• La asociación solicita al Ministerio Público que investigue si el gerente y el director médico del hospital público madrileño cometieron delito de prevaricación administrativa.

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para solicitar que investigue si cometieron delito de prevaricación al rebajar la gravedad de decenas de pacientes que esperaban una operación para maquillar su lista de espera quirúrgica.

Documentos internos y correos que ha sacado a la luz el diario El País ponen de manifiesto que ambos responsables del hospital público madrileño ordenaron cambiar informáticamente, a espaldas de los cirujanos, la prioridad de personas que aguardaban una operación. La normativa madrileña que regula la gestión de estas listas establece que los cirujanos son responsables de la indicación y del establecimiento de la prioridad clínica de los pacientes.

Según la documentación interna y los testimonios recogidos, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 un total de 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología pasaron de prioridad preferente a prioridad normal. Los pacientes considerados preferentes debían ser intervenidos antes de 90 días, mientras que para los catalogados como normales el plazo podía alcanzar los 180 días.

Uno de los episodios que habría permitido detectar las alteraciones fue el de una niña de tres años cuya prioridad había pasado de urgente a normal. La doctora responsable del caso, según la documentación recogida, manifestó que existían criterios médicos para que fuera intervenida con prioridad porque podía perder una pierna y no había sido consultada sobre la modificación. También se modificó la situación de otros pacientes que «se retorcían de dolor» con anomalías en la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano o luxación.

El motivo era cumplir con los objetivos de productividad que exige la Consejería de Sanidad autonómica, según se deduce de la explicación que dio por correo electrónico uno de esos responsables a una doctora indignada por estas prácticas. La manipulación de las listas de espera es una sospecha generalizada en la sanidad española porque existen incentivos tanto electorales como económicos. Las administraciones publican esta métrica mensualmente en internet y los médicos con responsabilidades cobran bonos de productividad si cumplen objetivos.

Impacto en los pacientes

FACUA considera necesario determinar quién ordenó cada modificación, con qué criterios se realizaron y si estos cambios pudieron provocar un perjuicio asistencial a las personas que aguardaban una intervención.

La asociación pide a la Fiscalía que examine la posible relación entre las modificaciones y los objetivos de productividad establecidos para el hospital, ya que la gestión de la lista de espera quirúrgica forma parte de los indicadores que pueden influir en el complemento de productividad de los responsables de los servicios.

Por ello, es fundamental determinar si existió alguna relación entre estos incentivos y las modificaciones de las prioridades clínicas, así como si se produjo alguna alteración de la información utilizada para evaluar el cumplimiento de los objetivos de demora.

El hospital niega las irregularidades

El hospital ha negado haber cometido irregularidades y ha asegurado que ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios, atribuyendo dicha gestión a los servicios asistenciales conforme a criterios clínicos y bajo responsabilidad de los médicos que atienden a los pacientes.

Fátima Matute, consejera de de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que se abrirá una investigación sobre el asunto aunque ya ha anticipado el resultado: «Quiero dejar claro que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera».

Precisamente por la existencia de versiones contrapuestas, FACUA considera necesario que la Fiscalía investigue si el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal cometieron delito de prevaricación al rebajar la gravedad de decenas pacientes que esperaban una operación para maquillar su lista de espera quirúrgica.

La asociación reclama además que se determine si hubo otros casos similares con anterioridad o posterioridad a los hechos conocidos y que, en caso de acreditarse irregularidades, se depuren responsabilidades y se adopten medidas para evitar que los sistemas de gestión de las listas de espera puedan utilizarse para alterar artificialmente los indicadores de demora.

FACUA recuerda que las listas de espera sanitarias no son únicamente un indicador estadístico, sino que reflejan el tiempo que las personas deben aguardar para recibir una intervención médica. Por ello, cualquier modificación de la prioridad clínica que no responda a criterios médicos puede tener consecuencias directas sobre los derechos y la atención que reciben los pacientes.

