En el pleno celebrado el 14 de abril, día en el que se proclamó la II República,  en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa (Madrid) se debatía una moción para sustituir la Plaza del Generalísimo por la Plaza de la Constitución. En cuatro ocasiones anteriores  desde que se aprobó la Ley de la Memoria Histórica y con las excusas más variopintas el alcalde, Herminio Cercas, y su grupo municipal habían votado en contra.

Esta denominación de la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento no solo afecta de manera presencial a las placas del viario, sino que asocia el nombre del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa al incumplimiento permanente de la ley y además, aparece automáticamente en el encabezado de todas las comunicaciones oficiales del municipio, físicas y telemáticas.

Además, el Defensor del Pueblo remitió una resolución no vinculante al alcalde a mediados del año pasado subrayando la necesidad de cumplir la ley y renombrar las calles que exaltan personalmente al impulsor del quebrantamiento del orden constitucional de la República mediante un alzamiento militar. Hace dos años se presentó una escrito en la Fiscalía de Madrid solicitando su intervención ante el flagrante incumplimiento de la ley por parte del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. Se adjuntaron las actas de los cuatro plenos donde el PP había votado en contra, la resolución del Defensor del Pueblo y un escrito de denuncia. De forma vergonzosa, la Fiscalía contestó en un folio que no era admitida, sin justificación jurídica alguna.

Con todos estos antecedentes y la palabras hace unos meses del alcalde en varios medios de comunicación indicando que estaban estudiando el cambio del viario y que lo llevarían a efecto antes de terminar este periodo de cuatro años, cabía la posibilidad de que finalmente decidieran cumplir la ley. No fue así, el PP de Pelayos de la Presa volvió a usar su mayoría absoluta para tumbar la propuesta. La votación es concluyente ocho votos a favor del PP de mantener la Plaza del Generalísimo y tres a favor dos del PSOE y el mío como concejal no adscrito.

Una vez  más, se demuestra la dificultad para que se cumplan las leyes en España y la impunidad con las que algunos gobiernan. Ni el juramento al tomar el cargo de “cumplir y hacer cumplir la ley”, ni la recomendación de la Defensora del Pueblo, ni las sugerencias de algunos miembros del Partido Popular de Madrid han hecho entrar en razón al alcalde y a sus concejales.

Sin embargo, el asunto no ha terminado. El alcalde ha puesto en riesgo de inhabilitación a su candidato a alcalde y a los concejales que hayan estado presentes en estas votaciones y sean elegidos en las próximas elecciones del 24 de mayo. Voy a estudiar todas las posibles acciones legales a mi alcance, desde una denuncia por prevaricación por votar en contra de una moción a sabiendas que la ley les obliga a apoyarla hasta un contencioso administrativo para que se cumpla la ley. El que avisa no es traidor. Llevará tiempo y lucha pero se conseguirá.

Mario Cuéllar.

Artículo publicado en el blog del autor.