• La Plataforma de Afectados por las Licencias San Martín se dispone a tomar acciones legales.
• Un conflicto que podría extenderse a otros municipios de la comarca que admiten los informes de arquitectos no funcionarios para la concesión de licencias.

Según el representante de la Plataforma de Afectados por las Licencias San Martín, Daniel Uriol, desde hace dos años “los vecinos de San Martin están viviendo un episodio catastrófico, al no estar concediéndose licencias urbanísticas de obra mayor, afectando a constructores, particulares, y a todos los oficios relacionados con la construcción, derivado por cuestiones políticas”. Un conflicto que podría extenderse a otros municipios de la comarca que admiten los informes de arquitectos no funcionarios para la concesión de licencias
Dicha plataforma se formó a partir del conocimiento del parón urbanístico. Un afectado decidió crear un grupo apolítico (Facebook: Afectados Licencias San Martín), con la única intención de mediar entre los partidos para encontrar una solución y poner fin al bloqueo que está causando graves pérdidas y molestias a los afectados, y al pueblo en general al no permitir el desarrollo urbanístico. La plataforma cuenta con medio centenar de personas (de los 200 afectados por las licencias) que se han puesto en contacto directo con la Plataforma, apoyando activamente las decisiones que va tomando la Plataforma como colectivo.
Tuvieron una primera reunión con la alcaldesa del PP, Mercedes Zarzalejo, el 3 de febrero para entender el problema y las causas de no darse las licencias y esta argumentó que “según lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, en su artículo 92, que dice: Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera…, y en San Martin no contamos con un funcionario, por ello, la solución es la encomienda de servicio y la aprobación de la RPT para crear el puesto en el pueblo”. Para Uriol el problema es que “llevan alrededor de 6 plenos, presentando las posibles soluciones, siendo siempre rechazadas en por los dos concejales no adscritos y los concejales del PSOE”.
Con esta situación, el representante de la plataforma se reunió con la oposición el 12 de marzo, encontrando “pocas ganas de diálogo y de desbloqueo por parte del PSOE” que se basaban en un informe del 3 de noviembre de 2020 por el Subdirector General de Inspección y disciplina urbanística de la Comunidad de Madrid que indicaba que “los ayuntamientos pueden disponer de personal técnico contratado en régimen de derecho laboral o que preste servicios mediante un contrato administrativo de servicios, para la emisión de informes técnicos que sean tomados como base para la adopción de resoluciones”. La plataforma argumentó entonces que ese informe no tenía validez jurídica ni era aplicable para la situación de San Martin. Durante la reunión acordaron que se pediría una aclaración al nuevo Subdirector General.
La plataforma se puso en contacto vía email con Antonio Javier Marín, nuevo subdirector de Disciplina Urbanística para la aclaración del informe del 3 de noviembre de 2020, y ver cómo se podría aplicar a San Martín, recibiendo como respuesta:
“…El informe en cuestión se emitió en el contexto de otros municipios y referido a cuestiones relativas a la disciplina urbanística, sin que el mismo, además, en ese contexto tenga carácter preceptivo ni vinculante para sus destinatarios. En consecuencia, con lo anterior la utilización indebida de ese informe fuera del expediente en el que fue dictado no puede considerarse aceptable…”
Con la respuesta del subdirector, la plataforma volvió a tener una reunión el 30 de marzo con el PSOE y los dos concejales no adscritos, a la que acudieron alrededor de 15 afectados y en la que el PSOE “no quiso ni escuchar lo que decía el email ni verlo, negándose en redondo a dar una solución, viviéndose momentos dramáticos en el salón por la frustración de algunos afectados”, según relata Daniel Uriol, que añade que “el argumento del PSOE a sabiendas que no era legal firmar las licencias fue “Todos los trabajos tienen su responsabilidad y riesgo y es la alcaldesa quien tiene que firmar las licencias”.
Ante esta situación buscaron soluciones en otros organismos:
– Al Defensor del Pueblo, hasta en 8 ocasiones, dando las mismas conclusiones que se daban desde la Alcaldía, la RPT o la encomienda, siendo la respuesta: que “es evidente la voluntad de la Alcaldía y de hecho esta institución valora de forma positiva sus esfuerzos para buscar una solución a la grave situación de bloqueo que se está produciendo en el seno de la administración local en la concesión de las licencias. El Defensor del Pueblo ha de aceptar la explicación ofrecida en el informe remitido y confiar en que en algún momento se alcance un consenso en el seno del pleno y pueda aprobarse alguna de las medidas propuestas…”
– Desde COSITAL (Consejo de Secretarios), emitieron un informe a finales de mayo demoledor sobre la utilización de personal técnico no funcionario en materias urbanísticas, con la conclusión del informe:
“…En definitiva, entendemos desde esta Junta de Gobierno, que las competencias de asistencia técnica a los municipios que corresponden a la Comunidad de Madrid, y en particular a la Dirección General de Urbanismo en materia urbanística, no pueden prestarse sin habilitar la estructura y los medios personales para ello y que, careciendo de los mismos, es preciso habilitar soluciones…”
– Y de nuevo a través de un Registro se solicitó aclaración del informe y conocer la solución, a la Subdirección General de Urbanismo, recibiendo como respuesta:
“En relación a la segunda cuestión conforme a lo establecido en artículo 154.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el otorgamiento de la licencia urbanística irá precedido de los correspondientes informes técnico y jurídico, emitidos por la Administración Local correspondiente, en concordancia con el articulo 25.2 a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local que establece como competencia propia del municipio el Urbanismo, con el planeamiento, gestión ejecución y disciplina urbanística”.
“Habiendo quedado claro por los distintos organismos, que solamente hay una opción viable (la encomienda del servicio y la RPT) y viendo que desde la oposición mantienen sus intereses personales sobre los de los vecinos del pueblo” desde la plataforma junto con sus abogados están recogiendo toda información para la preparación de una demanda por prevaricación al considerar que “los concejales están faltando conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia”. El próximo pleno será el 28 de julio, y desde la plataforma avisan que si no se aprueba la encomienda se continuará con la demanda judicial, puntualizando además que “en caso de aprobarse la plataforma cesará su actividad”.

FOTO: Facebook/Ayuntamiento San Martín de Valdeiglesias.