Jaime Peral culpa a la portavoz del PP de Navas de que la subvención quede anulada definitivamente.

En la edición de este periódico publicada en octubre de 2025 informábamos de que una denuncia presentada el 7 de octubre de 2025 por la portavoz del Partido Popular de Navas del Rey, María Isabel Romero, paralizaba una subvención de la Comunidad de Madrid de 491.240,89 euros al Ayuntamiento de Navas del Rey para la rehabilitación de un edificio destinado a viviendas sociales.
También explicábamos que, a raíz de esa denuncia, la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid, además de suspender la concesión de la subvención, el 15 de octubre daba traslado del expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid ante un posible delito de falsedad documental por parte del Ayuntamiento.
Pues bien, ahora hemos sabido que la Fiscalía de Móstoles, a quien remitió el expediente el día 16 de octubre la Fiscalía de Madrid, resolvió ocho días después, el 24 de octubre, “el archivo de las diligencias de investigación preprocesales, al no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.

Archivada la denuncia contra el Ayuntamiento de Navas del Rey, ¿qué valoración hace su alcalde, Jaime Peral, sobre esta resolución?
Es muy duro pensar que a los jóvenes y familias, futuros inquilinos de las viviendas sociales, se les ha arrebatado el derecho a poder vivir en uno de los pisos que ahora ya no se van a poder rehabilitar. Más aún cuando la subvención estaba concedida y, por culpa de la portavoz del Partido Popular de Navas del Rey, María Isabel Romero Sánchez, nos la anularon. Ahora, demostrado que no hay delito ni causa justificada para cancelar la subvención, se reafirma la culpabilidad de esta señora en la pérdida de casi medio millón de euros para el beneficio social de los vecinos. Nadie gana con su infinita ambición, que la lleva a sacrificar cualquier beneficio al pueblo por sus ansias políticas. Su iniciativa solo puede nacer de una mente sin escrúpulos y es absolutamente injustificable que presentara una denuncia de irregularidades que ahora se demuestra que son falsas. Solo pido a mis vecinos que, por favor, analicen lo sucedido y obren en consecuencia durante la máxima expresión democrática.

¿La subvención queda anulada definitivamente?
Así es, por desgracia. Pero, además, mediante un plan retorcido desarrollado desde la Comunidad de Madrid. Me explico.
La resolución de la Fiscalía de Móstoles en la que se archiva la denuncia se produce el 24 de octubre. La Comunidad no nos informa de esta resolución hasta el 18 de diciembre, es decir, nos oculta la resolución casi dos meses. ¿Para qué? Pues para dejar pasar los plazos administrativos. Así, pasado más de un mes, caduca el plazo de respuesta del director general de Reequilibrio Territorial y, en cuanto comienza el plazo para la respuesta del cargo superior, como es el consejero de Presidencia, se produce su orden RQ 20/25, del 18 de diciembre, en la que no solo nos informa de la resolución de la Fiscalía, sino que, además, como es su potestad, dispone que se desestima la solicitud de la subvención. En mi opinión, los criterios para desestimar son muy discutibles y absolutamente subjetivos, como excusa para no ceder en su postura».

¿Por qué cree usted que la Comunidad de Madrid realiza esta maniobra?
Muy sencillo. El director general de Reequilibrio no puede emitir una orden desestimando la subvención, entonces dejan pasar el tiempo hasta que legalmente le corresponde contestar al consejero, porque él sí puede emitir la orden para desestimar.
La finalidad no puede ser otra que mantener su postura de cancelación de la subvención, como imposición de su razón, a pesar de que la Fiscalía no aprecia indicios de falsedad documental. Lo más justo hubiese sido que, después de la resolución de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid mantuviese la subvención, pero ha maniobrado para hacer exactamente lo contrario.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?
Poco queda por hacer, teniendo en cuenta los precedentes. Podríamos iniciar un proceso contencioso-administrativo que se alargaría en el tiempo y, además, muy probablemente afectaría a concesiones y tramitación de los proyectos que actualmente tenemos en marcha. Por ello, es algo que tenemos que estudiar detenidamente, aunque es casi seguro que no tomaremos ninguna acción. Debemos tener en cuenta la experiencia con el centro cultural, donde otra denuncia de María Isabel Romero provocó sanciones económicas y aplazamientos de pagos al equipo técnico que intervino en la construcción, cuyos miembros aún no han cobrado los trabajos, al igual que la empresa constructora. Pero lo peor de todo es que la denuncia no sirvió para nada, porque la obra ya estaba terminada.
Es el afán de perjuicio de la portavoz del PP de Navas del Rey, caiga quien caiga.