El PSOE de Pelayos de la Presa manifiesta desde su blog que:
Tras ser incluido como entidad no colaboradora en el informe anual 2012 del Defensor del Pueblo, el alcalde de Pelayos, tras resistirse durante meses, no ha tenido más remedio que responder a la Institución para intentar explicar por qué no cumple con la ley y cambia de una vez el nombre de las calles que ensalzan a la dictadura franquista.
Sin embargo su respuesta no ha sido considerada válida. Como era previsible, Soledad Becerril, actual Defensora del Pueblo, y conocida militante del PP (fue concejal y ministra) ha respondido a la demanda realizada por el grupo municipal socialista de Pelayos que:
…”Ha de recordarse al Ayuntamiento el deber que le impone el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El precepto establece imperativamente que las Administraciones públicas tomarán medidas para la retirada de placas conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, salvo en menciones sin exaltación de los enfrentados, o si concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.”
El Defensor del Pueblo ha enviado esta comunicación al Alcalde de Pelayos recordándole su deber legal impuesto a la Entidad Municipal según la citada ley. ¿A que espera el Sr. Alcalde para cumplir la legalidad?
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