• La Alcaldesa mantuvo una reunión en sede diplomática con Bramwel Kisuya, abordando aspectos de especial  interés a la hora de desarrollar futuras iniciativas de carácter intercultural
• Entre las propuestas que se barajan se plantea la posible presencia en este municipio de una delegación del país africano o de alguno de sus condados

Avanzando en una de sus prioridades, el fomento e impulso del turismo, el Ayuntamiento de Valdemorillo continúa estrechando los lazos de colaboración en el ámbito de diplomático. Así se plasmó en la reunión de trabajo mantenida la pasada semana en la empajaba de Kenia, sede diplomática a la que la Alcaldesa, Pilar López Partida, fue invitada a visitar por el propio embajador, Bramwel Kisuya. Así, junto al máximo representante del país africano en España y demás miembros del cuerpo diplomático, la regidora tuvo ocasión de conocer de primera mano algunos aspectos claves de la cultura y la sociedad keniata, muy válidos en el análisis de las posibles propuestas a desarrollar en un futuro en materia de intercambio intercultural.

En este sentido, y como subraya López Partida, el citado encuentro resultó de gran provecho e interés, “ya que, como me ha transmitido Kisuya, compartimos la inquietud por trabajar en el plano turístico, y, de hecho, entre las ideas que ya se barajan planea la posibilidad de lograr la presencia de una delegación de este país o de alguno de sus condados en nuestro municipio”. Por ello, está previsto que los contactos ahora iniciados se mantengan de modo fluido y permanente, de cara a plasmar en proyectos concretos las diferentes alternativas que podrían contribuir a esta apuesta común a favor de una mayor actividad turística que potencie los atractivos que brinda Valdemorillo y su disposición a acercar el conocimiento de otras formas de expresión cultural y artística como las que ofrece Kenia. 

Celeiro: “Que me caiga a mí un muerto que no es mío, es alucinante”

Guillermo Celeiro, alcalde de Aldea del Fresno nos explica por qué el Consistorio pagará los abogados
La Ley dice que los ayuntamientos pueden y deben indemnizar estos gastos a los miembros del ayuntamiento que en el ejercicio de sus funciones son salpicados por algún asunto de estos. Esto quiere decir que si no condenan a nadie, el ayuntamiento es quien tiene que hacerse cargo de estos cargos, en caso contrario tendríamos que devolver el dinero. El seguro de responsabilidad es civil, no penal, nos podrían defender, el problema es que te defienden con sus abogados, no puedes tú decidir una defensa potente, y aquí la necesitamos.
¿Por qué les han imputado?
Esta querella no es por hacer, sino por no hacer, pero hay que tener en cuenta el problema social que esto significa, después de que a 60 o 70 personas se les dio licencia hace 20 años, ahora resulta que en los últimos 10, que no se ha dado ninguna, cómo vas tú y le tiras la casa a un señor. Es un problema social muy grande: son niños que van a nuestros colegios, son adultos que participan totalmente en la vida del pueblo, eso no es tan sencillo.
¿Qué medidas ha tomado para intentar poner una solución?
Llevo intentando reordenar el Caravan Garden desde julio de 2011, que está en ZEPA, pero está en “D”, lo que quiere decir que con una simple modificación de las normas subsidiarias sería urbanizable. Me he reunido con la fiscalía, con toda la cúpula de la Comunidad de Madrid, tengo la hoja en la que las dos partes de Caravan me solicitan que inicie la modificación puntual, pero para eso hace falta dinero y estos señores que viven ahí, muchos no tienen el suficiente dinero que va a hacer falta para la modificación. El tema no es modificar puntualmente sino la obra de urbanización necesaria para que cumpla con todo lo que un suelo urbanizable tiene que cumplir.
Es un problema que viene de lejos
Llevo trabajando en eso todo este tiempo, pero en este impasse de trabajo, nos imputan a nosotros. Es algo alucinante, completamente increíble. El fiscal dice que lo hemos hecho con intención de que se desarrolle el Caravan pero lo que no puede ser es que haya un señor del PSOE, un señor del PP, un señor del Grupo Independiente, un señor de ALDEAC, de todos los grupos políticos hay un imputado, no puede ser que todos hayamos cometido la misma cosa. Y los técnicos igual, los hay de todos. Los únicos no imputados es porque está prescrito. Pero justo son los que dieron las licencias. De 10 años hacia atrás, se concedieron algunas licencias por parte de algunos señores que, lo más gracioso, es que alguno de ellos también es ahora denunciante.
¿Se siente responsable?
Hemos buscado gabinetes jurídicos buenos que hemos sacado a público en una mesa de contratación mediante licitación y así lo haremos el día 11 que es cuando se abren las plicas. En un procedimiento como este te juegas tu propio patrimonio personal. Yo he llegado hace 3 años y medio y el Caravan Garden lleva construido desde hace 25, tengo fotos certificadas por la Comunidad de Madrid en las que se ve que no se ha hecho nada en los últimos años. Que me caiga a mí un muerto que no es mío, es alucinante, es increíble verte en una de estas por una cosa así. Aparte del problema social que es.
¿Qué pasará ahora?
Lo que no puedo hacer es demoler lo que lleva 25 años hecho, porque no tengo ni posibilidad económica, porque este ayuntamiento está sometido a plan de ajuste, porque había una deuda cuando yo llegué, ni capacidad moral. ¡No se ha demolido la Cañada Real y resulta que voy a demoler yo el Caravan Garden, que está en “D”! A 50 metros está Carreta Quebrada que fue igualmente ilegal y se legalizó. Nos ha pillado en el peor momento, en el que estamos negociando la legalización y hay intereses cruzados, alguien quiere que estemos en los medios. Uno se mata a trabajar y le caen estas cosas.