• Con motivo del Día Mundial del Linfoma, el centro organizó una jornada para pacientes y familiares ante los cerca de 12.000 nuevos casos previstos en España en 2026.
• El hospital mostoleño ha celebrado un taller dirigido a pacientes y familiares en el que se han abordado el diagnóstico, los tratamientos, los cuidados y los recursos de apoyo.
• Los especialistas destacan la evolución de la medicina personalizada y la incorporación de nuevas terapias, mientras recuerdan que no todos los linfomas se comportan de la misma manera

• El 29 % de las personas con movilidad reducida se plantea cambiar de barrio ante las dificultades para vivir con autonomía. 

• El 49% de los residentes en edificios anteriores a 1964 asegura que debería cambiar de residencia si tuviera que desplazarse en silla de ruedas.
• El 84% afirma que adaptar su hogar sería económicamente difícil y un 17% atribuye a la falta de consenso de los vecinos la necesaria reforma del edificio.

Para los más de 264.900[1] madrileños con movilidad reducida que viven en España, la falta de accesibilidad del entorno puede implicar mucho más que superar un escalón: puede llevarlos a plantearse una mudanza en busca de un lugar donde desenvolverse con mayor autonomía. De hecho, el 29 % de las personas con movilidad reducida se plantea cambiar de barrio ante las dificultades para vivir de forma independiente, según recoge el I Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios.

Esta inquietud también se extiende al resto de la población y un 17 % de los madrileños ya considera que tendría que cambiar de municipio o de barrio (23 %) si tuviera que desplazarse en silla de ruedas.

“Que una persona con movilidad reducida pueda seguir viviendo en su municipio no debería depender de las barreras arquitectónicas de su barrio. Necesitamos avanzar hacia entornos concebidos para todas las personas, en los que la accesibilidad sea un elemento esencial de la planificación urbana y una garantía de plena autonomía”, afirma Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

El informe, que analiza el impacto de las barreras arquitectónicas en la vida cotidiana de las personas con movilidad reducida, señala no obstante que las dificultades no terminan en la calle, sino que, por el contrario, los obstáculos se incrementan a medida que nos aproximamos al hogar.

En concreto, el 31 % de los madrileños afirma que debería cambiar de edificio si tuviera que desplazarse en silla de ruedas. Y es que, únicamente el 2 % de los 559.301 edificios residenciales[2] -unos 11.186- ofrecen un recorrido completamente accesible desde la calle a la puerta de la vivienda, mientras que el 98 % presenta, al menos, una barrera.

En este punto, la antigüedad de los inmuebles juega un papel determinante: frente al 49 % que considera que su edificio anterior a 1964 no es apto para personas con movilidad reducida, únicamente el 14 % de quienes residen en construcciones más recientes comparte esta percepción.

Una situación difícil de revertir debido tanto a la escasez de recursos como a la falta de concienciación. De hecho, el coste económico (31 %) y la falta de acuerdo (17 %) son los principales frenos que impiden que las comunidades puedan anticiparse a unas necesidades que, con el envejecimiento de la población, serán cada vez más demandadas. Por estos motivos, el 71 % de las comunidades no ha realizado mejoras en materia de accesibilidad y el 56 % ni siquiera prevé hacerlas en los próximos años.

De acuerdo con el Barómetro de la Accesibilidad, este panorama es aún más complicado cuando nos adentramos en nuestra vivienda, donde se encuentran los mayores obstáculos. Ante esta situación, el 36 % de los madrileños afirma que debería renunciar a su residencia actual si tuviera problemas de movilidad reducida. Y, de la misma manera que ocurre con el edificio, la adaptación de la vivienda tampoco resulta sencilla: el 84% considera que adecuar su hogar a sus nuevas necesidades sería complicado económicamente.

