Publicado el 07 marzo 2026.
- El Juzgado de Instrucción de Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por corrupción al no hallar pruebas de enriquecimiento personal.
- Tras siete años de investigación, la justicia determina que los servicios contratados fueron “efectivamente prestados” y desestima los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
- El PSOE exige responsabilidades políticas al PP por lo que califica de “relato falso” pagado con 100.000 euros de fondos públicos.
La larga sombra de la sospecha que ha planeado sobre el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias durante los últimos siete años ha llegado a su fin judicial. El Juzgado de Instrucción de Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude en la contratación municipal. La resolución, contundente en sus formas, concluye que no existen pruebas suficientes que acrediten la comisión de los delitos investigados, destacando especialmente la ausencia de cualquier tipo de enriquecimiento personal por parte de los miembros del gobierno local investigados.
El auto judicial pone punto y final a una instrucción que, según destacan desde el PSOE local, se ha basado en interpretaciones y no en hechos probados. La juez titular subraya en su resolución que las facturas justificadas en el informe corresponden a trabajos “efectivamente prestados”. Esta conclusión desmonta la tesis de una supuesta trama familiar o empresarial, reiterando que los servicios fueron contratados a empresas locales, como el centro canino o talleres de maquinaria, sin que se infieran anomalías en su prestación real.
Indicios frente a Pruebas
Un punto crucial de la resolución es la distinción entre irregularidades administrativas y delitos penales. El extracto del Informe de Conclusiones de la Guardia Civil, citado en el procedimiento, reconocía que, aunque se pusieron de manifiesto “suficientes indicios documentales, informáticos y financieros” que podrían corroborar un uso irregular de fondos, “no existen pruebas de un enriquecimiento personal de los miembros del gobierno”. El propio informe advertía que sus conclusiones se basaban en presunciones, no en hechos firmes.
Los concejales socialistas Luis Haro, Mariluz Lastras, Pablo Lastras y Mónica Martín Solano, en 2018.
La juez ha valorado especialmente la continuidad de los servicios. En el caso del centro canino, se concluyó que los precios se ajustaban a los publicados en la web, que los servicios fueron certificados por la Policía Local y, determinante para la defensa, que se siguieron prestando incluso tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Este hecho elimina la lógica de una influencia política ilegítima, ya que la nueva corporación mantuvo la contratación al verificar la utilidad del servicio.
Contrataciones bajo la lupa
El archivo de la causa abarca también las investigaciones sobre la contratación de un taller de maquinaria y servicios de eventos. Respecto al taller, propiedad de la pareja de una empleada municipal, el juzgado indica que no hay indicios de que esta tuviera ascendencia sobre los concejales firmantes ni que ejerciera presión alguna. Las facturas, que ascendían a cerca de 66.000 euros entre 2014 y 2019, correspondían a reparaciones y suministros reales, sin perjuicio constatado para las arcas municipales. De igual forma, se desestimó el fraude en la contratación de bandas de música y discoteca móvil, al tratarse de servicios diferenciados y no de un concierto para eludir límites legales.
Reacción política y coste económico
Ante esta resolución, el PSOE de San Martín ha emitido un comunicado en el que denuncia lo que considera una “apropiación mediática de la mentira” por parte del Partido Popular. Los socialistas aseguran que el PP mintió a sabiendas, alimentando un relato político que ha tenido un coste elevado para los vecinos. Según sus cálculos, más de 100.000 euros en abogados y procuradores han sido sufragados con dinero público para atacar la honorabilidad de empresarios locales y miembros del gobierno.
“NO HAY CORRUPCIÓN, NO HAY TRAMA FAMILIAR, NO HAY TRAMA EMPRESARIAL”, sentencian desde la agrupación socialista, quien considera que todo el procedimiento se basó en meros indicios ahora descartados por la vía penal. Tras el auto de sobreseimiento, la pregunta que lanzan a la oposición es directa: “¿Cuándo va a pedir perdón el PP de San Martín a los vecinos perseguidos y acusados injustamente?”.
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