• El vicepresidente regional preside la primera reunión del Grupo de Trabajo para la Reconstrucción Social en la región.
• El Grupo cuenta con la participación de Cruz Roja, Cáritas, CERMI Madrid, la Plataforma del Tercer Sector y la Coordinadora del Tercer Sector.
• La Comunidad de Madrid habilitará una web para mejorar la información entre administraciones y entidades del Tercer Sector.
• El vicepresidente llama a trabajar “de forma coordinada” e insiste en la necesidad de un Gran Pacto Social para evitar el crecimiento de la pobreza en la región.

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha presidido hoy la primera reunión del Grupo de Trabajo por la Reconstrucción Social, encabezado por el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero. El grupo está formado por Cáritas, Cruz Roja, CERMI Madrid, la Plataforma del Tercer Sector y la Coordinadora del Tercer Sector, y nace con el objetivo de analizar las nuevas necesidades de la etapa posterior al confinamiento a las que deberán dar respuesta los Servicios Sociales.
Aguado ha trasladado su preocupación por el crecimiento de la desigualdad en la Comunidad de Madrid como consecuencia del COVID-19 y ha señalado que “esta pandemia se ha llevado por delante miles de vidas y ha provocado que muchas familias sean ahora más vulnerables que hace apenas dos meses”. Por ello, se ha mostrado convencido de que la Comunidad de Madrid necesita “dar el salto a la fase 1 para reactivar la economía, dado que el confinamiento aumenta el riesgo de pobreza”.
El vicepresidente regional ha llamado a “trabajar de forma coordinada” y a arrimar el hombro para salir “juntos” de esta crisis. En este sentido, ha incidido en la necesidad de “un Gran Pacto Social” que aglutine al Ejecutivo regional, al Tercer Sector, ayuntamientos y a los diferentes grupos políticos.
De la reunión con asociaciones y organismos que velan por que en la región no crezca la desigualdad, Aguado ha destacado unos datos facilitados por Cruz Roja, según los cuales “el 90% de las personas que acuden en la actualidad a sus comedores sociales no demandaban alimentos antes de la crisis del coronavirus”.

HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PANDEMIA
Entre los puntos abordados, se ha analizado el nuevo Fondo que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para gasto social, con el objetivo de hacer frente al impacto económico y social de la pandemia en nuestra región.
La Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social se encargará de coordinar los proyectos subvencionados con las necesidades municipales. Por parte de las entidades locales se han presentado un total de 245 proyectos, que suponen el 60% de los fondos. Mediante la formalización de un convenio extraordinario con ayuntamientos y mancomunidades se financiarán -hasta diciembre de 2020- las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del coronavirus.
Por otro lado, por parte de la Consejería de Políticas Sociales se han presentado 18 proyectos que suponen el 40% de los fondos y que se destinarán a la financiación de recursos de la Red Especializada de Servicios Sociales. Estos recursos serán gestionados por las diferentes direcciones generales. El total de los fondos destinados a la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno central asciende a 38,75 millones de euros.
Con el objetivo de suministrar toda la información sobre los proyectos subvencionados por la Comunidad de Madrid, se creará una página web en la que se podrá consultar la financiación de cada zona de la región, para propiciar así una mayor coordinación entre las administraciones y las entidades del Tercer Sector. Asimismo, se facilitará a las entidades locales que lo requieran empresas proveedoras de donaciones de alimentos, para favorecer la logística en caso de necesidad.

RECURSOS EN MARCHA PARA POBLACIÓN VULNERABLE
Desde el inicio de la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19, la Dirección General de Servicios sociales e Innovación, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, ha puesto en marcha diversos recursos para atender a la población más vulnerable en la Comunidad de Madrid.

Estos recursos son tres dispositivos de alojamiento para personas sin hogar: el primero, en el municipio de Los Molinos con 61 plazas; el segundo en el centro de Madrid con 50 plazas; y el tercero en el barrio de las Tablas, también en la capital, con 120 plazas, gestionado de manera conjunta con el Ayuntamiento de Madrid y al que acuden personas sin hogar o familias en exclusión residencial con sintomatología por COVID-19.
Asimismo, se ha activado un servicio de atención psicológica no presencial en situaciones de conflictividad agravadas por el confinamiento. Este servicio especializado se lleva a cabo de manera telefónica y telemática por el Colegio de Psicología de Madrid, con psicólogos colegiados expertos en este tipo de intervenciones.
Además, se ha habilitado una línea telefónica gratuita (900 444 555) para llegar a aquellas situaciones de vulnerabilidad social que no se están visibilizando debido al confinamiento. Desde su puesta en marcha el pasado 6 de abril se han atendido 1.699 llamadas. Las principales demandas sociales de las personas atendidas han sido alimentación, recursos de alojamiento, asesoramiento jurídico y laboral, así como cuestiones relacionadas con la salud.