“Eliminar las barreras arquitectónicas del entorno no es solamente una forma de trabajar para la inclusión, sino también un ejercicio de previsión, ya que, a medida que envejecemos, nuestra movilidad se va haciendo más difícil. Por ello, urge actuar desde hoy para, en el futuro, lograr un parque residencial, un barrio y un municipio, que nos permita envejecer con la máxima calidad de vida”, concluye directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

[1] INE. Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia. 2020

[2] INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios                         

• La consejera Ana Dávila visita la Residencia Villa del Prado para agradecer la labor de confinamiento y ayuda durante las emergencias.
• El dispositivo especial ha realizado más de 15.000 llamadas y ofrecido 2.300 horas de asistencia extraordinaria.

Reconocimiento a la Residencia Villa del Prado

• Acogida de cuatro personas mayores externas de la localidad.
• Atención a una mujer con problemas respiratorios graves (EPOC).
• Cuidado al hijo de una residente que padece Alzheimer.
• Preparación de comidas para los evacuados alojados en polideportivos municipales.
• Colaboración activa en las labores de contención del fuego junto a los equipos de emergencia.

Detalles del Dispositivo de Ayuda Social

• Más de 15.000 llamadas realizadas para verificar el estado de bienestar de los usuarios.
• 2.300 horas de asistencia extraordinaria prestada directamente en los domicilios.

Supervisión para la Reapertura

Este esfuerzo conjunto entre administración pública, entidades colegiales y trabajadores sociales busca no solo cubrir necesidades básicas inmediatas, sino acompañar a la población vulnerable en el proceso de reconstrucción integral de la zona siniestrada.

DÁVILA HACE BALANCE DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID EN MATERIA SOCIAL TRAS EL GRAN INCENDIO DE LA SIERRA OESTE
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila,
hace balance de las actuaciones del Gobierno regional en materia social tras el gran incendio de
este verano en la Sierra Oeste.

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La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila,
hace balance de las actuaciones del Gobierno regional en materia social tras el gran incendio de
este verano en la Sierra Oeste.

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MADRID EN MATERIA SOCIAL TRAS EL GRAN INCENDIO DE LA SIERRA OESTE
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila,
hace balance de las actuaciones del Gobierno regional en materia social tras el gran incendio de
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este verano en la Sierra Oeste.

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La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila,
hace balance de las actuaciones del Gobierno regional en materia social tras el gran incendio de
este verano en la Sierra Oeste.

• Los ecologistas alertan de que el Gobierno de Díaz Ayuso rescata un proyecto ilegal, anulado por los tribunales y desestimado por informes científicos, dejando de lado la restauración ambiental de los ecosistemas dañados por los incendios en la Sierra Oeste.
• La prolongación del desdoblamiento atravesaría el espacio protegido Red Natura 2000 “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”, afectando a zonas de máxima protección, así como varios hábitats de interés comunitario y sería una grave amenaza para la recuperación de especies como el águila imperial, el buitre negro o cigüeña negra.
• La Plataforma Ecologista Madrileña considera esta decisión de una irresponsabilidad máxima, evidenciando la nula sensibilidad ambiental del Gobierno regional.

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia la irresponsabilidad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid al anunciar el estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501, la conocida como carretera de los pantanos, desde Navas del Rey hasta el límite con Castilla y León. La medida, presentada en el Debate sobre el Estado de la Región, supone un gasto estimado de 416 millones de euros y se produce poco más de un mes después de que un superincendio arrasara 28.000 hectáreas en la sierra oeste de Madrid.

Lejos de centrarse en un diagnóstico del daño ecológico ocasionado, en la recuperación ambiental de la zona y en las necesidades reales de los municipios afectados, la presidenta regional utiliza la conmoción de la catástrofe para rescatar una infraestructura que ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2008 y ratificada como tal por el Tribunal Supremo en 2011. Además, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por incumplir las leyes ambientales precisamente a causa de este desdoblamiento. Se trata, por tanto, de un proyecto que acumula sentencias en contra y que carece de la más mínima cobertura jurídica y ambiental.

