Octubre ha tenido diversos temas “calientes” en la Sanidad, con un protagonista principal: el Ministerio de Sanidad y, como actores secundarios, las C.C.A.A. Para entender mejor estos asuntos, es importante considerar las distintas perspectivas de cada uno de los involucrados y afectados.
GUARDIAS DE 24 HORAS
Paciente: la atención sanitaria urgente al paciente ha de estar garantizada por el sistema sanitario durante las 24 h del día, todos los días del año incluyendo festivos, vacaciones, etc.
El Ministerio de Sanidad: tiene la obligación de garantizar esa cobertura, haciendo cumplir además la normativa europea en cuestión de jornada laboral para todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores al servicio de la Administración.
La Normativa Europea: dicta que los trabajadores no pueden exceder una jornada semanal de 48 horas (incluyendo jornada extraordinaria), y deben respetar los descansos mínimos obligatorios tras su jornada de 11 h cada día, y 35 h en fines de semana, salvo pacto y aceptación de otra circunstancia por parte del profesional.
Profesional:
– Hospitalario: para estos profesionales, las guardias son jornada complementaria, es decir, una jornada añadida a su jornada laboral completa, que conlleva una prestación económica añadida a su salario base.
El problema es que estas guardias son consideradas obligatorias en nuestro país, y debido a que el salario base de los sanitarios es muy inferior a lo que debería ser —considerando su formación y las responsabilidades que asumen—, se han convertido en una parte imprescindible del sueldo para todos ellos.
Esta obligatoriedad, añadida a la escasez crónica de profesionales sanitarios (por la infradotación presupuestaria), supone por un lado que la jornada habitual de los profesionales hospitalarios es significativamente mayor de las 48 h, dificultando los descansos reglamentarios ya comentados y el de 6 horas en cada 24 h de jornada continuada según la normativa europea; y por otro complica la calidad del trabajo realizado, y la seguridad en la atención a los pacientes, debido a la intensidad y complejidad de los motivos de consulta.
– P.A.C (Puntos de Atención Continuada, que atienden urgencias en atención primaria): a diferencia de los anteriores, para los profesionales de la urgencia extrahospitalaria, las guardias son su jornada ordinaria, por lo que quitar, en su caso, las guardias de 24 h supondría:
1.- un aumento del número de días en los que deben trabajar (recordemos que cubren los turnos que los equipos de atención primaria no están cubriendo: fines de semana y festivos, puentes y vacaciones de verano y Navidad);
2.- mayores dificultades para la conciliación laboral de todos estos profesionales;
3.- la pérdida de atractivo de estos puestos favoreciendo la huida en desbandada de estos profesionales, lo que solo conseguiría disminuir aún más el número de profesionales de estos dispositivos (que ya ha disminuido de forma muy importante debido al maltrato institucional constante que llevan sufriendo desde la supuesta “reorganización” del 27 de octubre de 2022).
Con estas perspectivas tan diversas, comprenderán que la solución no puede ser única.
Lo que se necesita en cualquier caso, es:
• Un aumento de la dotación de profesionales, que asegure el derecho del paciente a una atención de calidad excelente las 24 h del día y facilite la disminución de las horas seguidas de guardia, para garantizar los descansos y el cumplimiento de la normativa europea sobre jornada laboral.
• Un aumento del salario de los profesionales sanitarios de hospital en nuestro país, de manera que las guardias no sean imprescindibles para obtener un sueldo acorde a la formación requerida y sus responsabilidades, sino que se conviertan en una opción voluntaria.
• Una reducción del número de horas de las guardias que podrían comenzar cuando se acaben las consultas en el hospital (mínimo a 17 horas e idealmente a 11 horas).
• Un aumento del número de profesionales de los dispositivos de urgencia extrahospitalaria en las guardias de 24 h (con dos profesionales por categoría), que facilite la disposición de tiempos de descanso intermitentes, que garanticen la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
El problema es que las soluciones conllevan un incremento de la dotación económica y de personal, asunto éste que nuestras autoridades competentes no parecen dispuestas a afrontar.

MUFACE:
– PACIENTE (funcionarios civiles y sus familias): para estos, el sistema de MUFACE supone disponer de una aseguradora privada sin pagos extras, (además de la Sanidad Pública, que siempre termina atendiendo los casos graves de estos pacientes, y cuyos médicos de atención primaria son los mismos, sobre todo en los pequeños municipios) con las “supuestas ventajas” de estas:
• listas de espera más cortas para especialistas, que ya no son tan diferentes de las de la Sanidad Pública debido a la alta demanda de los pacientes y disminución de profesionales en las aseguradoras;
• temen que se produzca la desaparición del sistema, y eso haga que el sistema público no sea capaz de asumir tantos pacientes, con sus tratamientos en curso, y que el coste privado de mantener sus pólizas sea inasumible.
-ASEGURADORAS: es importante recordar que son empresas privadas, diseñadas para generar (legítimamente) beneficios económicos. Sin embargo, el concierto con el Ministerio no les resulta tan favorable como desearían. Por eso:
• Piden una subida mayor (del 24 %) a la que se les ofrece.
• Cada vez pagan menos a los profesionales que trabajan para ellas.
• Esto lleva a que muchos profesionales se nieguen a trabajar por esos precios.
• Como consecuencia, las listas de espera para sus consultas aumentan.
• Además, las aseguradoras amenazan con dejar de concursar para dar esos servicios (ya hay varias que no concursan hace años).
– MINISTERIO DE SANIDAD: tiene la obligación de gestionar del mejor modo posible el dinero de los impuestos de todos:
• Como en toda negociación, trata de subir lo menos posible (aunque este año propone una subida de un 17 % que según asegura es la mayor de los últimos años).
• Sostiene que mantener un sistema privado financiado vía impuestos, creado para la asistencia sanitaria de los funcionarios, como compensación a un sueldo inferior al de sus homólogos en otros países, no es la solución a largo plazo.
– SISTEMA PÚBLICO: que tendrá que asumir a todos los pacientes de MUFACE y depende para su funcionamiento de las comunidades autónomas.
• No tienen los recursos humanos que se necesitan para asumir la demanda actual de sus pacientes, cuanto menos para asumir sin refuerzo de personal, a los que pudiesen provenir de MUFACE.
• A los pacientes de MUFACE, cada año en enero se les ofrece la posibilidad de elegir entre el sistema público y la aseguradora… y cada año aumenta el número de los que optan por el primero (con fluctuaciones dependientes de diversas circunstancias, como el aumento de las listas de espera en el sistema público).
• Ya se atiende mayoritariamente a los usuarios de MUFACE en las consultas de medicina de familia del sistema público, y también los casos que la aseguradora rechaza por el excesivo coste (habitualmente los más graves y complejos), o en los que es el propio usuario el que solicita ser valorado en sus servicios como segunda opinión.
Teniendo en cuenta todas estas perspectivas tan diferentes, tampoco parece que vaya a ser fácil encontrar una solución que conforme a todas las partes implicadas. De momento, las aseguradoras tienen de plazo hasta el 5 de noviembre para decidir si se presentan a concurso para asumir las condiciones económicas del concierto con el ministerio.

María Isabel de Barrio Tejada es médico rural y de Urgencias extrahospitalarias.

FOTOS: MUFACE y Redacción Médica