Categoría | Comunidad de Madrid

FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de datos de miles de trabajadores de centros educativos de Madrid

  • Desde la Consejería de Educación y Juventud se ha enviado por correo electrónico un documento con los datos de casi 17.000 trabajadores para citarles a una PCR que les realizará Ribera Salud.

FACUA Madrid ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) por la difusión de datos personales de miles de trabajadores de centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid.

Varios docentes de Madrid han contactado con FACUA para poner de manifiesto que en la noche del martes han recibido un correo electrónico, en el que les citan para una PCR que les realizará Ribera Salud este miércoles por la mañana, acompañado de un documento adjunto con datos de casi 17.000 trabajadores del Área Territorial Madrid-Sur.

En el documento, en formato hoja de cálculo, aparecen los nombres, apellidos, sexo y el carácter de docentes o no docentes de 16.720 trabajadores así como el lugar y hora en el que están citados para la prueba para el diagnóstico del coronavirus.

Tratamiento sin consentimiento

En la denuncia, FACUA Madrid señala que los trabajadores de los centros de enseñanza no han dado su autorización a la Consejería de Educación para que facilite sus nombres y apellidos al resto de trabajadores ni tampoco a que estos sepan que previsiblemente estarán en un determinado lugar a una hora para realizarse una prueba PCR. Por ello, lo ocurrido incurriría en una vulneracion del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En el apartado primero, letra a del citado artículo, se indica que “el tratamiento solo será lícito” si “el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos”. Como excepciones, la norma permite el tratamiento para “el cumplimiento de una obligación legal” o “proteger intereses vitales”, pero la asociación advierte de que la consecución de esos fines no hace necesario, obviamente, que los trabajadores de los centros de enseñanza tengan acceso a datos personales de otros empleados y, entre ellos, a su cita para la realización de una prueba PCR.

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