• La organización ecologista anuncia acciones legales contra los responsables municipales y regionales.
• Alegan que la construcción contraviene la normativa urbanística de Valdemorillo, la Ley del Suelo y diferente normativa ambiental de la Comunidad de Madrid.

Al noroeste del municipio de Valdemorillo, en la finca Fuentevieja, incluida en el espacio protegido Red Natura denominado Zona de Especial Conservación de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio, se construye desde el pasado mes de septiembre una mansión de 2.360 metros cuadrados. Contará con 16 dormitorios, varios salones y cocinas, lo que hace pensar en un hotel o un centro de eventos encubierto. La nueva edificación se levanta sobre lo que fue un complejo agropecuario de interés histórico y arquitectónico que previamente ha sido demolido casi en su totalidad.
“La nueva construcción -según los ecologistas- incumple las normas urbanísticas de Valdemorillo que no permiten el uso residencial en esos terrenos y contraviene la Ley del Suelo y la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid que tampoco permiten el uso residencial”.
Además, de acuerdo a la ley de Evaluación Ambiental, el proyecto debería haberse sometido a evaluación ambiental por estar en un espacio protegido Red Natura. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente lo eximió de este procedimiento, obviando que era una obligación legal y que la finca es zona de nidificación de especies consideradas en peligro de extinción por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (águila imperial, cigüeña negra). Por ello, hubiera sido necesario evaluar el impacto del proyecto -especialmente, si se trata de un hotel o un centro de eventos- sobre los habitats y las especies.
La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, negó que el complejo agropecuario preexistente en la finca, contase con valores dignos de proteger. Todo ello, a pesar de aparecer en los mapas militares de 1877 y de contar con una capilla y una bodega, elementos expresamente protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la alcaldesa del Ayuntamiento de Valdemorillo (en esos momentos del Partido Popular), unos días antes de las elecciones municipales de 2015, concedió licencia de obra.
La autorización final llegó en marzo de 2017, la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ignorando las denuncias y recursos interpuestos por un particular, autorizó las obras permitiendo demoliciones, nuevas construcciones y usos no autorizables.
Las demoliciones comenzaron en septiembre de 2017. En esa misma fecha, Ecologistas en Acción se personó como parte interesada en las actuaciones abiertas por el particular denunciante -pero paralizadas hasta ese momento- y denunció los hechos.
Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente ha anulado la autorización concedida por la Dirección General de Urbanismo en marzo de 2017 y ha reconocido que le proyecto debería haberse sometido a evaluación ambiental. También ha requerido al Ayuntamiento de Valdemorillo para que suspenda la licencia concedida en mayo de 2015 y paralice las obras. No obstante, la alcaldesa de Valdemorillo, actualmente del grupo Progresista por Valdemorillo, afirmó durante el pleno celebrado el pasado 18 de enero que no iba a cumplir con el requerimiento de la Comunidad de Madrid. Por tanto ni va a suspender la licencia ni va a paralizar las obras.
Desde el mes de septiembre, Ecologistas en Acción ha solicitado tres veces, tanto al Ayuntamiento de Valdemorillo, como a la Dirección General de Urbanismo, a la Dirección General del Medio Ambiente y al Cuerpo de Agentes Forestales que paralicen las obras. Hasta la fecha, ninguna de estas administraciones ha paralizado las obras, a pesar de que el 1 de febrero ha comenzado el período de cría de las especies de la finca.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción, ultima actuaciones judiciales contra las personas responsables de los hechos y de la falta de paralización, tanto en el Ayuntamiento de Valdemorillo como en la Consejería de Medio Ambiente. La organización considera que podrían haber incurrido en ilícito penal.