Ecologistas en Acción, confederación de más de 300 grupos distribuidos por pueblos y ciudades, hizo público el 10 de febrero un artículo titulado ‘La inacción del Ayuntamiento de Villamanta favorece el acoso a denunciantes’ en referencia a una empresa radicada en el municipio.

Según la plataforma ecologista, la empresa en cuestión dedica al almacenaje de leña y viruta para biomasa una superficie de 65.853 metros cuadrados “sobre suelo clasificado como no urbanizable de especial protección por su interés arqueológico”. En su artículo se asegura además que el tránsito de vehículos pesados deteriora el firme terrizo del camino que deben usar otras personas que viven o tienen propiedades en las inmediacionesy que la realización de sus trabajos habituales produce un gran ruido y polvo que “llega a provocar problemas respiratorias a alguna de las personas que viven más próximas a las instalaciones”.

Ecologistas en Acción asegura que “esta actividad se lleva realizando de forma irregular, al menos desde 2008. No hay licencia, no se ha sometido al procedimiento de elevación ambiental, no tiene calificación urbanística concedida por la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Se ha producido un cambio de uso porque las instalaciones originales, existentes en la primera parcela usada por la empresa, eran una nave agropecuaria de con vivienda adosada y almacén establo. Actualmente, las instalaciones se han ampliado y han pasado a almacenar maquinaria y oficinas. Y la actividad se ha extendido a otras dos parcelas más, pasando de ocupar una superficie de 11.816 metros cuadrados a otra de 65.853 metros cuadrados”.

Según el artículo de la mencionada plataforma “al extenderse la superficie en la que se realiza la actividad de la empresa, se ha ido aproximando a viviendas existentes en la zona, con las consiguientes molestias de convivencia y salubridad. Algunos vecinos pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Villamanta y ante su inacción, investigaron la situación de legalidad de la empresa. Fue entonces, al confirmar que carecía de licencias municipales, cuando denunciaron los hechos, tanto ante el Ayuntamiento de Villamanta como al SEPRONA. La Guardia Civil, tras realizar inspección, remitió denuncia a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, el pasado mes de noviembre”.

Ecologistas en Acción lamenta que el acoso a las personas denunciantes de ilegalidades urbanísticas se repita con demasiada frecuencia en la Comunidad de Madrid. En buena medida es consecuencia de la pasividad de las administraciones, cuando no, de la complicidad con los infractores ya que aseguran que los vecinos denunciantes llevan desde junio de 2020 recibiendo “insultos y amenazas tales como: ‘si empezamos con denuncias, se me ocurre hacer todo lo malo’. Así consta en un atestado de la Policía Nacional de octubre de 2020. El pasado mes de enero, tras la nevada ocasionado por el paso del temporal Filomena, el propietario de la empresa, arrastró la nieve del camino La Malpuesta con un manipulador telescópico acumulando hasta dos metros de altura en el único acceso a la vivienda de los denunciantes desde y hacia la carretera. Así se obstaculizó la salida o entrada durante 14 horas. Además se les increpó con expresiones malsonantes”.

Ante la supuesta pasividad del Ayuntamiento de Villamanta, administración competente para paralizar la actividad y abrir un expediente sancionador a la empresa, el pasado 27 de enero, Ecologistas en Acción se  dirigió a la Delegación del Gobierno en Madrid solicitando que se tomasen las medidas oportunas para resolver los problemas de acoso y evitar cualquier represalia contra las personas que “se han limitado a denunciar una actividad molesta e insalubre que se realiza sin contar con las autorizaciones administrativas preceptivas”.

Explicaciones del alcalde

A21 se puso en contacto con Valentín Pereira Fresno, alcalde del municipio, nada más conocer la publicación digital de Ecologistas en Acción. El regidor aseguró que las quejas de los denunciantes eran un hecho aislado y que la mayoría de los vecinos que viven cerca de la empresa en cuestión no habían expresado jamás ningún desagrado ni molestia con su actividad. En cuanto a los permisos aseguró que su ayuntamiento los había pedido y que se había demostrado que los tenían, aunque en fase de tramitación, por lo que no hay nada fuera de la ley. Además hizo hincapié en que una de las máquinas, que carecía de la documentación pertinente, fue inmediatamente retirada de las instalaciones. Pereira se mostró “muy comprometido con los negocios locales” recordando “que en estos tiempos de COVID-19 debemos apoyar a una inicitiva que está dando trabajo a 60 personas en nuestro pueblo”, recalcando que siempre se hará exigiendo el cumplimiento de la ley.