• Es el único de la Comunidad de Madrid en el que están autorizados el baño y otras actividades acuáticas.
• La Comunidad de Madrid aporta más de 123.000 euros al convenio que permite vigilancia diaria a cargo de SUMMA 112 y Cruz Roja.

El dispositivo diario de vigilancia y salvamento que la Comunidad de Madrid, a través del SUMMA 112 y la Cruz Roja, han dispuesto este verano en el pantano de San Juan se ha saldado con 198 salvamentos y rescates y 445 intervenciones sanitarias. Además de estas intervenciones, se han llevado a cabo más de 1.000 acciones preventivas y se ha ofrecido consejos a los usuarios desde el punto de vista de la seguridad, la salud y el medio ambiente. También se han hecho advertencias sobre balizamientos y la retirada de objetos peligrosos.
Durante los fines de semana de verano, la afluencia a la zona puede superar las 3.000 personas diarias. Del balance destaca que este año no se ha producido ningún fallecido por ahogamiento, un hecho que responde a la rápida intervención de los efectivos del operativo desplegado y la mayor concienciación de los bañistas.
El pantano de San Juan es el único embalse de la Comunidad de Madrid donde está permitido el baño y las actividades acuáticas a motor, además de otros deportes náuticos como el esquí acuático o el wake surf. Tiene un total de 14 kilómetros de playas y ha sido distinguido los últimos dos años con la bandera azul, por la calidad de sus aguas y su entorno.
Este operativo de seguridad se ha llevado a cabo entre los días 15 de junio y 15 de septiembre en las dos zonas de baño vigiladas en la zona, la de Virgen de la Nueva y El Muro. Durante estos tres meses Cruz Roja ha cubierto el dispositivo todos los días, excepto los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 15 de junio y el 2 de septiembre en la playa de Virgen de la Nueva, que ha sido cubierto por el SUMMA 112.
Los datos ha sido dados a conocer por la comisión mixta formada por el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo; el alcalde de Pelayos de la Presa, Antonio Sin; la alcadesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo; la coordinadora autonómica de Cruz Roja España, Nieves Morales; la subdirectora médico asistencial del SUMMA 112, Alicia Villa, y Julián Sánchez Perea, coordinador de Equipos Técnicos y de Logística del servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.
Este es el segundo año en el que se aplica este convenio entre instituciones, que cuenta con una inversión de 164.431 euros, de los que la Comunidad financia el 75% (123.323 euros) y el resto corre a cargos de los ayuntamientos de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

• Para garantizar la seguridad en el consumo de carne procedente de monterías y otras modalidades de caza.
• Un total de 51 veterinarios autorizados por Salud Pública inspeccionarán las piezas abatidas.

La Comunidad de Madrid ha iniciado esta semana la campaña de control sanitario de los animales silvestres abatidos en cacerías en la región, tras la apertura de la temporada habilitada para la caza el pasado 8 de octubre.
En la campaña cinegética 2019/20, la Consejería de Sanidad ha autorizado a 51 veterinarios colaboradores para que lleven a cabo el control sanitario de las piezas cazadas o abatidas que se destinan al autoconsumo o bien que se destinen a salas de tratamiento. La lista de los veterinarios colaboradores autorizados está disponible en www.comunidad.madrid.
La normativa actual, Orden 2139/1996, obliga a que el veterinario colaborador realice la inspección de la pieza abatida en el lugar donde se realice la caza e inmediatamente después de que finalice tal actividad cinegética. El organizador, propietario o sociedad que explote fincas o cotos para actividades cinegéticas está obligado a notificar, al menos con 72 horas de antelación, el lugar y fecha de la cacería, reflejando en dicha notificación al veterinario colaborador propuesto.
El control sanitario comprende la inspección de las canales de los animales y sus vísceras y, en el caso de los jabalíes, el examen de investigación de triquinas, con el fin de descartar la presencia de larvas de este parásito.
La Comunidad de Madrid recuerda que la normativa actual prohíbe la comercialización de piezas de carnes frescas y productos cárnicos procedentes de caza silvestre, excepto las carnes que son procesadas en un establecimiento de manipulación de caza autorizado.
Los controles sanitarios de los animales silvestres previenen enfermedades que se transmiten a las personas a través de carne contaminada con gérmenes, y fundamentalmente la triquina presente en especies como el jabalí o el cerdo.
El consumo de carne contaminada con triquina puede provocar la enfermedad conocida como triquinosis, que se manifiesta con gastroenteritis con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas, así como la aparición repentina de molestias y dolores musculares, edema de los párpados superiores y fiebre.
En la campaña 2018/19 los veterinarios colaboradores llevaron a cabo un total de 571 inspecciones: 354 de piezas de caza destinadas al autoconsumo del propio cazador, principalmente jabalíes, y 217 inspecciones de piezas destinadas a salas de tratamiento de caza para su comercialización, con predominio de perdiz, jabalí y ciervo. Del análisis efectuado, 137 piezas tuvieron que ser descartadas al no ser aptas para el consumo debido a la presencia de lesiones compatibles con enfermedades.