• Siniestralidad laboral en Madrid: 86 personas murieron en su puesto de trabajo durante 2025.
• STEM y varias organizaciones sindicales convocan una concentración el 26 de marzo ante la CEOE para denunciar el aumento de accidentes laborales y exigir cambios legislativos urgentes.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM), junto a Solidaridad Obrera, Plataforma Sindical de la EMT, CNT, ASC, FIRET y Co.Bas, ha anunciado una concentración el próximo 26 de marzo a las 18:00 horas frente a la sede de la CEOE, en la calle Diego de León. La convocatoria llega tras conocerse los datos de siniestralidad laboral de 2025, que los sindicatos califican de “intolerables” y “resultado directo de un modelo productivo que exprime a la clase trabajadora”.

Según las cifras oficiales, 686 personas murieron en su puesto de trabajo en España durante 2025, de las cuales 86 fallecieron en la Comunidad de Madrid. En total, la región registró 87.617 accidentes laborales, 458 de ellos graves. Para las organizaciones convocantes, estos números no responden a la fatalidad, sino a un sistema que prioriza el beneficio empresarial por encima de la salud y la seguridad.

Los sindicatos señalan como causas principales el aumento de la flexibilidad interna en las empresas, la intensificación de ritmos de trabajo, la temporalidad, la rotación de plantillas y la subcontratación. Todo ello, afirman, genera estrés, cansancio y pérdida de experiencia acumulada, factores que incrementan el riesgo de sufrir un accidente. A ello se suma la falta de medidas de prevención adecuadas y el deterioro de las condiciones laborales en sectores especialmente precarizados.

Uno de los datos más alarmantes es el repunte de los accidentes in itinere, que se cobraron la vida de 22 trabajadores, un 47% más que el año anterior. Los sindicatos relacionan este aumento con la crisis de la vivienda y los largos desplazamientos que deben asumir miles de trabajadores, incluso en situaciones de alerta meteorológica como las vividas recientemente en la región.

Las organizaciones convocantes también critican el papel creciente de las mutuas laborales y el debilitamiento de la sanidad pública, así como la falta de medios de la Inspección de Trabajo. Por ello, exigen una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sanciones más duras para las empresas incumplidoras, la derogación de las reformas laborales de 2010, 2012 y 2022, la prohibición de las ETT y el refuerzo del sistema público de salud.