La norma que pretende “modernizar” la administración pública madrileña no se ha sometido a debate parlamentario y ha pretendido eludir la participación social al abrir los plazos en plenas fechas navideñas.
FACUA Madrid ha mostrado su apoyo a la solicitud realizada por diferentes organizaciones sociales madrileñas de retirar de forma momentánea la denominada Ley Ómnibus, que pretende modificar la normativa por la que se rige la Administración pública de la Comunidad de Madrid.
Las entidades han criticado la falta de participación social en el texto ya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó en el portal de transparencia el pasado 23 de diciembre el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo, en plenas fechas navideñas, un plazo para alegaciones de siete días hábiles además de reducir el debate parlamentario al tramitarse por vía de urgencia.
¿Qué modifica la Ley Omnibús?
En concreto, el Anteproyecto modifica 33 leyes y 5 decretos vigentes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales, la Administración digital o la Agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre otros.
En este sentido, las entidades denuncian además que bajo el falso enunciado de “impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid”, se introducen medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos.
Por ello, las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran FACUA Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), Ecologistas en Acción de Madrid, los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid, entre otros, exigen que se amplíen, al menos un mes, los plazos de trámites de audiencia e información pública del citado Anteproyecto o que se anule todo el procedimiento. Además, han impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org y en menos de cuatro días son más de 13.000 personas las que se han unido.