Los incendios que han arrasado el suroeste de Madrid y la zona de Burgohondo (Ávila) han calcinado más de 50.000 hectáreas, dejando un impacto ambiental sin precedentes en la comarca. Según un informe publicado por la Plataforma Ecologista Madrileña, esta tragedia no es fruto de la fatalidad, sino de una combinación de negligencia administrativa, desconocimiento social e impunidad ante las causas reales del fuego.

Un golpe devastador a los espacios protegidos

La Plataforma recuerda que los grandes incendios registrados este verano en distintos puntos del país han destruido 89.597 hectáreas de la Red Natura 2000, una superficie equivalente a varios municipios del norte de Madrid juntos. Solo en Madrid y Ávila se han perdido 52.405 hectáreas protegidas, afectando a enclaves de altísimo valor ecológico como Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, Pinares del bajo Alberche, Valle de Iruelas y Valle del Tiétar.

Estos espacios, subraya la Plataforma, albergaban especies en peligro como el buitre negro o la cigüeña negra, cuya supervivencia queda ahora aún más comprometida.

El 81% de los incendios son evitables, según la Plataforma

El informe es tajante: ninguno de los grandes incendios de este verano habría ocurrido sin acción humana. La Plataforma enumera ejemplos recientes:

• soldadura ilegal en Almorox–Villa del Prado,
• maquinaria agrícola en Burgohondo y La Mierla,
• una barbacoa en Fermoselle,
• una empacadora en Luesia,
• un “mecherazo” en La Vall d’Uixó,
• un cable eléctrico en Los Gallardos.

Basándose en datos del MITERD (2005–2016), la Plataforma recuerda que el 53% de los incendios son intencionados y el 28% negligencias, lo que suma un 81% de causas evitables. Sin embargo, denuncia que la prevención basada en investigar la causalidad —obligatoria por la Ley 43/2003 de Montes— queda relegada frente al debate simplista sobre la “limpieza de montes”.

La impunidad es, según los colectivos ecologistas, un factor clave: en 2024 solo 306 personas fueron detenidas o investigadas de 1.733 incendios, un 18%, y se desconoce cuántas terminaron en condena.