Este mes de octubre se han reanudado las movilizaciones de los médicos en defensa de mejoras en las condiciones en las que desarrollan sus funciones y en beneficio de la calidad de la asistencia a los pacientes.
Esta vez, la huelga indefinida anunciada para reclamar un estatuto independiente para los médicos ha debido posponerse debido a la disolución de las Cortes Generales, lo que paraliza la aprobación del Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García, que motivaba la huelga indefinida anunciada antes del verano.
Por ello, en esta ocasión se ha decidido centrar las reclamaciones en la parte que sí puede resolver la Comunidad de Madrid, ya que tiene transferidas las competencias sanitarias desde 2002 y está en su mano solucionar gran parte de los problemas que se encuentran sobre la mesa sin necesidad de esperar nuevas normas ministeriales, siempre que quiera dotar del presupuesto necesario dichas medidas. Al fin y al cabo, la dotación de recursos humanos y medios técnicos depende de la Consejería de Sanidad y de nadie más (bueno, claro, también de la voluntad política de quienes la dirigen).
De hecho, es la propia Consejería de Sanidad, en un informe interno fechado el 30 de junio de 2026 con datos correspondientes a 2025 sobre la sanidad hospitalaria madrileña, que ha salido a la luz en un medio digital, la que reconoce la necesidad de aumentar la inversión en recursos humanos, ya que “el presupuesto de Sanidad para personal no cubre ni siquiera la plantilla autorizada”. Cada año, la dotación presupuestaria destinada al personal, pese a aumentar, resulta inferior al gasto real del ejercicio anterior, según puede comprobarse en dicho informe, que ahora la Comunidad de Madrid califica como “solo un borrador interno de trabajo”.
Este documento subraya, además, que los médicos madrileños son los que tienen menor poder adquisitivo de España. Quien archiva y conserva el documento es la jefa de gabinete de la consejera de Sanidad, aunque no se ha podido identificar a su autor. Asimismo, se especifica que Madrid se encuentra en el penúltimo lugar en inversión sanitaria por habitante y presenta una inversión en sanidad por debajo de la media nacional. El informe alerta de que “si se sigue conteniendo la inversión, la eficiencia puede empeorar debido al reto de los cambios tecnológicos y el envejecimiento poblacional, unido a la escasez de recursos humanos”.
Así las cosas, la convocatoria de huelga para este otoño se ha formulado en varios periodos: del 28 al 31 de octubre, del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre.
Las reivindicaciones incluyen que toda la jornada laboral compute como tiempo de trabajo, incluidas las guardias; la mejora de la remuneración de estas; la garantía de voluntariedad para realizarlas; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico mediante una diferenciación retributiva adecuada; y la creación de un modelo de carrera profesional abierto y permanente, con reconocimiento del periodo de residencia dentro de dicha carrera.
En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas adecuadamente, límites de cupos, estabilidad en el centro de trabajo y en los cupos asignados, así como el fin de la movilidad forzosa. En los hospitales se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias. En el ámbito extrahospitalario y en el SUMMA 112 se solicita revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. Además, se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.

FOTO: AMYTS.

Ahora habrá que ver si la Comunidad de Madrid tiene realmente interés en mejorar las condiciones de los profesionales médicos y facultativos de esta región o si, por el contrario, solo le interesa echar balones fuera y aprovechar la inercia de las protestas cuando estas se dirigen al Ministerio para obtener rentabilidad política sin aportar nada por su parte, precisamente aquello que legalmente y por competencias le corresponde y que está en su mano desde hace ya 24 años.
En estos últimos días de octubre, el director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, Miguel Ángel Rodríguez Roiloa, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Carlos Moreno Vinué durante una Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, anunció la puesta en marcha de dos programas piloto antes de final de año para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas en los hospitales La Paz y del Sureste, en Arganda del Rey.
Según explicó, la medida pretende “evaluar previamente los efectos sobre la organización, la calidad asistencial y las necesidades de plantilla para mejorar las condiciones médicas”. Asimismo, añadió que “seguramente se iniciarán a finales de año, pero no contemplan la supresión general de las guardias de 24 horas”.
“Lo que se plantea es llegar a un modelo flexible donde las guardias de 24 horas se puedan seguir realizando de forma voluntaria, con las debidas garantías para la continuidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la salud laboral de los trabajadores”.
Esta aparente disposición a escuchar y trabajar con los profesionales contrasta, sin embargo, con la cerrazón de la Consejería a negociar en las reuniones con el comité de huelga y con la imposición de unos servicios mínimos que este considera abusivos.
El sindicato mayoritariamente representativo de los médicos y facultativos en la Comunidad de Madrid ha denunciado también ante la Inspección de Trabajo la modalidad de contratación denominada “4+1” en Atención Primaria por riesgos laborales derivados de la falta de evaluación específica de los puestos cedidos, la ausencia de formación en protocolos de emergencia, accidentes biológicos y agresiones en el centro de destino, así como por la inexistencia de una consulta previa al Comité de Seguridad y Salud.
A todo ello se suman desplazamientos sin tiempo computable, riesgo de accidentes in itinere, desconocimiento del centro de destino y una sobrecarga asistencial masiva que nadie ha evaluado. Estos profesionales cubren consultas que permanecen sin médico el resto de la semana, por lo que soportan una presión asistencial superior a la habitual. A ello se añade el hándicap de que los pacientes son atendidos cada vez por un profesional diferente, circunstancia que repercute negativamente en la calidad asistencial.
Esperemos que esta vez cada uno asuma su responsabilidad y haga, por fin, aquello para lo que le están pagando: tanto los políticos como los profesionales, en beneficio de todos los pacientes. Sé que puede parecer un brindis al sol, pero cumplir con el propio trabajo no debería ser algo extraordinario, ¿no les parece?

María Isabel de Barrio Tejada, médico de Urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.