Un proyecto rechazado por la justicia y por la ciencia

La ampliación de la M-501 no es una idea nueva. Ya en el año 2000 fue desestimada inicialmente por el Gobierno autonómico y definitivamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) debido a su enorme impacto sobre uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en 2005 el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobó ilegalmente su conversión en autovía, obviando los trámites de evaluación ambiental obligatorios y usando datos de siniestralidad de dudosa credibilidad de la carretera. Las obras se ejecutaron pese a las sentencias judiciales en contra y a las advertencias científicas.

Dos décadas después, el Gobierno de Ayuso aprovecha la tragedia del incendio de la Sierra Oeste para impulsar una infraestructura cuyo objetivo, una vez más es viabilizar los desarrollos urbanísticos en la zona calcinada.

Una agresión directa a espacios y especies protegidas

La M-501 discurre por el corazón de la Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio”, un espacio protegido de la Red Natura 2000. La ampliación propuesta afectaría de manera directa a zonas de máxima protección del Plan de Gestión de este espacio (Zonas A, de Conservación Prioritaria; y zonas B, de Protección y Mantenimiento de Usos Tradicionales). Las zonas afectadas por la carretera son refugio y hábitat de especies amenazadas como el águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro, para las que la fragmentación del hábitat y el aumento del tráfico, unidos a los efectos del incendio, supondrían una amenaza casi definitiva para la recuperación de estas especies en la zona.

Además, el trazado incidiría sobre cuatro hábitats de interés comunitario, uno de ellos considerado prioritario (6220), lo que agravaría aún más la pérdida de biodiversidad en un entorno ya gravemente degradado por el incendio.

Una oportunidad perdida para la recuperación real

A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, la ampliación de la carretera de los pantanos aumentará la presión urbanística, el turismo masivo y el tráfico en una zona de gran valor ambiental, deteriorando a largo plazo la calidad de vida de las poblaciones. La Comunidad de Madrid debería emplear los 416 millones presupuestados en la restauración ecológica y social de las zonas quemadas así como en la prevención de futuros incendios y en el apoyo a los municipios afectados. La ampliación de la M-501 no solo es innecesaria, sino que contradice frontalmente los objetivos de conservación y recuperación que la propia presidenta dice defender.

En definitiva, la Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”,  el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, exige a la Comunidad de Madrid que renuncie de forma definitiva al desdoblamiento de la M-501 por su incompatibilidad con la normativa ambiental y las sentencias judiciales. Asimismo, debe priorizar un diagnóstico del daño ecológico causado  por el incendio,  la restauración de los ecosistemas dañados y la protección de la Red Natura 2000, atendiendo, además, las demandas vecinales mediante una movilidad sostenible y segura sin recurrir a infraestructuras de alto impacto.

• Las solicitudes se podrán realizar telemáticamente hasta el 30 de septiembre en la sede electrónica institucional.
• Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial para promover hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas.
• Este curso distribuirá manzanas, peras, plátanos, mandarinas, tomates cherry, zanahorias baby, arándanos y leche.

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea, para centros sostenidos con fondos públicos. Con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas, las solicitudes se pueden realizar hasta el 30 de septiembre en la sede electrónica.
Con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), cuenta con dos líneas diferenciadas. La primera contempla la distribución de frutas y hortalizas, como peras, plátanos, mandarinas, tomates cherry, zanahorias baby y arándanos. La segunda entrega briks de 200 mililitros de leche con y sin lactosa. En este caso, podrán incorporarse alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, mientras que las frutas y hortalizas serán también para los de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial.
El Programa incorpora también medidas educativas de acompañamiento para que los estudiantes conozcan y valoren las propiedades de estos productos y su importancia dentro de una dieta equilibrada. Las actividades podrán incluir talleres y propuestas destinadas a acercar a los escolares a la agricultura y a la actividad agraria, contribuyendo así a reforzar la relación de los niños y jóvenes con el origen de los alimentos que consumen.
En la pasada edición, participaron un total de 305.970 niños de 907 centros, entre los que se repartieron 927.754 kg (21.180 raciones totales) de fruta y hortaliza y 684.464 litros de leche.