El periódico mensual independiente y gratuito de la Sierra Oeste de Madrid y alrededores, en su número 219, de abril de 2026, dedica su portada a San Martín de Valdeiglesias que acogió los días 16 y 17 de abril el V Congreso Ibérico de Bandera Azul en Aguas Continentales, que reunió a expertos de España y Portugal para debatir sobre sostenibilidad, accesibilidad y gestión de playas de interior. Las sesiones combinaron mesas redondas en el Auditorio Municipal y talleres prácticos en la Playa Virgen de la Nueva, único enclave con Bandera Azul en Madrid. El encuentro puso en valor la cooperación institucional, la educación ambiental y el equilibrio entre conservación y desarrollo económico en el territorio.

Editorial

La España de hoy en día adolece de un déficit estructural de vivienda con una demanda de 200.000 viviendas nuevas al año, de las que se construyen menos de la mitad. La burbuja inmobiliaria, iniciada en 1997 y que estalló veinte años después, provocó una severa caída en la construcción y los precios de hasta un 53,3 % hasta 2013. La mala experiencia estuvo evitando una nueva fiebre del ladrillo y poniendo freno a una realidad social incuestionable. El precio del alquiler por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid se ha duplicado desde 2008, pasando de 11,21 a 20,13 euros, y ya alcanza los 21,30 euros a principios de 2026. En compra, el encarecimiento acumulado entre 2014 y 2025 supera el 110 %, con un repunte del 117,6 % en segunda mano. No es extraño, por tanto, que el problema de la vivienda sea el principal para los españoles y, muy especialmente, para los madrileños.
Todo indica, al cierre de esta edición, que la votación en el Congreso del decreto de congelación de alquileres será negativa con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. El Gobierno pretendía incorporar incentivos fiscales para promover la congelación voluntaria del alquiler, y estabilizar precios sin reducir la oferta, además de corregir vacíos legales y extender la protección a más tipos de contratos.
Es curioso que el mismo día que se aprobaba el Plan de Vivienda 2026-2030, el Congreso votaba a favor de la tramitación de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular que hace las delicias del lobby inmobiliario, de los bancos y de los grandes propietarios. Según muchos analistas, esta iniciativa favorece los pelotazos urbanísticos y reduce de 1.800 a 900 euros los ingresos de una familia para ser declarada vulnerable ante un desahucio. La propuesta impide poner topes al alquiler en las llamadas zonas tensionadas y prorrogar un año el contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero sea una empresa y se acredite una situación de vulnerabilidad social y económica.
Cierto es que en España hay muchos pequeños ahorradores que con su esfuerzo de décadas han ido guardando parte de su salario para invertirlo en inmuebles y ahora son propietarios de pisos y locales que se han revalorizado de forma extraordinaria. La defensa de los más desprotegidos no debe enfrentarse a los intereses de esos pequeños dueños de viviendas que alquilan en muchas ocasiones para complementar una exigua pensión. La cruda especulación, con los fondos buitre a la cabeza, es cierto que puede aportar liquidez, rehabilitación y profesionalización del alquiler, pero en la práctica su impacto neto en nuestro país ha contribuido a la tensión de precios y a la dificultad de acceso a la vivienda para la población. Nadie tiene la piedra filosofal para resolver el enigma, pero necesitamos un nuevo modelo regulador que fomente el aumento de la oferta al tiempo que evite que se repitan los repartos de vivienda pública y protegida a cargos políticos y su entorno cercano. Eso o mercado puro y duro.

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