Los Editores de Publicaciones critican la Ley Lassalle

El proyecto de ley promovido por el Gobierno que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI) supone la amenaza de un retroceso para España en el panorama digital, ante lo que AEEPP, la mayor asociación de editores de prensa de España, en número de asociados, quiere manifestar lo siguiente:
– Desde su creación, hace ya 14 años, AEEPP ha tenido voz propia y un objetivo prioritario: defender los intereses de los editores, contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, al esfuerzo de editores de todo el mundo por mantener sus medios y sus empresas y adaptarlos y proyectarlos hacia el futuro.
– Desde nuestra creación como asociación, consideramos que la transformación digital es para los editores una oportunidad y no una amenaza.
– Frente a modelos obsoletos, nuestros editores no pretenden detener la rueda de la historia sino adaptarse permanentemente a los cambios, convencidos de que su función de creadores y gestores de contenidos tiene un futuro brillante, también en el entorno digital.
– Pretender limitar ese mundo mediante tasas y cánones es, en nuestra opinión, inútil y hasta contraproducente. Máxime cuando se pretende hacer por imposición y sin diálogo con todas las partes implicadas, lo que puede suponer un riesgo de que España pierda el tren de la innovación y el futuro, penalizando la creatividad y el acceso a la información.
– Consideramos que debe haber una compensación justa por el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los agentes del sector, pero estamos en contra de imponer nuevas tasas y cánones generalizados que solo van a conseguir retrasar la incorporación de nuestras empresas al mundo digital.
– Creemos que los Gobiernos deben promover y elaborar normativas pensando en los intereses generales de la economía española, de los sectores afectados y de la mayoría de sus miembros, y no pensando en arreglar problemas particulares de algunas empresas que no han sabido adaptarse a los nuevos mercados.
– La defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de manera diferente ni se debe obligar a ejercerse mediante gestión colectiva.
– No nos parece aceptable entregar además la gestión y recaudación de esos derechos, por decreto, a entidades gestoras determinadas sin procedimientos previos de transparencia y concurrencia.
– Consideramos que compartir contenidos, si se hace respetando derechos de aquellos que deseen ejercerlos es beneficioso para todos: para los usuarios/lectores, para las herramientas que lo facilitan y para los medios de comunicación.
– Las modificaciones legislativas de los derechos de propiedad intelectual, o del mundo digital, deberían nacer del diálogo entre todas las partes afectadas e ir encaminadas a promover la transformación del sector y la sostenibilidad económica de todos los actores implicados, no solo de una parte.
– Reclamamos al Gobierno y a todas las fuerzas parlamentarias que van a trabajar a partir de ahora con ese proyecto de ley que abran cuanto antes una mesa de diálogo con todas las partes implicadas.

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