Ya se han presentado cerca de medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en nuestro país y en consecuencia cerca de 4 millones de trabajadores se han ido al paro a causa de la crisis del coronavirus. Con el fin de que los trabajadores y empresas no cayeran en situación de alta vulnerabilidad económica y dada la situación tan extraordinaria en la que se encontraba nuestro país, el Gobierno impuso la alternativa de que las empresas realizaran un ERTE. Con esta opción sería él mismo el que se encargara de entregar una prestación a los trabajadores de las empresas que tuvieran que cerrar de forma inminente debido al Estado de Alarma. El importe a pagar por el Estado a cada trabajador sometido a un ERTE es del 75 al 100 por cien de su asignación mensual.

Cuando la crisis del coronavirus estalló en nuestro país a mediados de marzo y el Gobierno demandó a todos los ciudadanos el confinamiento en sus viviendas declarando el Estado de Alarma, se creó una nueva situación laboral y económica que dispararon las estafas de quienes querían aprovecharse de la necesidad de todos los españoles. Los ciudadanos comenzaron a recibir cientos de mensajes de texto en nombre del SEPE donde se les ofrecía apoyo para percibir la prestación correspondiente por haber sido despedidos. En el mismo SMS se solicitaba el número de cuenta bancaria para realizar el ingreso de la prestación con el fin de conseguir los datos de los trabajadores afectados y poder acceder a sus cuentas. Finalmente, el asunto fue denunciado por los sindicatos y la UGT junto con CCOO y el SEPE se pronunciaron en que estos mensajes nunca fueron emitidos y que son las empresas las que tenían que notificar al organismo correspondiente su situación y la de cada uno de sus trabajadores.