• La ASEM112 ha remitido una carta a los 179 municipios de la región con las recomendaciones y obligaciones incluidas en el Plan INFOMA 2026.

  Antes del inicio de este periodo, del 15 de junio al 30 de septiembre, los propietarios deben revisar y desbrozar la vegetación en sus parcelas y en una franja perimetral.
  Además, está prohibido el uso del fuego y el lanzamiento de pirotecnia, salvo autorización expresa, que se requerirá también en la utilización de maquinaria agrícola.

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de la región recordándoles las medidas preventivas a aplicar ante la época de riesgo alto de incendios forestales, comprendida entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. El objetivo de esta iniciativa es minimizar tanto la incidencia como la virulencia de estos siniestros.
En la misiva remitida a los 179 municipios, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ofrece una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOMA 2026). Entre ellas, se solicita a los consistorios la colaboración para que se realicen las labores preventivas que procedan en los terrenos de su titularidad.
Asimismo, que los ayuntamientos informen a los particulares sobre la obligación de revisar y desbrozar la vegetación en sus parcelas y en una franja perimetral. Así, los restos generados se tienen que depositar en puntos limpios o en vertederos habilitados, evitando su acumulación en lugares no aptos.
Además, está prohibido el uso de fuego en terreno forestal y en una franja de 400 metros circundantes, y el lanzamiento de elementos que puedan provocar ignición, tales como cohetes y artefactos pirotécnicos, salvo autorización expresa, bajo las medidas de seguridad correspondientes.
Estos requerimientos también se dan en el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, como la agrícola, material de corte o soldaduras, entre otros. Igualmente se incide en la necesidad de extremar la precaución en las zonas de interfaz urbano-forestal y mantener operativos los medios contraincendios disponibles, como las redes de hidrantes, sistemas de riego o reservas de agua.
Además, para las localidades situadas en áreas de alto riesgo de incendio forestal es obligatorio elaborar un bando municipal con medidas preventivas específicas, que se recomienda al resto de poblaciones de la región. Asimismo, la ASEM112 destaca la importancia de los planes de autoprotección de urbanizaciones aisladas o alejadas de la zona urbana, así como las tareas de inspección y control por parte de los consistorios.

• El conjunto de las reducciones contempladas supone una rebaja de la base imponible estimada en 8 millones de euros en la Comunidad de Madrid
  La orden establece reducciones para sectores específicos del 50 % en apicultura y del 30 % en el de ovino y caprino
  Se han aprobado minoraciones de índices de rendimiento neto sectoriales específicos por comunidades autónomas, provincias y municipios
  Se mantiene la minoración en el rendimiento neto para los ganaderos por el uso de piensos adquiridos a terceros y para los agricultores que hayan utilizado electricidad para el riego.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 18 de mayo la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.
Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025.
Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.
Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre.
En la Comunidad de Madrid la reducción de la base imponible se estima en ocho millones de euros para aproximadamente 24.500 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.
Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.
Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.
También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.
Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).
En la Comunidad de Madrid los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

– Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09
– Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18
– Apicultura de 0,26 a 0,13

Se efectúan también reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal:

– Avicultura: en 1 municipio
– Cereales: en 10 municipios
– Cereales: Avena en 2 municipios
– Cereales: Cebada en 4 municipios
– Cereales: Centeno en 4 municipios
– Cereales: Trigo blando en 5 municipios
– Cereales: Triticale en 2 municipios
– Forrajes: Alfalfa en 4 municipios
– Leguminosas en 15 municipios
– Leguminosas: Garbanzo en 5 municipios
– Leguminosas: Guisantes grano en 1 municipio
– Leguminosas: Lentejas en 3 municipios
– Oleaginosas en 1 municipio
– Oleaginosas: Colza en 4 municipios
– Productos del olivo en 2 municipios (incendio)
– Productos hortícolas: Ajo en 4 municipios
– uva para vino con D.O. en 2 municipios (incendio)

• El Cuerpo de Bomberos regional determina los espacios donde es necesario realizar podas, desbroces y repaso de cortafuegos.
• Durante ocho meses, estos servidores públicos trabajan para reducir la vegetación susceptible de convertirse en combustible y evitar el avance rápido del fuego en la zona.
• El 71,2% de la superficie se limpia a través del ganado, incluido en el programa autonómico de pastoreo preventivo.
• El equipo de retenes intervendrá directamente en 1.525 hectáreas de monte, zonas de interfaz urbano-forestal y 74,6 kilómetros de pistas en cerca de 50 municipios.

La Comunidad de Madrid está actuando en 5.298 hectáreas de terreno forestal con el fin de reforzar la prevención de incendios antes del verano, la época de mayor riesgo de estos siniestros. El Cuerpo de Bomberos autonómico es el encargado de determinar las zonas donde es necesaria la realización de estos trabajos que consisten, principalmente, en podas, desbroces y repaso de cortafuegos.
Estas labores se llevan a cabo durante los ocho meses considerados de riesgo medio y bajo, en áreas próximas a viviendas y lugares con alta densidad de vegetación. El objetivo es reducir la espesura que es susceptible de convertirse en combustible, evitando así el avance y la rápida propagación del fuego. Además, se adecúan caminos rurales para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.
El 71,2% de la superficie (3.772,59 hectáreas) a preparar se desbroza a diente mediante el ganado que forma parte del programa autonómico de pastoreo preventivo, con rebaños de ovejas, cabras, vacas y caballos. La Comunidad de Madrid puso en marcha esta iniciativa en 2011, con la que los técnicos del Cuerpo de Bomberos acuerdan con los distintos ganaderos las zonas de actuación y reciben una compensación económica por este servicio. El año pasado participaron 85 explotaciones, con un total de 21.374 cabezas de ganado.

FOTOS: Comunidad de Madrid.

Por su parte, el equipo de retenes forestales actúa directamente sobre 1.525 hectáreas de monte, lugares de interfaz urbano-forestales y cortafuegos con labores de desbroce, poda, corte de ramas y eliminación de restos vegetales en áreas previamente definidas por los servicios técnicos de los bomberos. Estos trabajos son realizados por 304 profesionales, organizados en grupos de 10 personas y dotados de maquinaria manual y pesada, hasta el inicio del periodo de alto riesgo.
Con la llegada del verano, el dispositivo se refuerza hasta alcanzar los 419 efectivos, que pasan a integrarse como bomberos forestales formando parte del operativo del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

ACTUACIONES EN CERCA DE 50 MUNICIPIOS
Además, este equipo también trabaja en la adecuación de 74,6 kilómetros de pistas forestales que permiten mejorar el acceso de los medios de extinción. Todas sus labores se desarrollan en cerca de medio centenar de municipios, distribuidos en seis áreas: Lozoya-Somosierra, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Zona Centro, Sur-Occidental, Campiña del Este y Comarca de las Vegas.
Estas intervenciones permiten reducir la carga de combustible vegetal, lo que contribuye a frenar la propagación del fuego, disminuir la intensidad de las llamas y evitar que alcancen las copas de los árboles. De este modo, se incrementa la seguridad de los equipos de intervención y se facilita un control más rápido y eficaz de los incendios.
La superficie sobre la que se tiene previsto actuar puede variar por las consecuencias de fenómenos meteorológicos adversos, por la nidificación de especies protegidas o porque en algunas zonas haya más vegetación de la prevista, entre otros motivos.

• El Consejo de Ministros autoriza, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la distribución de 200 millones de euros a los gobiernos autonómicos destinados a financiar programas de acción social y cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables.
• Con esta inversión, el ministerio de Derechos Sociales reafirma su compromiso con unos servicios sociales públicos, accesibles y de calidad, capaces de ofrecer respuestas eficientes ante situaciones de necesidad.
• El Gobierno también ha aprobado una declaración institucional por el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de mayo.
• Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que incluye a la liga profesional de fútbol femenino como beneficiaria directa de la recaudación del impuesto sobre apuestas deportivas.

