• Bajo el lema: «Quienes nos dejan sin casa también nos arrebatan nuestra naturaleza».

La huelga general del 11N, con el lema huelga general por la vivienda y el coste de la vida, no es solo un día de paro, es un punto de encuentro de las distintas luchas sociales y contribuye a impulsar un ciclo de movilización transversal. Es una respuesta colectiva frente a un modelo que antepone el beneficio del capital a las necesidades de las personas y al interés general. Así, debemos entender que la defensa de la vivienda, de los derechos sociales y del medio ambiente forman parte de una misma lucha.

La Comunidad de Madrid es una de las regiones donde más vivienda nueva se construye y, sin embargo, también uno de los mercados inmobiliarios más caros y tensionados. En 2026, el precio de la vivienda ha alcanzado nuevos máximos históricos. La especulación, la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores, los pisos turísticos y la ausencia de medidas eficaces de regulación de precios son algunos de los factores que alimentan esta situación.

Frente a ello, el Gobierno regional se ha resistido a desarrollar políticas públicas que garanticen el derecho efectivo a la vivienda y ha rechazado aplicar instrumentos previstos en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. En cambio, ha impulsado sucesivas modificaciones de la legislación urbanística autonómica, reduciendo las obligaciones de cesión de suelo para dotaciones y equipamientos públicos y ha eliminado la obtención de suelo para vivienda social. Unas reformas presentadas como instrumentos para agilizar la construcción y abaratar la vivienda, pero que han favorecido fundamentalmente el aprovechamiento lucrativo y los intereses del negocio inmobiliario.

Ahora, el Gobierno regional y los intereses inmobiliarios vuelven a situar la construcción masiva y la expansión urbanística como respuesta a la crisis habitacional. La nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) profundiza en este sentido, facilitando la transformación urbanística del suelo y recuperando una concepción expansiva del crecimiento que recuerda al modelo que alimentó la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis social y económica, tras su estallido en 2008.

Las consecuencias para el territorio pueden ser enormes. El suelo es un recurso natural, limitado y no renovable. Su urbanización supone la pérdida de bosques, dehesas, pastizales, cascadas, arroyos, cultivos, paisajes… biodiversidad, además de la capacidad de absorción de carbono y sobreexplotación de recursos esenciales como el agua. Todo ello en una región especialmente expuesta a los efectos del cambio climático. No tiene sentido agravar la

 vulnerabilidad ambiental de la Comunidad de Madrid con nuevas expansiones urbanísticas cuando existen alternativas: movilizar las viviendas vacías para el alquiler, recuperar las cesiones obligatorias de suelo para vivienda social, consolidar un parque público de vivienda en alquiler, impedir la privatización de suelos públicos dotacionales sin uso y destinarlos a vivienda protegida, impedir la especulación y actuar sobre los usos turísticos de la vivienda.

Por tanto, el medio natural y el territorio son también víctimas de un modelo que convierte un derecho, la vivienda, y un bien común, el suelo, en oportunidades de negocio. Las políticas que expulsan a las personas de sus hogares y las que destruyen nuestro patrimonio natural responden a una misma lógica. No habrá justicia social sin justicia ecológica, ni soluciones duraderas a la crisis de la vivienda que ignoren los límites ambientales del territorio.