El concejal no adscrito de Pelayos, Mario Cuéllar, nos informa sobre las últimas actuaciones en el municipio respecto a la Ley de Memoria Histórica

El Defensor del Pueblo me ha remitido un escrito informándome de que ha reabierto el expediente sobre las calles franquistas del municipio tras haberlo cerrado el pasado año, después de haberle comunicado que, una vez más, el grupo municipal del Partido Popular en Pelayos de la Presa volviera a votar en contra de sustituir la calle José Antonio por la calle Adolfo Suárez el pasado mes de junio.

El equipo municipal del PP, encabezado por su alcalde, Herminio Cercas, ha votado en contra de cumplir la Ley de la Memoria Histórica en cinco ocasiones desde que ésta fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Esto a pesar de haber recibido una carta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una resolución del propio Defensor del Pueblo pidiéndole que cumpla la Ley y varios escritos de ciudadanos solicitando el cumplimiento de la misma.

En el escrito remitido por el Defensor del Pueblo se informa de que “como no hay ningún procedimiento judicial pendiente sobre el acuerdo que se adoptó sobre la moción de su grupo para modificar el nombre de la calle de José Antonio en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, procede reabrir las actuaciones.”

Hay que recordar que el Defensor del Pueblo exigió el cumplimiento de la citada Ley en junio de 2013 al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. Desde esa resolución del Defensor del Pueblo, se han presentado dos mociones más para que se cumpla la ley, siendo ambas rechazadas por la mayoría absoluta del PP en Pelayos de la Presa.

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento que remita información a este respecto, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. En cuanto reciba la información solicitada, se me informará de su contenido y de las actuaciones que procedan. Valoro positivamente esta reapertura y espero que en esta ocasión el Defensor del Pueblo actúe de oficio contra el Ayuntamiento y no se limite a emitir una resolución no vinculante.

Mario Cuéllar