El Gobierno ha autorizado el 5 de mayo en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 25,2 millones de euros a la Comunidad de Madrid para la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias.
La inversión total propuesta para las comunidades y ciudades autónomas moviliza 200 millones de euros (198.704.000 €) para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. Esta inversión, que parte del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se va a transferir a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, y va a servir para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local. Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
En concreto, la inversión se articula en tres grandes programas. El primero, dotado con 65 millones de euros, de los cuales 6,5 son para la Comunidad de Madrid, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar. Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.
El segundo programa, con 25 millones, reforzará los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, con una apuesta clara por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). De esta partida, 3,5 millones de euros le corresponden a la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros, siendo 15,1 para la Comunidad de Madrid, asegurará el acceso a prestaciones clave como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social. Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Derechos de las Personas con Discapacidad
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebró el pasado 3 de mayo, en su vigésimo aniversario.

La declaración pone en valor los avances logrados en España en materia de igualdad, inclusión y garantía de derechos, y destaca medidas en materia de no discriminación, derechos en la infancia y la educación, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, accesibilidad universal o el acceso a la justicia Asimismo, subraya el compromiso del Gobierno con la plena participación social, económica y política de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas.

Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas
Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha sido proponente, junto a los ministerios de Educación, Hacienda e Igualdad, del Real Decreto por el que se regula la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas, en la que se establece que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de dicha recaudación, lo que refuerza el papel del deporte femenino en el sistema deportivo español y avanza hacía una mayor equidad en la financiación.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones al Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias y a su Documento Inicial Estratégico, denunciando la falta de transparencia en la categorización de estos caminos ancestrales, la priorización del ocio sobre la conservación y un nuevo intento de desproteger el dominio público autonómico para cederlo a los ayuntamientos como zonas verdes.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado alegaciones al proyecto de Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid (PUGVP) y al Documento Inicial Estratégico (DIE) del procedimiento de evaluación ambiental que se tramitan en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. La organización denuncia que el plan, que debe fijar las normas de uso de este dominio público de gran valor ambiental y cultural, adolece de falta de rigor. La aprobación de este plan es una obligación recogida en la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Un nuevo intento de desproteger las vías pecuarias

El PUGVP contiene determinaciones especialmente graves, permite que las vías pecuarias se consideren como suelo urbano y puedan ser entregadas a los ayuntamientos como zonas verdes. Sin embargo la Ley de Vías Pecuarias establece claramente que son bienes de dominio público de titularidad de la Comunidad de Madrid y que deben clasificarse como suelo no urbanizable protegido, incompatible con zona verde.

No es la primera vez que se intenta rebajar la protección de la red pecuaria madrileña. En enero de 2026, el gobierno regional promovió una modificación legal para sustituir la obligación de clasificar las vías como suelo protegido por un concepto ambiguo, lo que fue interpretado como un intento de allanar el camino para proyectos como el Circuito de Fórmula 1. Finalmente, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación retiró aquella modificación tras las denuncias ecologistas y vecinales. Sin embargo, el objetivo de desproteger y ceder el dominio público pecuario se reintroduce ahora enmascarado dentro del articulado del Plan de Uso y Gestión y de su documento ambiental.

Categorización sin justificación

El PUGVP introduce el concepto de categorización de vías pecuarias y las divide en tres rangos: Red Básica, Complementaria y Residual, una jerarquización que carece de habilitación expresa en la Ley de Vías Pecuarias y en su Reglamento. La administración no ha facilitado el acceso al estudio de 2024 en el que se basa esta categorización, pese a las reiteradas solicitudes de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura que forman la Plataforma Ecologista Madrileña y de los vocales ecologistas en la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. “Sin conocer los criterios de valoración, es imposible verificar si la asignación, en categorías, de cada tramo de vía pecuaria es adecuada”, afirma la organización.

El ocio por delante de la conservación

Otra crítica de la Plataforma es que el nuevo plan otorga una relevancia excesiva a los usos recreativos, elevando el ocio a fin autónomo frente a la jerarquía legal que sitúa la conservación y el tránsito ganadero como fines prioritarios. Expresiones como “adaptar las vías pecuarias al ocio” invierten la lógica protectora: estos caminos deben ser disfrutados en sus propios términos, como espacios rústicos, no como parques lineales para el ocio masivo, asevera la organización ecologista.

Imagen de la red de vías pecuarias jerarquizada por categorías según el visor del Documento Inicial Estratégico del Plan de Uso y Gestión.
Red Básica (verde), Red Complementaria (naranja), Red Residual (rojo).

A juicio de la Plataforma, el Plan debería orientarse decididamente a reactivar el desplazamiento ganadero por las vías pecuarias, pues el tránsito del ganado constituye la forma más natural y eficaz de conservar estos caminos. El pastoreo y la trashumancia gestionan la vegetación, mantienen hábitats abiertos y evitan intervenciones agresivas. Sin embargo, el proyecto opta por un enfoque que prioriza el ocio y el uso público, diluyendo la jerarquía de usos que establece la Ley.

Por todo ello, la organización solicita que durante la tramitación se reconsidere estos aspectos y se garantice un Plan de uso y Gestión de las Vías Pecuarias transparente, riguroso y respetuoso con la conservación del patrimonio pecuario madrileño.

• Correos facilita la contratación a través de la página web elcaminoconcorreos.com del envío de vuelta de las bicis a los lugares de origen de los peregrinos.
• Cajas más grandes, un seguro ampliable y el servicio online son las novedades que estrena el servicio del Paq Bicicleta de Correos.
• El servicio cobra especial relevancia en Madrid, que destaca por ser la segunda comunidad con mayor número de personas peregrinas en el Camino de Santiago

Correos pone a disposición de los peregrinos y peregrinas de la Comunidad de Madrid que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta a sus lugares de origen.

El Camino con Correos estrena esta novedad en el Paq Bicicleta, que hasta ahora solo podía solicitarse en oficina: la contratación a través de la página web permite dejar todo reservado antes de iniciar la Ruta Jacobea y así evitar la preocupación de cómo hacer regresar la bicicleta de vuelta a casa.

Esta mejora del servicio cobra especial relevancia en comunidades con una larga tradición jacobea como Madrid, que desde hace varios años destaca por ser la segunda Comunidad Autónoma con el mayor número de personas peregrinas a nivel nacional. De acuerdo con la Oficina de Acogida al Peregrino, la Comunidad de Madrid volvió a ocupar el segundo lugar en 2025 con la participación en el Camino de Santiago de más de 40.600 personas peregrinas, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2024.

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un sencillo formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la oficina principal de Correos de Santiago – situada a dos minutos de la Catedral-, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Además, para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto) para poder embalar las bicis con el mínimo desmontaje.  Contarán con un seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades, y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento. Los peregrinos podrán realizar envíos todos los días, de lunes a domingo, festivos incluidos, de 08:30 a 20:30 horas.

El Paq Bicicleta es uno de los servicios más útiles para los peregrinos que eligen Correos para ayudarles con la logística en el Camino de Santiago, junto con el Paq Mochila para el transporte de mochilas etapa a etapa, el Paq Peregrino, para el envío de maletas, paquetes y enseres, o la consigna en Santiago de Compostela para visitar la Catedral y la ciudad libres de cargas. Toda la información está disponible en www.elcaminoconcorreos.com

• El documento, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, actualiza el marco de actuación autonómico adaptándose a la normativa estatal y de la UE.
• Se incorporan y consolidan los Planes Sanitarios del Agua para identificar y controlar los riesgos desde las captaciones hasta el punto de consumo.
• En los controles analíticos se incluyen sustancias de preocupación emergente, como el bisfenol A, PFAS o uranio.

