La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) denuncia la obstrucción del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras (CPAySB) para resolver los expedientes denunciados sobre espacios de servicio público denunciados por la Federación. En la última reunión que se mantuvo el pasado 25 de febrero con la Secretaría del Consejo para analizar los expedientes que se habían realizado, la sorpresa fue monumental cuando en las aclaraciones solicitadas por los participantes de la Federación en esta mesa de seguimiento fueron contestadas con excusas múltiples y agarrándose a la denominados “ajustes razonables” para no hacer nada, sin fundamento, estudios, informes, ni argumentación legal alguna.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “se desvanece así el compromiso del consejero de Vivienda y Administración Local que apostó por eliminar las barreras en la Comunidad Madrid tras constatar la falta de compromiso y de coherencia en el trabajo que realiza la Secretaría del Consejo con las palabras del propio consejero.”.

FAMMA-Cocemfe Madrid pone de manifiesto la indefensión de las personas con movilidad reducida, y seguirá velando por el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre accesibilidad, que desde el 4 de diciembre de 2017 reconoce como “exigibles las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones que sean susceptibles de ajustes razonables.”.

Otras contestaciones fueron resueltas con meras opiniones sin fundamento jurídico, cuando se determina que, son ajustes razonables, “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.”. Es decir, hay que demostrar todo lo expuesto.

Muchas de las contestaciones de las denuncias que traslada la Secretaría del Consejo, no llegan a ningún fin por su inacción y falta de disposición para buscar alternativas a la situación actual que marca la normativa vigente, que son viables y que ni tan siquiera se contemplan.

Es una auténtica tomadura de pelo que algunas contestaciones sean derivar a otros servicios a las personas con movilidad reducida, en lugar de eliminar las barreras. Parece una auténtica falta de respeto que la Federación seguirá denunciando y que analizará jurídicamente si adopta otras medidas legales por la inacción y la obstrucción de esta Secretaría para avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas en la Comunidad de Madrid.

La Federación reclama al Consejo que reconsidere su posición de no sancionar a los establecimientos de atención al público que no hagan accesible sus instalaciones.

La Federación asegura que el principal problema de accesibilidad de la Comunidad de Madrid es de voluntad política, ya que las propias instituciones públicas no cumplen la ley, y no se atreven a sancionarse a sí mismas y, al no hacerlo, no tiene fuerza moral para sancionar a empresas privadas que incumplen una ley que deberían de cumplir, desde 2017, en los mismos términos que la administración.

En palabreas del presidente de FAMMA, Javier Font: “La realidad para miles de madrileños con movilidad reducida es que siguen teniendo mermada su autonomía personal y su seguridad, ya que se ven relegados a ser ciudadanos de segunda que no pueden abordar, de forma independiente, sus tareas cotidianas, como comprar el pan, ir al Registro Civil, o ir al teatro con normalidad.”.

El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras se convierte así en un colaborador necesario para retrasar el cumplimiento de la ley, tanto por empresas privadas como por entidades públicas. El CPAySB solo deja abierta la vía judicial para que los madrileños puedan reclamar el cumplimiento de la ley.