Llamada de atención al Plenario Municipal de Valdemorillo, por la censura de un artículo de A21 que opinaba sobre la falta de transparencia del Gobierno Municipal.

La participación ciudadana materializa los cambios necesarios entre gobernantes y pobladores para un acuerdo de objetivos, ya que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y, cuando es cercenado, como ha ocurrido con el secuestro municipal de Valdemorillo del periódico A21, se hace necesario que los demócratas sepamos defender nuestros Derechos Constitucionales.
A primeros de septiembre, me encontraba fuera de Valdemorillo y solicité que me recogieran un ejemplar del periódico A21, en el que había escrito un artículo. Cuando hay una nueva edición, habitualmente se colocan los periódicos sobre una mesa auxiliar que está a la entrada de la Casa Consistorial. Al día siguiente, mi amigo me comunicó que no había ningún ejemplar. Pasados unos días, coincidiendo con mi regreso, pasé por el Ayuntamiento y pude comprobar que no había. Pregunté por ellos y me comunicaron que los ejemplares de A21 habían sido retirados. Este alegato me produjo indignación por coartar con alevosía mi LIBERTAD DE EXPRESIÓN, contribuyendo a devastar un elemental derecho democrático. Igualmente, se retiraron de la Casa de Cultura -y me imagino que, también, de la Biblioteca, pero eso no pude comprobarlo.
Pero ¿cuál fue el motivo? Había un artículo que denunciaba la FALTA DE TRANSPARENCIA EN VALDEMORILLO, cuando la LIBRE EXPRESIÓN es imprescindible en una democracia y un DERECHO protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tutelado por el artículo 6 de la Constitución.
Este acto, por sí solo, daña la esencia misma a la expresión de las personas y nos traslada a épocas en que las opiniones eran castigadas. Ahora que la LIBRE EXPRESIÓN es un derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, además de UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA UNA DEMOCRACIA que tiene que denunciar todas las actuaciones irregulares contra ella, este hecho debería ser descubierto por los representantes políticos de la oposición sacándolo a debate en un pleno y, de esta manera, poder pronunciarse sobre este hecho.
Basta ya de discriminación, de cortar las opiniones contrarias en los plenos, contraviniendo derechos fundamentales y la esencia misma de la Democracia. Sin olvidar que la participación de la ciudadanía materializa los cambios necesarios entre gobernantes y ciudadanos para un diálogo de objetivos comunes. Además, el artículo 20 de nuestra Carta Magna reconoce y protege el derecho de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.
La LIBRE EXPRESIÓN es un derecho.

Jesús González Martín.
Máster en Sociología por la Universidad Complutense.