VOLUNTARIADO
Desde el inicio de la crisis se ha creado una bolsa de voluntarios de la Comunidad de Madrid, en el que se han inscrito 7.400 personas. Esta acción social se ha canalizado a través del apoyo a entidades sociales que necesitan personal voluntario para prestar ayuda, la red de puntos de Información al voluntariado municipales que actúa en coordinación con el resto de agentes, el teléfono 900 444 555 para el seguimiento de los casos, así como otras demandas que han surgido por parte de entidades sociales.
Igualmente, se ha creado un registro de entidades y empresas que hacen donaciones y ayudas , con más de 600 inscripciones. El trabajo del área de voluntariado se está dedicando a conectar voluntarios con organizaciones y entidades que los necesiten, además de conectar donaciones que se reciben (alimentación, ropa, EPIs..) con entidades que precisan de estas necesidades.
Por otro lado, se han comenzado a impartir cursos de formación especializados en voluntariado COVID-19 a través de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, y de manera virtual. Se han convocado ya cinco ediciones, con un máximo de 20 alumnos por curso, y actualmente existe lista de espera de solicitudes para participar. Los destinatarios de los cursos son principalmente los voluntarios inscritos en la bolsa y durante el mes de mayo se irán convocando más cursos para aquellos que soliciten.

FOTOS: Comunidad de Madrid.

• Distintos organismos sanitarios internacionales indican que no deberían utilizarse durante periodos de tiempo prolongados ya que pueden “causar molestias” o “reducir la capacidad de proteger al portador”.

FACUA Madrid advierte de que distintos organismos internacionales aconsejan limitar a un máximo de 8 horas el uso de mascarillas KN95 -equivalentes a las FFP2- que se están distribuyendo entre los madrileños y que el Gobierno autonómico asegura que pueden utilizarse 48 horas.

La asociación se ha dirigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reclamarle que aclare si ha sometido a controles en España a las mascarillas que ha comprado a un fabricante chino y garantice que cumplen con todos los requisitos que exige la normativa.

La Comunidad de Madrid, en el comunicado sobre el reparto de dichas mascarillas, ha informado de que son “reutilizables” y que “su duración es de 48 horas seguidas por lo que se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras personas”.

Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su siglas en inglés) indica que el uso extensivo y la reutilización de las mascarillas N95 – el estándar estadounidense equivalente a las FFP2- puede “reducir la capacidad de proteger al portador debido a un manejo poco adecuado o a una reutilización excesiva”, y añade que la experiencia en los sectores que trabajan habitualmente con estas protecciones revela que “funcionan dentro de sus especificaciones durante ocho horas de uso continuado o intermitente”.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque reconoce que las mascarillas FFP2 pueden utilizarse durante periodos largos, desaconseja su uso durante más de cuatro horas, ya que pueden “causar molestias” e incomodidad al portador. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en sus guías para la utilización de protectores FFP2 por parte de profesionales sanitarios, también recomienda no prolongar su uso durante más de cuatro horas seguidas.

Además, el Ministerio de Consumo, en una guía destinada a los usuarios que quieran comprar mascarillas, también advierte, en el caso de las FFP2, de que “por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no usar la mascarilla durante más de 4 horas”.

La asociación, por tanto, insta a la Comunidad de Madrid a que aclare públicamente en un nuevo comunicado cuál es el tiempo máximo de uso aconsejable para las mascarillas que está repartiendo entre los madrileños.

Error en el etiquetado

El etiquetado de una mascarilla que Díaz Ayuso mostró en su cuenta de Twitter alude a una normativa que no existe: la UNE-EN 149: 2011+A1: 2009. Este lunes, FACUA Madrid ha comprobado en varias mascarillas distribuidas que su etiquetado menciona la norma correcta, la UNE-EN 149:2001+A1:2010. Es una incógnita cuántas de ellas tienen el etiquetado incorrecto, al igual que la de la imagen publicada por la presidenta autonómica.

Por su parte, la Consejeria de Sanidad ha reconocido que “hubo un error de impresión en el envoltorio de las primeras muestras”, pero ha asegurado que el etiquetado es “correcto” en las partidas que están llegando “para su reparto”.

FACUA Madrid, por tanto, ha reclamado al Gobierno de Díaz Ayuso que informe de si se ha realizado alguna clase de estudio o verificación sobre estas mascarilla una vez llegaron a España para asegurar que cumplen con la normativa aplicable a las FFP2 y, en caso de que no pueda constatarlo, proceda a retirarlas de inmediato y avise a los ciudadanos de que se abstengan de utilizarlas.

La asociación recuerda que ya se han detectado anteriormente numerosos casos de fraudes de fabricantes e intermediarios a distintas administraciones, por lo que considera imprescindible garantizar que el material sanitario que se reparta a los ciudadanos cumple con todos los requisitos exigibles y pasan por los controles que sean necesarios antes de su distribución para asegurar que no ponen en riesgo la salud de quienes lo utilizan.

