• Durante una actuación de la Inspección de Consumo en colaboración con la Guardia Civil en un establecimiento mayorista del Polígono de Cobo Calleja.
• También se han retirado más de 7.000 test rápidos de COVID-19, 1.500 sobres de clorito de sodio, más de 300 unidades de gel hidroalcohólico y 65 termómetros digitales.
• Estos elementos presentan incumplimientos en materia de etiquetado o no han superado los controles oficiales.

La Comunidad de Madrid, a través de la de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, ha retirado del mercado más de medio millón de mascarillas y otros elementos de protección que no cumplían con la normativa comunitaria de fabricación vigente. Una actuación que forma parte de la campaña de control de mascarillas que se está desarrollando desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Se trata de una operación llevada a cabo por la Inspección de Consumo, con la colaboración de la Sección Aduana Abroñigal de la Guardia Civil, y que ha tenido lugar en único establecimiento mayorista situado en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada.
Como resultado de la inspección y las comprobaciones realizadas, se han paralizado un total de 584.180 mascarillas, 7.250 test de COVID-19, 307 unidades de gel hidroalcohólico, 65 termómetros infrarrojos digitales y 1.500 sobres de clorito de sodio, todo ello proveniente del mercado asiático, y que carecían de la autorización pertinente, al tiempo que presentaban diferentes incumplimientos de la normativa vigente, como el debido marcado CE y el etiquetado en el idioma oficial.
La Dirección General de Comercio y Consumo viene desarrollando una intensa campaña de control de mascarillas y equipos de protección individual, con el objetivo de retirar del mercado aquellos productos que presenten incumplimientos en materia de etiquetado, se puedan considerar falsificaciones que no hayan superado los ensayos oficiales por los órganos acreditados. Se trata de salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores impidiendo la comercialización de todas aquellas unidades que, por sus defectos, no se puedan considerar aptas según la normativa vigente.

Además del control de locales comerciales, la campaña -que se mantendrá durante los próximos meses- se desarrolla a través de la revisión de más de 100 webs de venta de mascarillas en farmacias y establecimientos de toda la región.