Tres miembros de la actual Corporación Municipal, junto a otros dos que lo fueron en la anterior legislatura, y dos arquitectos del ayuntamiento han sido imputados. Su defensa jurídica, presupuestada en 38 mil euros, se cargará a las arcas municipales.

Una de las construcciones de Caravan Garden.

El pasado 14 de enero se convocaba un Pleno extraordinario para aprobar la creación de una partida presupuestaria para la asistencia letrada en el procedimiento abreviado 2044/2014. En él se imputaba a tres miembros de la actual corporación: el alcalde, Guillermo Celeiro (PP) y los concejales Eduardo Recio (PSOE) y María Ruth López (IPA). Se hacía constar que “en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad se han visto imputados por unos hechos sobre los que no tienen responsabilidad penal alguna relativa a la autoconstrucción de edificiaciones no autorizables realizadas por los proindivisionarios de las parcelas ‘El Lago’ y ‘Las Encinas’ hace más de 15 años”.
Para ello se aprobó modificar el expediente de créditos del vigente Presupuesto Municipal dando de baja una partida de 8 mil euros correspondiente al alumbrado público y otra de reparación de agua y viales por un montante de 30 mil. Con ello se crea una nueva partida de 38 mil euros para la defensa jurídica de los miembros de la corporación.
Recordemos que el Tribunal Supremo resolvió incluir la indemnización de gastos jurídicos solo cuando la inculpación tiene su origen en una actuación administrativa en el cumplimiento de las funciones atribuidas y cuando las intervenciones no han sido llevadas a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político.
El ex alcalde José Luis Tello y su compañero de partido (ALDEAC) Antonio Rodríguez han anunciado que renuncian a que los vecinos costeen sus gastos de defensa argumentando que “las cosas o son blancas o son negras, si anteriormente cuando los imputados eran otros los actuales gobernantes dijeron que eso era un tema particular y que cada uno tenía que pagarse lo suyo, ahora es lo mismo”, argumentaba Tello, para quien la responsabilidad es de quien permitió la ubicación del cámping, allá por 1982. Agustín Calvo, teniente de alcalde por aquel entonces niega este punto resaltando que las irregularidades se producen a partir de 2003 cuando el Seprona comenzó a denunciar. “En aquella época era estrictamente un cámping y no había nunguna edificación como tal, es después cuando se han construido unas 60 viviendas” matiza Calvo.
El pasado verano saltaba la noticia de la condena al propietario de una parcela con vivienda en el enclave de Caravan Garden, cámping-urbanización colindante con el Safari Madrid en el que se ha construido ilegalmente en suelo rústico no urbanizable, declarado por la Unión Europea como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para la Avifauna). En 1982 el terreno se dividió en 470 parcelas como cámping de auto caravanas y tiendas de campaña, uso de recreo compatible con la restricción derivada de la protección ambiental, pero algunos propietarios fueron más allá e iniciaron construcciones irregulares como viviendas fijas de cemento y ladrillo, techumbres metálicas y vallados de hormigón, mientras las autoridades miraban hacia otro lado.
Pero hace seis años un vecino puso una denuncia contra varias construcciones irregulares, y agentes del Seprona acudieron a la finca. Poco después la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó la imputación de más de 40 vecinos que residen allí, lo que puso de manifiesto la verdadera magnitud del problema
Caravan Garden sigue apareciendo en anuncios de venta de parcelas en inmobiliarias como propiedades a precio de suelo urbano. Pero lo cierto es que ahora es un caótico cúmulo de caravanas y edificaciones con intricadas callejuelas donde apenas cabe el tránsito de un coche. Alberga un par de bares, uno de ellos como club social de encuentro en una sólida y amplia construcción.
Entre las más graves alteraciones está la carencia de depuradora y la contaminación de las aguas subterráneas y, por tanto, los ríos y acuíferos de la zona, por vertido de aguas residuales en pozos negros o directos al arroyo de los Terneros.