FOTO: Comunidad de Madrid.

• El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha emitido el informe técnico Diagnóstico microbiológico de la infección por coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, COVID-19, un documento con fin didáctico y orientativo.
• Entre sus recomendaciones, este informe indica que para la detección de anticuerpos IgG, las técnicas de referencia en la actualidad deben ser ELISA (Enzima-Inmunoensayo) /CLIA (Quimio-luminiscencia).

España supera actualmente la fase álgida de la crisis provocada por la COVID-19. Este nuevo escenario plantea la necesidad de contar con un mapa que permita conocer la situación real de la población y su estado para, así, poder orientar una estrategia futura de manera que las actuaciones sean efectivas y coherentes en todo el Sistema Nacional de Salud. En este contexto, y con el objetivo de arrojar información didáctica y orientativa en relación con las pruebas diagnósticas frente a la COVID-19, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha emitido el informe Diagnóstico microbiológico de la infección por coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, COVID-19.

Este documento, centrado en las pruebas diagnósticas utilizadas para la COVID-19, pretende aclarar la confusión provocada por todas las opiniones y reivindicaciones lanzadas con respecto a la sensibilidad (detecta a los verdaderos positivos) y especificidad (detecta a los verdaderos negativos) de dichos recursos diagnósticos; pero, además, reclama conocer de forma prioritaria el estado de los profesionales de la salud y otros grupos especialmente sensibles por su relación con la enfermedad mientras la capacidad de realizar pruebas diagnósticas no cubra ampliamente todas las necesidades de atención sanitaria y de salud pública.

Con respecto a esta última cuestión, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid identifica dos grupos de máxima prioridad para la realización de las pruebas diagnósticas recomendadas: pacientes en el ámbito sanitario o sociosanitario (Centros de Atención Primaria, Complejos Hospitalarios, Urgencias Extrahospitalarias y Centros sociosanitarios) y personal sanitario (Centros de Atención Primaria, Hospitales, Urgencias Extrahospitalarias y Centros sociosanitarios).

“Este nuevo escenario nos obliga a replantearnos el rediseño de la estructura de los centros sanitarios para evitar la transmisión entre personas y redefinir los roles que van a tener los distintos niveles asistenciales. Pero no podemos avanzar si antes no hemos despejado las dudas existentes sobre cuestiones de vital importancia como es el control epidemiológico de la COVID-19 y el diagnóstico microbiológico de la infección por coronavirus SARS-CoV-2, un tema sobre el que existe mucha confusión. Con las recomendaciones que reflejamos en este informe, desde el Colegio de Médicos queremos contribuir a arrojar luz sobre las herramientas que han demostrado su efectividad para frenar el contagio del coronavirus”, comenta el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Conclusiones del informe sobre pruebas diagnósticas
El informe elaborado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid arroja, entre sus recomendaciones con respecto a la utilización de pruebas diagnósticas para el diagnóstico de la COVID-19, la pertinencia de recurrir a la detección de RNA viral mediante RT- PCR (Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) como único método diagnóstico válido para la fase inicial de la enfermedad, y a ELISA (Enzima-Inmunoensayo) o CLIA (Quimio-luminiscencia) como técnicas de referencia en la actualidad para la detección de anticuerpos IgG.

1. El único método diagnóstico válido para la fase inicial de la enfermedad es la detección de RNA viral mediante RT- PCR (Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa).
2. Para la detección de anticuerpos IgG, las técnicas de referencia en la actualidad son ELISA (Enzima-Inmunoensayo) / CLIA (Quimio-luminiscencia).
3. No recomendamos ningún otro método o prueba, ya que sus resultados no servirían para tomar decisiones clínicas.
4. Las distintas administraciones y grupos empresariales del sector, trabajando por conocer el estado inmunológico del personal sanitario y sociosanitario así como otros colectivos de riesgo; deberían facilitar solo los métodos recomendados evitando los problemas secundarios por el uso de las otras pruebas, como los llamados test rápidos.
5. Dado que los citados grupos de riesgo pudieran tener un papel clave en el control de la transmisión entre personas, las pruebas diagnósticas o de detección de Ac deberán ser realizadas a todos esos grupos.
6. Por último, ante la posibilidad de que el colectivo de médicos que practican el ejercicio libre de la profesión por cuenta propia quedasen excluidos por parte de las administraciones públicas de dichas pruebas diagnósticas, el ICOMEM se compromete a facilitar y asumir los costes de la realización de las mismas pruebas y con los mismos criterios de este informe.

Estas propuestas coinciden con las que han hecho públicas instituciones profesionales como la OMC (Organización Médica Colegial, sociedades científicas como la SEIMC (Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología Clínica