La Comunidad de Madrid refuerza la protección de la población con el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo 2026/30. Elaborado por la Dirección General de Salud Pública, regula la supervisión y el control de la calidad de este recurso natural destinado al consumo humano.
El documento actualiza el marco de actuación autonómico en la materia y se adapta a la normativa vigente, en particular a la Directiva 2020/2184 de la Unión Europea y al Real Decreto 3/2023, incorporando un enfoque preventivo basado en la evaluación y gestión del riesgo.
Entre las principales novedades del Programa destaca la incorporación y consolidación de los Planes Sanitarios del Agua (PSA) como herramienta fundamental para identificar y controlar los riesgos desde las captaciones hasta el punto de consumo. Estos se aplicarán tanto en las zonas de abastecimiento como en los edificios prioritarios, como centros sanitarios, residencias de mayores, centros educativos u otros inmuebles de uso público.
Esta iniciativa de la sanidad pública madrileña detalla, además, las responsabilidades de las distintas Administraciones, operadores y titulares de instalaciones, y refuerza los protocolos de autocontrol, que deberán mantenerse actualizados y disponibles para la autoridad sanitaria.
Junto con el seguimiento de la lista de observación prevista en la legislación estatal y europea, el Programa amplía, por otra parte, el control analítico del agua de consumo incorporando nuevos parámetros y sustancias de preocupación emergente: entre ellos, el bisfenol A (compuesto con el que se fabrican plásticos y resinas); PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas); ácidos haloacéticos; clorito; clorato; o uranio.

Asimismo, se refuerza el control sobre los materiales en contacto con el agua, las instalaciones con presencia de plomo, la vigilancia de la radiactividad natural, la gestión de incidencias y la calidad del agua utilizada en la empresa alimentaria. Con el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo 2026/30, la Comunidad de Madrid consolida las actuaciones de inspección, muestreo y control oficial desarrolladas por la Dirección General de Salud Pública, e impulsa la coordinación con ayuntamientos, operadores y otras Administraciones competentes.
La información sobre la calidad del agua se gestiona a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), que facilita la transparencia y el acceso de la ciudadanía a datos actualizados sobre la que consume.

COMPROMISO CON LA SALUD PÚBLICA
El Programa es un documento abierto y flexible, que permitirá incorporar futuras actualizaciones normativas o técnicas.
La Comunidad de Madrid reafirma así su compromiso con la protección de la salud pública y con el derecho de los ciudadanos a disponer de agua potable segura y de calidad, como elemento esencial para el bienestar de la población.

La Sociedad Caminera del Real de Manzanares ha presentado un extenso documento de alegaciones al Proyecto de Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias (PUGVP) de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 3 de marzo por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y sometido a información pública hasta el 30 de abril. El periodo de exposición coincidió parcialmente con la Semana Santa, lo que, según la entidad, ha dificultado un análisis más profundo de una documentación amplia y compleja.

El plan, publicado en el BOCM del 30 de marzo, establece los fines, objetivos y estrategias para configurar una red de vías pecuarias funcional y coherente con el desarrollo de los municipios. Incluye zonificaciones, criterios de uso, tipologías de usuarios y vehículos, así como una categorización de la red en tres niveles —básica, complementaria y residual— que determinará las prioridades de conservación, recuperación y posibles desafectaciones. Además, incorpora un visor interactivo con mapas y capas informativas que muestran la situación actual y las propuestas de modificación.

FOTO: Sociedad Caminera del Real de Manzanares.

Sin embargo, la Sociedad Caminera advierte de importantes carencias en el documento. Entre ellas, señala la falta de transparencia en la metodología empleada para evaluar y clasificar los tramos, la inconsistencia entre los objetivos declarados y las medidas propuestas, y la ausencia de criterios claros para actuar sobre la red residual. También denuncia sesgos en la categorización de ciertos tramos como residuales y en las desafectaciones planteadas, que podrían responder a intereses particulares de algunos ayuntamientos. A ello se suma la escasa información sobre los procesos de desafectación y sus consecuencias, así como un análisis económico poco claro, especialmente en lo relativo a la financiación privada.

FOTO: Sociedad Caminera del Real de Manzanares.

Ante estas deficiencias, la entidad —en colaboración con otras asociaciones afines— ha presentado alegaciones basadas en dos demandas principales: la ampliación del plazo de exposición pública y el rechazo del proyecto inicial, solicitando una revisión completa del plan. Consideran que un documento de esta trascendencia para el patrimonio natural, cultural y territorial de la región requiere un debate más amplio, transparente y participativo.

La Sociedad Caminera recuerda que las vías pecuarias constituyen un legado histórico y ambiental único, cuya protección debe abordarse con rigor técnico y con una visión de futuro que garantice su conservación y uso público.

• El primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios detecta la escasez de recursos de las comunidades de propietarios: el 84 % considera económicamente difícil adaptar su edificio.
• En siete de cada diez ocasiones, disponer de ascensor no garantiza llegar a la vivienda por la existencia de puertas pesadas (87 %), botones altos (85 %) o falta de espacio (78 %).
• Escalones en los accesos (48%); portales que se cierran rápidamente (53 %) o son pesados (30 %), son algunas de las barreras arquitectónicas más frecuentes.

Aunque salir de casa parezca un acto cotidiano, para los más de 264.900[1] de madrileños con movilidad reducida resulta todo un desafío, condicionado por escalones, puertas imposibles o ascensores poco adaptados o inexistentes. Únicamente el 2 % de los cerca de 559.000 de edificios residenciales[2] -unos 11.100- ofrecen un recorrido completamente accesible desde la calle a la puerta de vivienda para una persona en sillas de ruedas, mientras que el 98 % presenta, al menos, una barrera.

Así lo revela la primera edición del Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, un informe de carácter anual que, partiendo de estudios históricos y actuales realizados por la entidad, nace con la vocación de convertirse en un barómetro de referencia para medir la evolución de la accesibilidad en los edificios de viviendas y su impacto en la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.

“Una vida libre e independiente empieza en lo más cotidiano: poder entrar y salir de casa sin ayuda. Cuando el entorno no está preparado, esa autonomía se diluye y acaba por convertir a millones de personas en prisioneras de su propio hogar”, señala Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

Presentado con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente, que reivindica el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma autónoma para participar plenamente en la sociedad, el primer Barómetro de la Accesibilidad analiza el recorrido desde la calle a la vivienda para mostrar que las barreras arquitectónicas se inician incluso antes de entrar. Un 69 % no son accesibles desde la calle al portal y, en el 48 % de los casos, el motivo es un simple escalón. Además, en las ocasiones en que existe una rampa, es frecuente que no cumpla su función, ya un 40 % carece de barandilla.

Una vez situados en el portal de acceso al edificio, el 64 % de las fincas no son accesibles: aunque las puertas de entrada son generalmente anchas (89 %), en casi la mitad de los casos (47 %) no se sostienen solas o se cierran lentamente, y un tercio presenta dificultades de apertura por su peso (30 %). Además, solo un 42 % de los porteros automáticos están a la altura de una persona en silla de ruedas y, una vez dentro, rutinas como recoger el correo se convierten también en un problema, ya que tres de cada cinco buzones son inalcanzables.

