El Movimiento 15-M desarrollará desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de marzo diferentes actividades para debatir la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid, en lo que han denominado “Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda”. Se debatirá sobre la banca, el alquiler social, el sistema judicial, los derribos, los desahucios, las cooperativas y la okupación. El domingo 25 a las 12 se celebrará una manifestación entre Atocha y Sol.

Según un portavoz del Movimiento 15-M, la cantidad de desahucios que se están produciendo en la Comunidad de Madrid es lo que ha llevado a este colectivo a expresarse públicamente. A su juicio, “el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) no están realizando su labor, porque en vez de garantizar el acceso a la vivienda a las personas están comportándose como entidades financieras, que desahucian por motivos económicos y especulan con el precio de los inmuebles, además de violar los derechos humanos en materia de vivienda”.

En la UE el porcentaje de alquiler está entre el 30 y el 50%, y entre el 20 y el 35% el alquiler social. En España no llegamos ni al 0,5%. Además, a diferencia de otros grandes capítulos de los derechos sociales, como salud y educación, nunca se promulgó una ley general de la vivienda que amparara y legislara el cumplimiento universal de este derecho, señala el manifiesto de la ‘Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda’.

La organización del evento corre a cargo de la Asamblea de Interbarrios de Vivienda del movimiento, formada por los distintos grupos de trabajo, la Oficina de Vivienda y la Oficina de Okupación, entre otros colectivos.

CENTRO DE MEDIOS

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NOTA DE PRENSA “ SEMANA DE LUCHA POR UNA VIVIENDA DIGNA” DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2012

Un lugar adecuado para vivir es una necesidad básica para el desarrollo humano. La vivienda es determinante para la protección de las personas, para preservar su intimidad, para descansar, educarse y trabajar, para reproducirse, alimentarse y socializarse, para disfrutar y cobijar a los más débiles. Una necesidad que ha de cumplirse cada día de nuestra vida.

A diferencia de otros grandes capítulos de los derechos sociales (salud y educación) nunca se promulgó una ley general de la vivienda que amparara y legislara el cumplimiento universal de este derecho

Diez años antes de que estallara la crisis, mientras la economía crecía año a año, la capacidad adquisitiva de los trabajadores se mantenía. Sin embargo, el precio de las viviendas se duplicaba cada cuatro años y alcanzaba en la venta cuatro o cinco veces lo que costaba construirla

La especulación no es una anomalía de este sistema sino la forma en que se acumula más rápidamente. Por eso, nada era imprevisible ni nada ha sido improvisado.

El derecho humano a una vivienda digna

La dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria, es consecuencia de la sistemática violación del derecho a una vivienda digna. La consideración del derecho a la vivienda como un derecho humano está avalada por leyes nacionales e internacionales que reconocen el derecho a la vivienda y a un lugar seguro para vivir, para la dignidad humana, la salud física y mental y para la calidad de vida en general.

Destaca lo regulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 11, suscrito por el estado español en 1977. En el mismo sentido, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, en su visita a España de febrero de 2008 y el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.

A pesar de este expreso reconocimiento del derecho, las leyes hipotecarias no protegen los derechos de las personas sino que las coloca en situaciones de clara indefensión e inseguridad jurídica.

La responsabilidad no es sólo de las leyes injustas. Existe un entramado fraudulento amparado por el Estado y en el que participan las entidades financieras, las propias instituciones (Mº Vivienda, IVIMA, EMV), así como el sistema judicial y la policía que acude a echar a las personas de sus casas. Esta maquinaria legal y coercitiva, no busca la satisfacción de las necesidades básicas de las personas sino la obtención de beneficios económicos. El derecho a una vivienda adecuada es tratado como una mercancía no como un derecho. Todo ello, nos muestra un Estado de Derecho muy cuestionado y en un preocupante proceso de deterioro de los derechos humanos.

Este proceso de deterioro de derechos se demuestra en la política impulsada en materia de vivienda.

 A) Vivienda pública, Ivima, Emsv’s

En la UE el porcentaje de alquiler está entre el 30%-50% y entre el 20%-35% el alquiler social. En España no llegamos ni al 0,5%. (criterio AVS, CECODHAS).

La Sociedad Pública de Alquiler está a disposición de los promotores para que, con el dinero de todos, se alquilen las viviendas en stock durante sólo 18 meses y luego venderlas como libres. Lo que habría que hacer es lo contrario. Convertir stock de vivienda libre en protegida en alquiler social.

 B) Cooperativas de Viviendas

Las gestoras, auténticas promotoras, utilizan las cooperativas para obtener grandes beneficios, dejando los riesgos a los cooperativistas.

Las verdaderas cooperativas se basan en proveer de alojamiento adecuado a sus asociados construyendo viviendas con esfuerzo propio, ayuda mutua y administración directa. Casos como Fucvan en Uruguay.

C) Bancos/Desahucios

Los bancos gozan de reserva legal, monopolio de su negocio, leyes sin sanciones, protección del estado y se quedan con los pisos por la mitad del precio de la tasación. El ciudadano pierde la vivienda y mantiene una deuda millonaria con el banco.

Debe existir la figura de la intermediación, como sucede en Francia, que regularía la dación en pago, la concesión responsable de préstamos y el alquiler social.

 D) Ocupación/Desalojos/Derribos

Los desalojos forzosos, en la mayoría de los casos, equivalen a violaciones manifiestas de los derechos humanos. Casos de Puerta de Hierro y Cañada Real, etc…

Hay que tomar medidas urgentes para abolir esta práctica, garantizando el realojo en el mismo barrio y amparar el derecho humano a un lugar donde vivir en paz y con dignidad.