La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el pleno de la Asamblea que su Ejecutivo presentará un recurso contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central para la regularización de inmigrantes. Según defendió, la norma “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos” en la región al no prever “mecanismos de financiación y provisión de medios” que permitan absorber el impacto en sanidad, educación o servicios sociales.

Ayuso respondió así a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox, donde reiteró su rechazo a una regularización “sin control”. La presidenta afirmó: “Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales”, y acusó al Ejecutivo central de fomentar lo que denomina “turismo sanitario”. En su intervención, sostuvo que el Gobierno tiene la “intención de reventarnos los servicios públicos”, motivo por el que Madrid se sumará a las acciones legales contra el decreto.

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La dirigente madrileña argumentó además que la medida “afecta a la seguridad nacional y contraviene la normativa de la Unión Europea”, insistiendo en que su Gobierno “no va a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad”. Ayuso criticó también otras políticas migratorias del Ejecutivo central, como los asentamientos irregulares o el “reparto ilegal de menores”, que en su opinión responden a una estrategia para “promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden”.

Respuesta del Gobierno central: “Ayuso se declara en rebeldía contra la ley”
Las declaraciones de la presidenta madrileña tuvieron una réplica inmediata por parte del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López. En una valoración pública, López afirmó que “la presidenta de la Comunidad de Madrid es una presidenta alegal, porque no cumple las leyes de este país”.

El ministro recordó que, según su versión, “recientemente ha habido que forzarle a cumplir también con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que haya un registro de objetores de conciencia, que también se negaba”. López añadió que, a su juicio, la Comunidad de Madrid “no cumple con la Ley de Vivienda, no cumple con la Ley de Memoria, recurre todas las leyes, las pierde siempre en tribunales y así va a seguir siendo”.

En este sentido, sostuvo que “una vez más la señora Ayuso se declara en rebeldía contra la ley y una vez más perderá, como pierde siempre, y tendrá que cumplir y acatar la ley”.

Un nuevo capítulo en el pulso institucional
El anuncio del recurso se suma a un clima de tensión creciente entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en materia de políticas migratorias y de gestión de servicios públicos. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende la regularización como una herramienta para garantizar derechos, mejorar la integración y ordenar la situación administrativa de miles de personas, el Gobierno madrileño sostiene que cualquier medida de este tipo debe ir acompañada de financiación y planificación para evitar sobrecargar los servicios autonómicos.

Madrid, que acoge a una de las mayores poblaciones migrantes del país, reclama un modelo de gestión “ordenado y legal” que, según Ayuso, el decreto no garantiza. El Gobierno central, por su parte, insiste en que la norma responde a criterios de cohesión social y cumplimiento de estándares europeos.

El conflicto jurídico queda así abierto y podría marcar parte de la agenda política de las próximas semanas, a la espera de que los tribunales determinen si la Comunidad de Madrid puede o no frenar la aplicación del decreto en su territorio.