Pero la carrera de obstáculos para llegar a la vivienda continúa. Si el edificio dispone de ascensor -inexistente en el 15 % de las fincas madrileñas-, acceder no está garantizado: el 43 % cuenta con un desnivel que no se salva adecuadamente. Y, en su interior, las dificultades continúan: puertas pesadas (87 %), botones demasiado altos (85 %), tiempos de cierre insuficientes (83 %) o falta de espacio (78 %) son solamente algunas de las eventualidades que hay que salvar. Por ello, el informe señala que el 64 % de los ascensores no cumple los criterios de accesibilidad física para su uso en silla de ruedas. Y finalmente, en el caso de optar por las escaleras, tampoco se posicionan como una alternativa viable para las personas con movilidad reducida, ya que tres de cada cinco no disponen de barandillas a ambos lados.

Una brecha en la percepción

¿Somos conscientes de la falta de accesibilidad de nuestro edificio? El primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios identifica una brecha en la percepción de la accesibilidad en el edificio. Los madrileños que no tienen problemas de movilidad la puntúan con un 7, pero si se califica desde la perspectiva de quienes sí los tienen, la valoración desciende hasta el 5,7.

A la falta de concienciación para mejorar las condiciones de accesibilidad de un edificio, el informe detecta la escasez de recursos de las comunidades de propietarios. El 71 % de los edificios no han acometido mejoras en los dos últimos años y el 56 % no prevé hacerlo en el corto plazo. El coste económico y la falta de iniciativa vecinal figuran como los principales frenos ya que adaptar el edificio para vivir en silla de ruedas se percibe como inviable: el 84% lo considera económicamente difícil.

“En un contexto de envejecimiento poblacional, con mayor esperanza de vida, garantizar entornos accesibles no debería entenderse como un gasto, sino como una inversión imprescindible para garantizar la calidad de vida en nuestro futuro más próximo”, concluye Cristina Pallàs.

[1] INE. Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia. 2020

[2] INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios                         

• Los agentes forestales recomiendan medidas de protección ante la llegada del buen tiempo, que favorece la proliferación de estos arácnidos.
• Son artrópodos que actúan como parásitos de diferentes animales silvestres y domésticos, especialmente perros, y pueden transmitir enfermedades potencialmente graves.
• En las salidas al entorno natural se aconseja utilizar vestimenta de color claro con manga y pantalón largo, además de botas cerradas y calcetines.
• Se deben evitar las zonas con vegetación alta y revisar la ropa y el cuerpo después de la actividad; en caso de que se adhieran, extraerlas con unas pinzas.

La Comunidad de Madrid alerta sobre los efectos que las picaduras de garrapata pueden provocar en la salud de las personas y mascotas, cuya presencia aumenta con la subida de las temperaturas. Estos arácnidos actúan como parásitos de diferentes animales, tanto silvestres como domésticos, especialmente perros, de los que obtienen alimento mediante la succión de sangre.
En el caso de las personas, su picadura puede conllevar la transmisión de enfermedades de diversa gravedad, entre ellas la borreliosis o enfermedad de Lyme, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la rickettsiosis o la anaplasmosis.
Ante esta situación, y coincidiendo con la llegada del buen tiempo, que favorece la proliferación de estos artrópodos, el Cuerpo de Agentes Forestales autonómico recomienda tomar medidas de protección. Entre ellas, en las salidas al entorno natural, se aconseja vestir prendas claras que faciliten la detección de estos parásitos, así como ropa que cubra la mayor parte del cuerpo -manga larga, pantalón largo, calcetines y calzado cerrado- para reducir la exposición de la piel.
Si se detecta una garrapata adherida, se debe retirar con guantes o pinzas de punta fina, sujetándola lo más cerca de la piel y extrayéndola con un movimiento firme y continuo, siempre en perpendicular. No debe aplastarse, girarse ni extraerse de forma brusca. Estas mismas indicaciones son aplicables en el caso de animales domésticos.
Después, es conveniente limpiar la zona con agua y jabón y vigilar la aparición de síntomas en los días posteriores, como fiebre o alteraciones cutáneas, en cuyo caso se debe acudir a un profesional sanitario. Si no es posible extraerla correctamente, se recomienda acudir a un centro de salud. Asimismo, se desaconseja el uso de remedios caseros como alcohol, aceites o sustancias similares, ya que pueden resultar contraproducentes.

RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
Durante las salidas al campo, los agentes forestales aconsejan caminar preferentemente por el centro de los senderos, evitando el contacto con la vegetación de los márgenes, donde estos parásitos son más frecuentes. También se recomienda no sentarse directamente sobre el suelo en lugares con abundante vegetación, emplear repelentes autorizados y mantener protegidas a las mascotas mediante tratamientos antiparasitarios.
Al finalizar la actividad, es importante revisar detenidamente todo el cuerpo, especialmente zonas como axilas, ingles, cuero cabelludo y ombligo, así como a menores y animales de compañía. Igualmente, se aconseja lavar la ropa utilizada con agua caliente.

• El encarecimiento de combustibles y carburantes eleva la inflación por encima del 4 % y amenaza con tensionar la cadena de suministros si continúa el conflicto.

“Los efectos de la guerra están repercutiendo directamente en los bolsillos de los trabajadores madrileños. Madrid ya partía de una inflación alta durante los últimos meses y vuelve a los niveles de hace tres años. Por eso, necesitamos crear empleo de calidad, subidas salariales dignas y que el Gobierno baje los impuestos para que las familias puedan vivir. En definitiva, un sistema productivo que genere mayor estabilidad y mejore el nivel de vida de los madrileños”, denuncia la secretaria general de USO-Madrid, María Concepción Iniesta.

Se esperaba un mal dato, pero ha sido incluso peor de lo previsto. Los precios se encarecieron un 1,3 % en marzo (su mayor alza en cuatro años), dejando el índice anual en un 4,1 % que no se veía desde febrero del 2023. Madrid ya partía con desventaja respecto al resto de comunidades autónomas y vuelve a liderar el aumento del coste de la vida, siete décimas por encima de la media.
La causa es evidente. El exponencial encarecimiento del barril de petróleo se trasladó a sus derivados de forma inmediata pese a las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto. Combustibles y carburantes subieron un 11,7 % en marzo y son casi un 8 % más caros que hace un año. Como consecuencia, el transporte también experimentó una fuerte subida (+5,1 mensual y +7,3 anual), especialmente el privado (+9,3 y +7,9); el transporte público urbano también es un 20,6 % más caro, aunque en este caso el motivo es otro: el fin de parte de las ayudas de las administraciones central y autonómica.
La situación irá a peor si no se soluciona el conflicto y el efecto dominó se trasladará al resto de la cadena de suministros. De momento, los alimentos (-0,2) y los gastos asociados a la vivienda (-0,1), sobre todo los suministros de electricidad y gas (-0,8), bajaron en el último mes.
La cesta de la compra, de momento, se comportó con moderación. Sin embargo, hay varios productos que siguen siendo mucho más caros que hace un año: la carne de vacuno (+12,5) y de ovino +9,3 (aunque está última ha bajado un 10 % en lo que va del 2026); los huevos (+21,4), las legumbres y hortalizas (+8,3) o el pescado (+6,1). En el lado opuesto, los aceites y grasas (+8,6), el azúcar o las patatas (+1,6).
La inflación subyacente, o estructural, también experimentó su mayor subida mensual en dos años (+0,7) y, tras dos meses de bajadas, volvió a un 3,5 % que seguirá creciendo durante el segundo trimestre. Un duro golpe para las economías familiares si se compara con la subida media salarial pactada por convenio, que se mantiene en un 2,6 %. La pérdida de poder adquisitivo es evidente y enlaza con la anterior, provocada por la guerra en Ucrania.

FAMMA, junto a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y otras entidades de la red, pone en marcha ConVive Rural en Madrid: un programa de apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad en el medio rural, con respaldo del Fondo Social Europeo Plus y Fundación MAPFRE.

