Díaz Ayuso anuncia la creación de un nuevo modelo de funcionamiento del Programa de Inversión Regional que estrenará un sistema de tramitación exprés para los proyectos y una Oficina de Asistencia Técnica que velará por el cumplimiento de los plazos.
Introduce el pago adelantado del 100% de las obras que se ejecuten en las localidades con menos 20.000 habitantes.
El Ejecutivo autonómico trabaja en el diseño de un nuevo mapa territorial basado en áreas básicas de prestación de servicios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 12 de septiembre la aprobación de un Decreto para renovar el Programa de Inversión Regional –PIR-, centrado en la agilización de la tramitación de los proyectos presentados por los ayuntamientos y priorizando aquellos dirigidos a la eficiencia energética. El PIR 2022/26 del Gobierno autonómico en vigor tiene un presupuesto récord con 1.000 millones de euros que se distribuyen entre 178 localidades madrileñas.
Así lo avanzó la presidenta durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, donde explicó que el próximo Decreto incluirá 25 medidas para una reforma del PIR cuyo objetivo es mejorar la cohesión económica y social de los consistorios beneficiarios. De hecho, las estimaciones del Ejecutivo madrileño es que antes de que finalice la Legislatura ya se esté gestionando 1.000 nuevas actas de proyectos destinados, entre otras cosas, a inversiones de eficiencia energética, accesibilidad, o instalaciones deportivas, culturales y sociales.
Se trata de un nuevo modelo de funcionamiento del Programa de Inversión Regional que supondrá un impulso al municipalismo, ya que, además, se va a complementar con la creación de un sistema de contratación exprés y una Oficina de Asistencia Técnica de Proyectos, que velará por el correcto cumplimiento de los plazos.

Con estas iniciativas, el PIR amplía su cobertura, a través del fondo de reserva, para priorizar obras de ahorro y eficiencia energética, accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en inmuebles con atención al público, construcción o reforma de instalaciones deportivas y culturales y centros para mayores y sociosanitarios. Además, todas las inversiones del PIR se considerarán de excepcional interés general y podrán ser gestionadas por el procedimiento de urgencia.

SOLUCIONES PARA PROYECTOS PREVIOS A LA CRISIS ENERGÉTICA
El Decreto no es ajeno a la grave situación provocada por la alta inflación y la situación energética actual y plantea soluciones para aquellos proyectos anteriores a la crisis de precios. De esta manera, presupuestará las nuevas inversiones teniendo en cuenta la antigüedad de los mismos y el índice de costes del sector de la construcción.
Entre las medidas destinadas a los ayuntamientos que gestionan sus actuaciones, éstos podrán presentar sus propuestas de forma simultánea a la solicitud de la inversión para agilizar el proceso. Deberán además realizar la supervisión de los trabajos, lo que disminuirá significativamente los requerimientos de subsanación y agilizará un 80% los plazos de su gestión.
Además, a las localidades con menos 20.000 habitantes se les abonará el 100% de la inversión al comienzo de la obra, mientras a los que superen esta población se les seguirá pagando el 50% al inicio y el resto al final junto con los gastos asociados.

ACORTANDO PLAZOS
El procedimiento de la tramitación exprés que se estrenará será mediante dos acuerdos marco que va a suponer un importante impulso a la contratación. Así, mediante este sistema, se reducen los tiempos de licitación de las obras y proyectos, de a uno o dos meses, en el caso del primero, y a 15 días del segundo.
Además, se crea la Oficina de Asistencia Técnica que, coordinada por la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, se encargará, entre otras funciones, de realizar un seguimiento detallado del grado de ejecución de cada obra, informando puntualmente a la Consejería de Administración Local del estado y avance los trabajos que se vayan acometiendo en los municipios.
Para ello, elaborará informes mensuales que especifiquen la situación de las actuaciones indicando retrasos, posibles riesgos y soluciones; y, velando por el correcto cumplimiento de los plazos.

Asimismo, podrá resolver en 72 horas cualquier consulta escrita y en 24 horas las que se realicen oralmente, y contará con un equipo que se desplazará a cualquier punto de la región en caso de emergencia (heladas, incendios, inundaciones o de cualquier otra índole) para una rápida evaluación de los daños.
La Oficina Técnica de Proyectos tendrá también una función asesora. En este sentido, ayudará a los ayuntamientos a solventar cuestiones en materia de arquitectura e ingeniería; apoyará a los consistorios en la planificación y gestión de las inversiones; y prestará asistencia en materia de seguridad y salud a lo largo de la realización de la obra.

NUEVAS ÁREAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Igualmente, otra de las novedades destacadas hoy por Díaz Ayuso en la Asamblea es la creación de áreas básicas de prestación de servicios autonómicos y entre municipios, que conlleva la reorganización del marco territorial actual y la configuración de un nuevo mapa de la región, siguiendo criterios geográficos, históricos, culturales y medioambientales.
El objetivo de este proyecto es proporcionar a la Administración madrileña una herramienta de coordinación que avance la actividad económica y el empleo y, además, promueva la igualdad de acceso a las diferentes infraestructuras y dotaciones que ofrece la Comunidad de Madrid.
Estas áreas básicas se delimitarán a través de un estudio de zonificación a propuesta de cada consejería y será el área de Administración Local y Digitalización la encargada de analizar la información recibida, elaborando una propuesta inicial de delimitación del mapa que será trasladada a todas las localidades y estará sujeta a información pública. Finalmente, tras el análisis de las alegaciones y la correspondiente deliberación con la Federación de Municipios de Madrid, se formulará la propuesta final.
De esta manera, se crea un instrumento para mantener de forma sostenible la población, especialmente en el medio rural, garantizando una dotación de servicios de calidad homogénea en todo el territorio.