El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, situado en Pelayos de la Presa, se ha convertido en uno de los ejemplos más significativos de la fragilidad del patrimonio histórico madrileño y de las carencias administrativas que dificultan su preservación. A pesar de estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el monumento carece —como otros 219 edificios protegidos en la región— de un entorno de protección delimitado, una obligación legal que la Comunidad de Madrid no ha cumplido desde la aprobación de la Ley 3/2013 y que ha vuelto a quedar en evidencia tras la intervención del Defensor del Pueblo.

La situación salió a la luz cuando el grupo de la oposición Ilusión por Pelayos solicitó a la Dirección General de Patrimonio Cultural la delimitación del entorno del monasterio, después de conocerse que la Comunidad de Madrid proyectaba construir una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) a menos de 500 metros del conjunto histórico. El proyecto, según denunció la asociación, apenas dedicaba dos líneas a evaluar el impacto sobre el monumento, concluyendo sin mayor análisis que no existiría afectación alguna.

La petición ciudadana se apoyaba en el artículo 13 de la Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural, que establece que el entorno de protección debe garantizar la adecuada percepción, comprensión e integridad del bien. En el caso del monasterio, este entorno incluye elementos de alto valor cultural y natural: pinturas rupestres neolíticas, antiguas canteras de granito, el pinar del Monte de la Enfermería, la ermita de San Blas, los arroyos del Molino y de Las Labores, e incluso un hórreo gallego trasladado hace décadas.

La Dirección General desestimó la solicitud argumentando que la ley no obliga a delimitar entornos de protección de forma inmediata, una interpretación que la asociación recurrió y que motivó su decisión de acudir al Defensor del Pueblo. Fue en este proceso cuando la Comunidad de Madrid reconoció que no dispone de personal ni medios suficientes para llevar a cabo las delimitaciones pendientes, una afirmación que ha generado preocupación entre especialistas y colectivos patrimonialistas.

Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa.

El riesgo para el monasterio no es teórico. Aunque el edificio ha sido objeto de intervenciones de consolidación, sigue siendo extremadamente frágil. Las cuevas sobre las que se asienta —cerradas actualmente por motivos de seguridad— podrían verse afectadas por vibraciones, movimientos de tierra o el tránsito de maquinaria pesada durante la construcción de la EDAR. A ello se suma el impacto visual y odorífero que tendría la planta una vez en funcionamiento, alterando de forma irreversible la percepción del conjunto histórico y su paisaje cultural.

El Defensor del Pueblo debe ahora emitir un informe final con recomendaciones, que aunque no son vinculantes, sí pueden ejercer presión institucional para corregir la situación. La asociación insiste en que la falta de medios no puede justificar el incumplimiento de una obligación legal diseñada precisamente para evitar daños irreparables en bienes patrimoniales únicos.

El caso de Pelayos de la Presa se ha convertido así en un símbolo de un problema más amplio: la brecha entre la protección teórica del patrimonio y su defensa efectiva. Mientras se destinan recursos a macroeventos y contratos privados, denuncian los colectivos locales, los monumentos históricos continúan expuestos a riesgos evitables. La batalla por el entorno del monasterio es, en última instancia, una batalla por el cumplimiento de la ley y por la preservación de un legado que pertenece a toda la ciudadanía.