Tener discapacidad en numerosos pueblos de la Comunidad de Madrid obliga todavía a muchas personas con discapacidad a elegir entre renunciar a los apoyos necesarios para seguir viviendo en su entorno o abandonarlo.  Para dar respuesta a esta realidad,  el proyecto ConVive Rural llega a la región de Madrid a través de FAMMA, diseñado como una intervención integral para garantizar los cuidados y promover la autonomía de las personas con discapacidad en zonas rurales.

FAMMA desarrollará la línea “ConVive Rural: conectando territorios, cuidados y derechos en la Comunidad de Madrid”, un programa innovador orientado a promover la autonomía personal de las personas con discapacidad, especialmente en entornos rurales o con menor acceso a recursos.

Esta iniciativa se centra en el entrenamiento práctico para la vida independiente mediante la figura del asistente personal, clave en el modelo de apoyos centrado en la persona. El programa permitirá a los participantes adquirir habilidades reales para la gestión de su vida cotidiana, facilitando posteriormente su incorporación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), reforzando y consolidando el uso de esta figura como recurso esencial.

“ConVive Rural” no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también generar un cambio estructural en la forma de entender los cuidados, impulsando un modelo basado en derechos, inclusión y elección personal. Este enfoque supone un antes y un después en los itinerarios de vida autónoma, al ofrecer herramientas reales para decidir cómo, dónde y con quién vivir.

Asimismo, el programa tendrá un impacto directo en las familias, al proporcionarles un apoyo profesional y continuado que reduce la sobrecarga de cuidados y mejora el bienestar del entorno familiar.

En definitiva, “ConVive Rural” conecta territorios, activa recursos y garantiza derechos, posicionándose como una herramienta transformadora para avanzar hacia un modelo de vida independiente real y efectiva en la Comunidad de Madrid.

“Con ‘ConVive Rural’ damos un paso decisivo para garantizar que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida en cualquier territorio, especialmente en aquellos donde los recursos son más limitados. Este programa no solo impulsa la autonomía personal, sino que fortalece el tejido social, reduce desigualdades y transforma el modelo de cuidados hacia uno más justo, cercano y basado en derechos.” puntualiza, Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid

En numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, especialmente en entornos rurales o con menor densidad de población, persiste una clara desigualdad en el acceso a recursos de apoyo a la autonomía personal. La escasez de servicios especializados, junto con la limitada implantación de la figura del asistente personal, ha generado una brecha territorial que condiciona el proyecto de vida de las personas con discapacidad, obligándolas en muchos casos a desplazarse o a depender exclusivamente del entorno familiar.

El programa “ConVive Rural” actúa sobre esta realidad mediante la implantación de itinerarios personalizados de entrenamiento para la vida independiente, apoyados en la figura del asistente personal y en un modelo centrado en la persona. Se ofrecerán apoyos en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, habilidades sociales, gestión del entorno y toma de decisiones, dirigidos a personas con discapacidad con potencial de vida autónoma. El impacto esperado se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida, el arraigo en el entorno rural, la reducción de la sobrecarga familiar y la consolidación de un modelo de cuidados más equitativo y sostenible en el territorio.

Un derecho reclamado por Europa

El desarrollo de iniciativas como ConVive Rural responde a un marco de derechos y prioridades ya definido a nivel europeo. La Comisión Europea recoge en su Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 que “las personas con discapacidad, jóvenes y mayores, tienen el mismo derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad, con las mismas opciones que los demás en cuanto a su lugar de residencia”.

En esta misma línea, España, en su Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, identifica la ruralidad como uno de sus tres asuntos clave y llama expresamente a los poderes públicos a eliminar los obstáculos que afectan de forma especial a las personas con discapacidad que viven en el medio rural.

Según datos del INE, más de 960.000 personas con discapacidad residen en municipios de menos de 10.000 habitantes —el 22 % del total—, en entornos donde el acceso a servicios especializados es sistemáticamente inferior al de las zonas urbanas.

Cofinanciado por Europa y Fundación MAPFRE

ConVive Rural está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus —dentro del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, periodo 2021-2027— y por Fundación MAPFRE, a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025. El proyecto se prolongará hasta diciembre de 2027 y prevé impactar directamente en personas con discapacidad física y orgánica en situación de mayor vulnerabilidad, con especial atención a quienes enfrentan barreras acumuladas por edad, género, nivel socioeconómico o riesgo de institucionalización.

Sobre FAMMA

FAMMA-Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 45 asociaciones de personas con discapacidad. Al ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Representa, en la actualidad, al 55% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de personas con discapacidad física y orgánica en España, formado por 94 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que a su vez representan a más de 2,6 millones de personas con discapacidad y aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

El Anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región supone para los ecologistas de la región “un retroceso de décadas en protección del territorio, al recuperar el modelo de la Ley 6/1998, relegar el interés público frente a la libertad de empresa, desproteger el suelo rural y el patrimonio histórico, y blindar los planes urbanísticos ilegales frente a su anulación judicial”. Por todo ello, la Plataforma Ecologista Madrileña solicita la retirada del texto legal.

El Anteproyecto de Ley que el Gobierno regional ha sometido a información pública en plena Semana Santa es un cambio de paradigma que devuelve a la Comunidad de Madrid a lo peor de la burbuja inmobiliaria. Bajo una falsa apariencia de modernización y simplificación, recupera el espíritu de la derogada Ley estatal 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones, conocida popularmente como la del “todo urbanizable”, que propició los años del desarrollismo inmobiliario y terminó con la crisis de 2008. El Anteproyecto, al igual que aquella norma, permite que todo el suelo que no esté expresamente protegido pueda ser urbanizado, eliminando cualquier barrera real a la transformación del territorio, lo que vulnera la normativa estatal de suelo. Además, el nuevo texto legal sitúa la libertad de empresa y el derecho de propiedad en el centro de la ordenación territorial, relegando el interés público a un papel secundario y periférico.

La libertad de empresa y el derecho de propiedad se imponen al interés público

El Anteproyecto eleva la colaboración público-privada a “principio rector” y establece como objetivo explícito respetar la iniciativa privada “en la medida más amplia posible”. La función social de la propiedad, que la vigente Ley del Suelo sitúa en primer plano, queda diluida en un marco que antepone la rentabilidad del mercado a cualquier otra consideración. Esta filosofía impregna toda la ley, pero alcanza su expresión más preocupante en la regulación del suelo rural. El suelo “rural protegido” se vacía de contenido, se normalizan usos ajenos a su naturaleza, bajo el epígrafe de “usos excepcionales” aunque realmente no requieren  justificación real. Así se equipara su régimen al del suelo urbanizable que la nueva terminología lo denomina “rural no protegido”, y se abre la puerta a la legalización de edificaciones y actividades ilegales. Un caso que aparece recogido expresamente es la legalización de las grandes fincas dedicadas a celebración de eventos, incluyendo las carpas, actualmente, la mayoría, carentes de autorización. La protección del territorio se convierte en un mero eslogan sin eficacia normativa.

El patrimonio histórico corre igual suerte. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que hasta ahora forman parte del planeamiento urbanístico con plena fuerza normativa, son degradados a instrumentos complementarios, autónomos y voluntarios. Su aprobación pasa de la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos, fragmentando los criterios de protección, y se establece que no podrán imponerse exigencias urbanísticas sobre bienes no catalogados, anulando de hecho la protección transitoria que otorga la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La consecuencia es inevitable, muchos bienes de interés cultural quedarán desprotegidos mientras no sean formalmente catalogados, y muchos municipios renunciarán a proteger nuevos bienes por temor a las compensaciones económicas que ahora se exigen.

