Hay obligación de acceder a la información en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española o por la Ley 19/2013 de Transparencia, además de ser el mejor sistema para evitar la corrupción.
Desde hace años he presentado preguntas al Gobierno municipal, todas de su competencia, como saber cuánto nos costó la plaza de toros, la razón por la que no se cumplía con la recepción de las urbanizaciones, entre otras. Al comprobar que jamás contestaban a mis preguntas, pregunté a otras personas si habían tenido la misma experiencia que yo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me respondieron que jamás el Ayuntamiento respondía a preguntas de los vecinos.
Al estudiar la razón de esta negativa de Transparencia, mi sorpresa fue mayúscula cuando me enteré de que el Ayuntamiento de Valdemorillo no estaba cumpliendo con la Ley. Incluso el Portal de la Transparencia que abrió permanece sin aportación alguna. Conociendo que no se pueden tomar decisiones políticas que estén al margen de lo que establece la Constitución española y las leyes, quise hacer partícipe al alcalde de este hecho, pero se negó a recibirme.
El acceso a la información pública es fundamental en toda democracia. Solamente cuando la gestión de los responsables políticos se somete a escrutinio, los ciudadanos podemos saber cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Porque tenemos el derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española. Asimismo, por la Ley 19/2013 o de Transparencia y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación en Madrid la Ley 10/2019, de 10 de abril.
Además, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 establece en su artículo 78 que los miembros de los Ayuntamientos están sujetos a responsabilidad civil y penal por actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Los compromisos se exigirán ante los tribunales de justicia y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable.
La Ley, para su funcionamiento, bajo la rúbrica de TRANSPARENCIA, instituye normas que deben respetar el Gobierno y los funcionarios. Pero, en Valdemorillo, la inexistencia del Consejo de Transparencia (imprescindible) no posibilita la creación de un órgano de control, y la Ley no puede ser operativa. A pesar de la regulación legal, el Ayuntamiento de Valdemorillo tuvo dos años para adaptarse.
En otros pueblos, y de manera muy especial en aquellos de la UE, la inexistencia del Consejo de Transparencia mejora la eficacia y eficiencia en la gestión de recursos, así como en la rendición de cuentas que impone esta Ley. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valdemorillo, en su web, se ha limitado a dar únicamente información de lo que interesa a su Gobierno. Aparentemente, ninguna de las sugerencias de los vecinos es tenida en cuenta.
Pero ¿quién garantiza la transparencia en la actuación de los poderes públicos? El Consistorio debería haber desarrollado un Portal de la Transparencia, que facilitaría el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores, relativa a su ámbito de actuación. Como no existe este Portal, nadie garantiza la transparencia, ya que esta misión, entre otras, corresponde al Consejo de la Transparencia, inexistente tras haber pasado ocho años. Por tal razón, nadie puede velar por el cumplimiento de la Ley, ya que la transparencia nos permite tener información clara y precisa sobre algo o alguien, lo que aumenta nuestras capacidades de vigilancia y comunicación. En el marco de una democracia participativa, la transparencia significa que las razones de toda decisión, así como los costes y recursos comprometidos, sean accesibles, claros y se comuniquen al público. Lo contrario puede acarrear corrupción.
La transparencia, además de ser verificable, es medible y evaluable. El Ayuntamiento de Valdemorillo, según la Ley, debe facilitar la información y colaborar con el ciudadano en el derecho de acceso a la Información para cumplir la Ley. Y hacer de la transparencia un efectivo sistema de rendición de cuentas mediante el cual los métodos que permiten comparar índices y lograr los objetivos específicos se consiguen realizando una evaluación del nivel de transparencia, a través de los datos y la información que hace pública la web municipal. También impulsando, por el Consejo de Transparencia, todo argumento informativo que pueda ser de interés para todos, incluyendo preguntas de los ciudadanos con sus correspondientes respuestas. Precisamente lo que no se hace.
Como conclusión, hay que insistir en que la transparencia es fundamental, a partir de las demandas ciudadanas hacia la satisfacción de necesidades. Los vecinos esperamos encontrar información disponible en el Consistorio, poder realizar preguntas y obtener información. Es necesario determinar estas consideraciones para definir canales por los cuales los ciudadanos podamos realizar consultas (ahora imposible). Concluyo indicando que quienes no cumplen con la Ley deberían ser denunciados por los vecinos, exigiendo responsabilidades imprescindibles en una Democracia. Precisamente, esta Ley de Transparencia pretende poner la información al servicio de todos y ser el mejor medio para luchar contra la corrupción. Por eso espero y deseo que este artículo permita reflexionar al Gobierno municipal de Valdemorillo, y a la Oposición recapacitar para cumplir con su obligación, que no puede ser otra que defender los derechos ciudadanos.

 Jesús González Martín es profesor jubilado de Construcciones Arquitectónicas de la UPM y sociólogo por la UCM.