas colindantes, dado que el ancho de vía crea dificultad para el paso y aparcamiento en ese trozo de calle, y del paso de vehículos en especial de gran tamaño y tonelaje, por la proximidad de las viviendas, evitando así posibles daños irreparables.