Alteración de la naturaleza jurídica del planeamiento

Pero la medida más grave, la que revela la verdadera naturaleza de esta reforma, es la alteración de la naturaleza jurídica del planeamiento. El Anteproyecto pretende que los instrumentos de ordenación tengan “naturaleza mixta” y establece un régimen de excepción para su invalidez, generalizando la anulación parcial y la subsanación a posteriori. El objetivo es eludir la pacífica y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que califica los planes urbanísticos como disposiciones de carácter general —normas reglamentarias— sometidas a nulidad de pleno derecho cuando incurren en vicios esenciales. Lo que se busca es blindar el planeamiento ilegal frente a los tribunales, restringiendo las posibilidades de que pueda ser declarado nulo y permitiendo que los vicios de procedimiento se subsanen después de aprobado el plan, incluso después de una sentencia judicial.

Otros retrocesos

A todo ello se suman otros retrocesos no menos graves. La ley debilita la ya frágil reserva de vivienda protegida que puede desaparecer en los municipios, degrada los estándares urbanísticos fusionando redes supramunicipales y generales e incrementando las plazas de aparcamiento en viario público en plena emergencia climática, y restringe la participación ciudadana al limitarla al escuálido trámite de información pública, vulnerando el Convenio de Aarhus. El silencio positivo para los informes sectoriales y la posibilidad de ignorar sus observaciones completan un cuadro de desregulación que deja el territorio sin defensas frente a los intereses especulativos.

No es, por tanto, una ley para el desarrollo equilibrado de la región. Es una ley para el desarrollo de los intereses inmobiliarios y de los grandes propietarios de suelo, a costa del territorio, de los derechos de los ciudadanos y de la calidad de vida de los madrileños. La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, exige la retirada del Anteproyecto y la apertura de un debate real, con participación ciudadana efectiva y plazos suficientes, para construir una ley que verdaderamente sirva al interés general y a la protección de nuestro patrimonio natural y cultural.

• El consejero Novillo ha inaugurado hoy este encuentro, organizado por el IMIDRA y la FAO, que tendrá lugar hasta el próximo sábado en la capital.
• Durante estos días se van a celebrar diferentes sesiones que abordarán temas como la ganadería extensiva, el relevo generacional o la aplicación de nuevas tecnologías.
• El Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la región, por su contribución al cuidado de la biodiversidad.

La Comunidad de Madrid acoge, desde hoy hasta el próximo sábado, un congreso internacional sobre pastizales y pastoreo que va a reunir a 200 profesionales del sector primario para proteger esta práctica mediante la cooperación entre países y la puesta en común de conocimientos entorno a esta actividad. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha inaugurado este encuentro, que se celebra en el Instituto de la Ingeniería de España de la capital.

FOTO: Comunidad de Madrid.

En el evento, enmarcado en el Año Internacional de los Pastizales y Pastores, se llevarán a cabo diferentes sesiones en las que los expertos van a abordar temas como la ganadería extensiva en la conservación del territorio, la protección de los pastos y los ecosistemas rurales, el relevo generacional, la incorporación de los jóvenes a este sector o la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión ganadera.
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) ha participado en la preparación de esta importante cita, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) de Zaragoza, la Fundación Trashumancia y Naturaleza, la Alianza Global para los Pastizales y Pastores, Red Eléctrica, Fundación Entretantos y Fundación Biodiversidad.

FOTO: Comunidad de Madrid.

El encuentro finalizará con una visita a la Casa de la Monta del IMIDRA, ubicada en Aranjuez, donde los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica, una muestra sobre el uso de los útiles agrarios o representaciones musicales tradicionales. De esta forma, podrán conocer mejor la ganadería extensiva regional y las aplicaciones de vanguardia del sector.

LA TRASHUMANCIA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
El Ejecutivo autonómico ya ha iniciado los trámites para declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid con el objetivo de proteger esta práctica que contribuye a la tradición y el cuidado de la biodiversidad.
Esta protección, que se otorga a actividades de especial relevancia o con valores singulares, preservará el desplazamiento estacional del ganado, así como los más de 4.200 kilómetros de vías pecuarias que recorren y vertebran la región. Está cayendo en desuso, por lo que se busca reforzar su protección y aportación al medio ambiente, la cultura y riqueza de los municipios.

• Con esta iniciativa, el Consorcio Regional de Transportes garantiza que los usuarios dispongan de un entorno cardio protegido durante sus desplazamientos.
• La línea 423, que conecta la capital con el municipio de Aranjuez, será la primera en incorporar estos equipamientos.
• Los conductores de estos vehículos han recibido formación específica en primeros auxilios y en el uso de estos dispositivos.

La Comunidad de Madrid ha comenzado la instalación de desfibriladores en los autobuses interurbanos, comenzando por los siete vehículos de la línea 423, que une Madrid con Aranjuez y que será la primera en contar con este equipamiento.
Con esta iniciativa, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid garantiza que los desplazamientos habituales se realicen en un entorno cardioprotegido, incrementando la seguridad tanto de los usuarios como del personal del transporte.
La línea 423, operada por AISA, es una de las conexiones más utilizadas entre Madrid y Aranjuez, con cerca de dos millones de pasajeros registrados en 2025, lo que refuerza la importancia de esta actuación.
La implantación de estos equipos supone un avance significativo en la prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, especialmente en trayectos de media distancia con alta afluencia de viajeros, donde una intervención rápida puede resultar decisiva para salvar vidas.
Los desfibriladores instalados son ligeros, seguros y de fácil manejo, diseñados para ser utilizados incluso por personas sin preparación sanitaria. Además, los conductores de estos vehículos han recibido formación específica en primeros auxilios y en el uso de estos dispositivos para garantizar una actuación eficaz.
Esta medida se extenderá de forma progresiva al resto de líneas interurbanas. Con ello, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con la seguridad, la salud pública y la modernización del transporte, incorporando soluciones tecnológicas que mejoran la atención ante emergencias y elevan la calidad del servicio.

• Los envíos registrados en los terminales automatizados de la Comunidad crecieron un 10,39% con respecto a 2024.
• Estos dispositivos permiten recibir y enviar paquetes, y realizar devoluciones, de forma segura, sencilla y ágil.

Durante 2025, la red de Citypaq de Correos en la Comunidad de Madrid gestionó un total de 554.535 paquetes, lo que representa un incremento del 10,39% con respecto al año anterior. De las operaciones registradas, 466.090 correspondieron a paquetes entregados en estas taquillas automatizadas y 88.445 a envíos realizados desde estos terminales.

Por volumen de actividad, los Citypaq que gestionaron un mayor volumen de envíos fueron los ubicados en las oficinas de Tres Cantos (Sector Literatos 22), Aranjuez (C/ Peñarredonda 3-5), Coslada (C/ Doctor Michavilla 6-8), Rivas-Vaciamadrid (C/ Electrodo 3) y la sucursal 15 de Madrid. Marqués de Vadillo (C/ Jacinto Verdaguer 4).

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones, disponibles en muchos casos las 24 horas del día para adaptarse a las rutinas de los usuarios.

La mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público -oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras etc.- mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, facilitando todavía más el acceso a este servicio.

Este sistema favorece también la eficiencia logística: un solo punto de recepción y envío de un elevado número de paquetes reduce los desplazamientos de los vehículos de reparto y, consecuentemente, sus emisiones contaminantes al aire.

Los usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos y, si el plazo expira, se comunica al destinatario que su paquete está disponible durante quince dias en la oficina de referencia. Además, es posible realizar devoluciones y depositar paquetes solamente con el número del envío, de manera cómoda y ágil ya que no es necesario reservar previamente hueco en la taquilla.