Tres miembros de la actual Corporación Municipal, junto a otros dos que lo fueron en la anterior legislatura, y dos arquitectos del ayuntamiento han sido imputados. Su defensa jurídica, presupuestada en 38 mil euros, se cargará a las arcas municipales.

Una de las construcciones de Caravan Garden.

El pasado 14 de enero se convocaba un Pleno extraordinario para aprobar la creación de una partida presupuestaria para la asistencia letrada en el procedimiento abreviado 2044/2014. En él se imputaba a tres miembros de la actual corporación: el alcalde, Guillermo Celeiro (PP) y los concejales Eduardo Recio (PSOE) y María Ruth López (IPA). Se hacía constar que “en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad se han visto imputados por unos hechos sobre los que no tienen responsabilidad penal alguna relativa a la autoconstrucción de edificiaciones no autorizables realizadas por los proindivisionarios de las parcelas ‘El Lago’ y ‘Las Encinas’ hace más de 15 años”.
Para ello se aprobó modificar el expediente de créditos del vigente Presupuesto Municipal dando de baja una partida de 8 mil euros correspondiente al alumbrado público y otra de reparación de agua y viales por un montante de 30 mil. Con ello se crea una nueva partida de 38 mil euros para la defensa jurídica de los miembros de la corporación.
Recordemos que el Tribunal Supremo resolvió incluir la indemnización de gastos jurídicos solo cuando la inculpación tiene su origen en una actuación administrativa en el cumplimiento de las funciones atribuidas y cuando las intervenciones no han sido llevadas a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político.
El ex alcalde José Luis Tello y su compañero de partido (ALDEAC) Antonio Rodríguez han anunciado que renuncian a que los vecinos costeen sus gastos de defensa argumentando que “las cosas o son blancas o son negras, si anteriormente cuando los imputados eran otros los actuales gobernantes dijeron que eso era un tema particular y que cada uno tenía que pagarse lo suyo, ahora es lo mismo”, argumentaba Tello, para quien la responsabilidad es de quien permitió la ubicación del cámping, allá por 1982. Agustín Calvo, teniente de alcalde por aquel entonces niega este punto resaltando que las irregularidades se producen a partir de 2003 cuando el Seprona comenzó a denunciar. “En aquella época era estrictamente un cámping y no había nunguna edificación como tal, es después cuando se han construido unas 60 viviendas” matiza Calvo.
El pasado verano saltaba la noticia de la condena al propietario de una parcela con vivienda en el enclave de Caravan Garden, cámping-urbanización colindante con el Safari Madrid en el que se ha construido ilegalmente en suelo rústico no urbanizable, declarado por la Unión Europea como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para la Avifauna). En 1982 el terreno se dividió en 470 parcelas como cámping de auto caravanas y tiendas de campaña, uso de recreo compatible con la restricción derivada de la protección ambiental, pero algunos propietarios fueron más allá e iniciaron construcciones irregulares como viviendas fijas de cemento y ladrillo, techumbres metálicas y vallados de hormigón, mientras las autoridades miraban hacia otro lado.
Pero hace seis años un vecino puso una denuncia contra varias construcciones irregulares, y agentes del Seprona acudieron a la finca. Poco después la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó la imputación de más de 40 vecinos que residen allí, lo que puso de manifiesto la verdadera magnitud del problema
Caravan Garden sigue apareciendo en anuncios de venta de parcelas en inmobiliarias como propiedades a precio de suelo urbano. Pero lo cierto es que ahora es un caótico cúmulo de caravanas y edificaciones con intricadas callejuelas donde apenas cabe el tránsito de un coche. Alberga un par de bares, uno de ellos como club social de encuentro en una sólida y amplia construcción.
Entre las más graves alteraciones está la carencia de depuradora y la contaminación de las aguas subterráneas y, por tanto, los ríos y acuíferos de la zona, por vertido de aguas residuales en pozos negros o directos al arroyo de los Terneros.