• Denuncia que la falta de este mecanismo obliga a muchas madrileñas a viajar al extranjero para ejercer su derecho.

El debate sobre el derecho al aborto volvió a encenderse esta semana en el Senado, donde el PSOE denunció que la Comunidad de Madrid continúa sin aplicar el registro de objetores de conciencia que exige la legislación estatal. La iniciativa socialista, defendida por el senador madrileño José Manuel Franco, fue finalmente rechazada por la mayoría de PP y Vox, que sumaron 142 votos frente a los 114 favorables y 3 abstenciones.

La moción instaba a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cumplir tanto la ley como las resoluciones judiciales que obligan a disponer de un registro oficial de profesionales sanitarios que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Según Franco, la ausencia de este instrumento está provocando que cada vez más mujeres madrileñas se vean obligadas a desplazarse fuera de España para ejercer un derecho reconocido. “La mitad de las mujeres que abortan en Bruselas son madrileñas”, subrayó el senador.

Un choque político cargado de acusaciones

El debate estuvo marcado por la tensión. Franco recordó unas polémicas declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde respondió a las críticas sobre el incumplimiento de la ley con un contundente: “Váyanse a abortar a otra parte”. Para el senador socialista, no se trata de “una frase tabernaria de un ultra antiabortista”, sino de una afirmación pronunciada “en sede parlamentaria por la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El parlamentario acusó además al PP madrileño de hablar de “falsas listas negras” de sanitarios objetores mientras, a su juicio, “señalan a periodistas incómodos” y “se ponen del lado del presunto acosador” en casos como el del Ayuntamiento de Móstoles. También ironizó sobre la “doble personalidad” política de Ayuso, a quien situó “entre portavoz de Trump en España y alumna de Milei”, en referencia a los discursos de ambos líderes.

Un derecho respaldado por Naciones Unidas

Franco recordó que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo está amparado por Naciones Unidas y que ha sido el PSOE quien históricamente ha impulsado los avances legislativos en España: desde la ley de 1985 hasta las reformas de 2010 y 2023. Esta última obliga expresamente a crear registros de objetores en todas las comunidades autónomas.

José Manuel Franco, senador por Madrid.

El senador defendió que estos registros no solo protegen a las mujeres, sino también a los propios profesionales sanitarios, que quedan exentos de ser obligados a practicar abortos en contra de su voluntad. Además, permiten organizar los recursos públicos para garantizar que el derecho se ejerza en la sanidad pública sin obstáculos.

El PSOE anuncia nuevas iniciativas

Franco cerró su intervención citando a la activista Margaret Sanger: “Ninguna mujer puede considerarse libre si no controla su propio cuerpo”. Y anunció que el Gobierno de España llevará al Congreso una iniciativa para blindar el derecho al aborto en la Constitución, reforzando así su protección frente a posibles retrocesos.

Mientras tanto, el choque político continúa. La negativa de PP y Vox a respaldar la moción mantiene abierto un debate que, lejos de apagarse, promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política madrileña y nacional