• El Ejecutivo autonómico participa en el 50 aniversario de este salón bienal que se celebra del 23 al 26 de marzo en Barcelona.
• Aperitivos, conservas, encurtidos, legumbres y arroces de la región se mostrarán al público profesional.
• También estará presente el Comité de Agricultura Ecológica, que supervisa el uso de métodos de producción respetuosos con el entorno natural.

La Comunidad de Madrid va a exponer los productos de la marca de calidad M Producto Certificado en el 50 aniversario de Alimentaria, el salón internacional dedicado a alimentación, bebidas y distribución, que comienza hoy en la Fira de Barcelona y que permanecerá abierto hasta el próximo jueves.
Este encuentro de referencia para los profesionales del sector, que se celebra cada dos años, reúne durante cuatro días los productos más innovadores, los alimentos que mejor cuidan la nutrición y las últimas tendencias de consumo. A él asisten compradores de mercados clave de todo el mundo, por lo que supone un gran escaparate para la producción madrileña.
El Ejecutivo autonómico participa desde 2004 en esta feria, ofreciendo una oportunidad de promoción a los proveedores locales. En esta ocasión, colabora con el patrocinio de tres espacios que van a dar visibilidad a tres empresas con el sello de garantía regional: Comercial de Aperitivos La Madrileña, de patatas fritas, frutos secos y snacks; Casa Santoña, que envasa anchoas, conservas y encurtidos, e Industrias Racionero, que ofrecen legumbres y arroces, entre otros.
Desde su creación en 2014, el sello M Producto Certificado identifica los alimentos elaborados o producidos en la región con estándares de calidad diferenciada. Actualmente, cuenta con 505 compañías adheridas y 4.143 referencias. Entre ellas se encuentran vinos, carnes, aceites, quesos, cervezas artesanas, salazones, huevos, miel, café o té, reflejando la gran variedad y excelencia de la oferta alimentaria de la Comunidad de Madrid.
En el evento, también participará con dos estands el Comité de Agricultura Ecológica Regional (CAEM), organismo que se encarga de supervisar que se empleen métodos de producción respetuosos con el entorno natural y se cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea.

• Siniestralidad laboral en Madrid: 86 personas murieron en su puesto de trabajo durante 2025.
• STEM y varias organizaciones sindicales convocan una concentración el 26 de marzo ante la CEOE para denunciar el aumento de accidentes laborales y exigir cambios legislativos urgentes.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM), junto a Solidaridad Obrera, Plataforma Sindical de la EMT, CNT, ASC, FIRET y Co.Bas, ha anunciado una concentración el próximo 26 de marzo a las 18:00 horas frente a la sede de la CEOE, en la calle Diego de León. La convocatoria llega tras conocerse los datos de siniestralidad laboral de 2025, que los sindicatos califican de “intolerables” y “resultado directo de un modelo productivo que exprime a la clase trabajadora”.

Según las cifras oficiales, 686 personas murieron en su puesto de trabajo en España durante 2025, de las cuales 86 fallecieron en la Comunidad de Madrid. En total, la región registró 87.617 accidentes laborales, 458 de ellos graves. Para las organizaciones convocantes, estos números no responden a la fatalidad, sino a un sistema que prioriza el beneficio empresarial por encima de la salud y la seguridad.

Los sindicatos señalan como causas principales el aumento de la flexibilidad interna en las empresas, la intensificación de ritmos de trabajo, la temporalidad, la rotación de plantillas y la subcontratación. Todo ello, afirman, genera estrés, cansancio y pérdida de experiencia acumulada, factores que incrementan el riesgo de sufrir un accidente. A ello se suma la falta de medidas de prevención adecuadas y el deterioro de las condiciones laborales en sectores especialmente precarizados.

Uno de los datos más alarmantes es el repunte de los accidentes in itinere, que se cobraron la vida de 22 trabajadores, un 47% más que el año anterior. Los sindicatos relacionan este aumento con la crisis de la vivienda y los largos desplazamientos que deben asumir miles de trabajadores, incluso en situaciones de alerta meteorológica como las vividas recientemente en la región.

Las organizaciones convocantes también critican el papel creciente de las mutuas laborales y el debilitamiento de la sanidad pública, así como la falta de medios de la Inspección de Trabajo. Por ello, exigen una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sanciones más duras para las empresas incumplidoras, la derogación de las reformas laborales de 2010, 2012 y 2022, la prohibición de las ETT y el refuerzo del sistema público de salud.

• CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid incumple el acuerdo aprobado en abril y reclama la incorporación inmediata del profesorado pendiente para garantizar la atención educativa.

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha vuelto a encender las alarmas sobre la situación del sistema educativo público madrileño. Según los datos recopilados por el sindicato, el Gobierno regional ha dejado sin cubrir 100,5 de las 300 plazas docentes que se comprometió a incorporar en el presente curso escolar. El incumplimiento afecta directamente a los centros de Infantil y Primaria, donde estas plazas estaban destinadas a reforzar apoyos, reducir ratios y mejorar la atención a la diversidad.

Más de 100 plazas docentes comprometidas siguen sin incorporarse a los centros públicos.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2025 contemplaba la creación progresiva de 850 plazas hasta 2027. De ellas, 300 debían estar operativas este curso. Sin embargo, la realidad en los centros dista mucho de lo prometido. CCOO ha realizado un análisis exhaustivo centro a centro y denuncia que la Consejería de Educación no ha cumplido ni en número ni en plazos.

Un reparto desigual que agrava las diferencias territoriales

El déficit de profesorado no afecta por igual a todas las zonas. La DAT Madrid Capital es la más perjudicada, con 36 plazas sin cubrir, seguida de Madrid Sur, con 31, y Madrid Este, con 27,5. En Madrid Oeste faltan 4 y en Madrid Norte, 2.

FOTO: CC.OO.

Para CCOO, incluso una sola plaza puede ser determinante en el funcionamiento de un colegio, especialmente en aquellos con plantillas reducidas. La falta de docentes obliga a reorganizar horarios, suprime apoyos y dificulta la atención individualizada del alumnado.

Exigen una solución inmediata

El sindicato reclama a la Consejería que dote de forma urgente todas las plazas pendientes y que informe con transparencia del estado de cada una de ellas. Además, advierte de que, si no se actúa de inmediato, se plantearán acciones legales y movilizaciones.

CCOO exige la dotación inmediata y advierte de posibles acciones legales.

CCOO considera que el Gobierno regional está incumpliendo compromisos esenciales para garantizar una educación pública de calidad y recuerda que la falta de recursos humanos repercute directamente en el derecho del alumnado madrileño a recibir una atención adecuada.

• Denuncia que la falta de este mecanismo obliga a muchas madrileñas a viajar al extranjero para ejercer su derecho.

El debate sobre el derecho al aborto volvió a encenderse esta semana en el Senado, donde el PSOE denunció que la Comunidad de Madrid continúa sin aplicar el registro de objetores de conciencia que exige la legislación estatal. La iniciativa socialista, defendida por el senador madrileño José Manuel Franco, fue finalmente rechazada por la mayoría de PP y Vox, que sumaron 142 votos frente a los 114 favorables y 3 abstenciones.

La moción instaba a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cumplir tanto la ley como las resoluciones judiciales que obligan a disponer de un registro oficial de profesionales sanitarios que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Según Franco, la ausencia de este instrumento está provocando que cada vez más mujeres madrileñas se vean obligadas a desplazarse fuera de España para ejercer un derecho reconocido. “La mitad de las mujeres que abortan en Bruselas son madrileñas”, subrayó el senador.

Un choque político cargado de acusaciones

El debate estuvo marcado por la tensión. Franco recordó unas polémicas declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde respondió a las críticas sobre el incumplimiento de la ley con un contundente: “Váyanse a abortar a otra parte”. Para el senador socialista, no se trata de “una frase tabernaria de un ultra antiabortista”, sino de una afirmación pronunciada “en sede parlamentaria por la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El parlamentario acusó además al PP madrileño de hablar de “falsas listas negras” de sanitarios objetores mientras, a su juicio, “señalan a periodistas incómodos” y “se ponen del lado del presunto acosador” en casos como el del Ayuntamiento de Móstoles. También ironizó sobre la “doble personalidad” política de Ayuso, a quien situó “entre portavoz de Trump en España y alumna de Milei”, en referencia a los discursos de ambos líderes.

Un derecho respaldado por Naciones Unidas

Franco recordó que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo está amparado por Naciones Unidas y que ha sido el PSOE quien históricamente ha impulsado los avances legislativos en España: desde la ley de 1985 hasta las reformas de 2010 y 2023. Esta última obliga expresamente a crear registros de objetores en todas las comunidades autónomas.

José Manuel Franco, senador por Madrid.

El senador defendió que estos registros no solo protegen a las mujeres, sino también a los propios profesionales sanitarios, que quedan exentos de ser obligados a practicar abortos en contra de su voluntad. Además, permiten organizar los recursos públicos para garantizar que el derecho se ejerza en la sanidad pública sin obstáculos.

El PSOE anuncia nuevas iniciativas

Franco cerró su intervención citando a la activista Margaret Sanger: “Ninguna mujer puede considerarse libre si no controla su propio cuerpo”. Y anunció que el Gobierno de España llevará al Congreso una iniciativa para blindar el derecho al aborto en la Constitución, reforzando así su protección frente a posibles retrocesos.

Mientras tanto, el choque político continúa. La negativa de PP y Vox a respaldar la moción mantiene abierto un debate que, lejos de apagarse, promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política madrileña y nacional

• El consejero Novillo ha visitado hoy el estand del Gobierno regional en la XIII edición de Cinegética que se celebra en IFEMA desde hoy hasta el domingo.
• Su excesiva presencia puede transmitir enfermedades al ganado doméstico y producir accidentes en las carreteras.
• Se han retirado más de medio millón de conejos, 250.000 palomas y 9.000 jabalíes.
• Para la práctica ordinaria, la región dispone de 575.000 hectáreas de cotos y 1.000 kilómetros de ríos.

La Comunidad de Madrid ha otorgado en la última temporada de caza más de 1.400 autorizaciones excepcionales para controlar las poblaciones de especies silvestres y proteger los cultivos agrícolas. De este modo, se ha podido vigilar la presencia excesiva de conejos, jabalíes y palomas, que, además, pueden originar enfermedades transmisibles al ganado y producir accidentes de tráfico.
Así lo ha señalado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante su visita a la XIII edición de Cinegética, la feria más importante del sector en España y una de las principales de Europa, que se celebra en IFEMA desde hoy hasta el domingo. Allí, ha visitado el estand autonómico, donde se expondrá la gestión de especies naturales en la región y el trabajo que se lleva a cabo en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz.
Además, este espacio contará con degustaciones, una demostración de dibujos de fauna realizados por un especialista en arte en la naturaleza, una muestra de despiece y un cocinado de carne a cargo del chef Miguel Ángel Mateos. Asimismo, se harán dos charlas dirigidas a profesionales sobre el proceso de homologación de trofeos y su sistema de medición.
Los permisos de caza excepcionales que ha concedido la Comunidad de Madrid han permitido actuar tanto en cotos como en terrenos libres, incluyendo carreteras, vías férreas, instalaciones aeroportuarias, zonas urbanas y tierras de cultivo.
Gracias a ello, el mayor número de capturas se ha producido entre la población de conejos, que afecta severamente al trabajo de los agricultores, con más de medio millón en 2025. A estos animales les siguen las palomas, con 250.000 prendidas.
Otra especie importante ha sido la del jabalí, con 9.000 ejemplares retirados gracias a la emergencia cinegética temporal que se declaró el año pasado en diez comarcas y dos municipios madrileños. Se extenderá hasta 2030, con el objetivo de evitar accidentes de tráfico y daños a cultivos o infraestructuras.
En menor medida, también se han otorgado autorizaciones excepcionales para la captura de corzos y ciervos, mediante el refuerzo de los cupos y la puesta en marcha de controles fuera de temporada. Asimismo, se ha permitido el control de la urraca, cuya abundancia excesiva perjudica a la fauna autóctona protegida.

575.000 HECTÁREAS PARA LA PRÁCTICA CINEGÉTICA
Respecto a la caza ordinaria, la región suma actualmente 575.000 hectáreas de terreno disponible para su práctica (un 72% de su superficie) y unos 1.000 kilómetros de tramos regulados en 29 ríos. En cuanto a su normativa, Novillo ha destacado que “se hará a través de la futura Ley de Caza y Pesca autonómica que integrará en un único cuerpo legal los aspectos cinegético y piscícola, así como las especies autorizadas, los periodos o las modalidades permitidas”.
Del mismo modo, ha añadido que “dotará al sector de un marco jurídico moderno, sostenible, actual y en base a un equilibrio que garantice la conservación de los recursos naturales al tiempo que fomenta actividades tradicionales”.

FOTOS: Comunidad de Madrid.

• Es el primer año que se ofrece esta certificación, a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
• Esta titulación teórico-práctica permitirá a los profesionales del sector agilizar su trabajo.
• Se han convocado otros 58 cursos más en materias como la poda de frutales o el manejo de perros pastores.
• Están dirigidos a personas residentes en la región, y a aquellas que tengan una explotación agraria o estén ligadas profesionalmente al medio natural.

La Comunidad de Madrid formará de manera gratuita a pilotos de dron que aplican productos fitosanitarios para que los profesionales del sector agrario puedan tecnificar y agilizar su trabajo. Este es el primer año que el Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ofrece esta certificación teórico-práctica.
Se trata de una titulación semipresencial, diseñada para quienes desean obtener el curso completo o solo una parte. En él, los alumnos aprenderán tratamientos aéreos de forma segura, eficaz y conforme a la legislación vigente. Al finalizar la formación, obtendrán un carné con el que se les permitirá ejercer esta actividad en todo el territorio español.
Además, el IMIDRA ha habilitado la inscripción para otros 58 cursos más dirigidos al sector agropecuario, agroalimentario y forestal, en el que pueden apuntarse tanto personas residentes en la región como aquellas que tengan una explotación agraria o estén ligadas profesionalmente al medio natural.
Entre otras, se incluyen materias como el cultivo hidropónico; el manejo de perros pastores; olivicultura; contabilidad; injerto y poda de viñedo, elaboración y cata de AOVE; poda e injerto en frutales; prevención y extinción de incendios para agricultores y ganaderos; cultivo de leguminosas; apicultura avanzada, o huerta comercial a pequeña escala.
En total, a lo largo de 2026 se pondrán a disposición un total de 1.500 plazas para todas estas actividades que se celebrarán en distintos espacios y municipios de la región. Asimismo, el IMIDRA ofertará nuevas jornadas a partir de agosto. El objetivo es apoyar a los profesionales del campo y modernizar el sector agrario desde el conocimiento y la innovación en las áreas rurales de la Comunidad de Madrid. Toda la información sobre los cursos, así como los detalles y requisitos para inscribirse están disponibles en el portal institucional.
Este programa está financiado por el Ejecutivo autonómico a través del IMIDRA, dentro del PEPAC de España-Comunidad de Madrid 2023-2027, cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

FOTO: Comunidad de Madrid.