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La Comunidad apoya las reformas legislativas de Justicia y se ofrece como “banco de pruebas”

La Comunidad de Madrid expresó hoy su apoyo a las reformas legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia de manera general, sobre todo aquellas destinadas a la reducción de la litigiosidad, y ofreció los juzgados de la región como “banco de pruebas” para aquellas medidas que necesiten primero una experiencia piloto para su posterior implantación en todo el territorio nacional. Así lo manifestó la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, tras su primera reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que conoció los cambios previstos por este departamento.

“Somos conscientes –explicó la responsable autonómica- de que lo que se prueba en nuestra región tiene bastantes garantías de obtener éxito al extenderse al resto de España, por la propia complejidad intrínseca de Madrid y su magnitud”.

En este mismo sentido de diferencias entre autonomías, Plañiol trasmitió al ministro su preocupación por la distinta evolución que está experimentando cada una, sobre todo en materia electrónica, y la necesidad de adaptar la planta judicial a las características de Madrid. El actual despliegue territorial en la región es poco funcional, con 21 partidos muy desiguales en tamaño y caracterización. Por este motivo, la región quiere superar el concepto clásico de partido judicial y poder tener órganos con jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma. También se pretende la flexibilización en la adjudicación de la plaza de funcionarios, con movilidad de destino para sedes o unidades más genéricas que las actuales.

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En cuanto a la apuesta por las nuevas tecnologías, Plañiol destacó que el Gobierno regional ha puesto en marcha un Plan de Modernización de los sistemas de Información Judicial, con una inversión ejecutada hasta la fecha de 22 millones de euros, y tiene un plan global para la implantación plena de la Administración de Justicia Electrónica antes de finalizar el año 2015. “Nos asusta que el Estado o aquellas Comunidades que tienen transferida la Administración de Justicia estén apostando por distintos sistemas o el ritmo sea diferente, lo que provocaría graves problemas de coordinación”, explicó la consejera. Hay que tener en cuenta que solo 11 regiones tienen transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia, por lo que habría que establecer criterios comunes.

Reducción de litigiosidad

Durante el transcurso de la reunión, ambas Administraciones coincidieron en la necesidad de reducir el alto nivel de litigiosidad existente en la Justicia española, y, en concreto, en la madrileña, que se ha convertido en la segunda Comunidad con mayor número de asuntos ingresados en los tribunales en relación con el número de habitantes. Así, mientras la media nacional de litigiosidad es de 198,8, en Madrid supone un 223,2, teniendo en cuenta que desde 2003 en este ámbito ha crecido un 26,51%.

“De esta forma –aseguró la consejera- desde Madrid se va a apoyar cualquier reforma para reducir la litigiosidad, ya sea la nueva Ley de Reforma de Enjuiciamiento Criminal, la despenalización de faltas, la extensión de juicios rápidos, las medidas de resolución alternativa de conflictos, incluso modelos extrajudiciales, y la revisión de tasas judiciales”.

Además, la Comunidad también respaldará el debate sobre la reforma de la Ley del Menor y una revisión de la oficina judicial, ofreciéndose también para la experiencia piloto en este caso.

Asistencia jurídica gratuita

De los temas tratados, un capítulo especial se ha dedicado a la Asistencia Jurídica Gratuita, por el propio interés del Ministerio en conocer los datos registrados en la Comunidad de Madrid, unas estadísticas que reflejan el incremento espectacular en el número de solicitudes, cercano al 100%, desde que se recibieron las transferencias de Justicia. Esto supuso un coste económico para las arcas regionales de 44 millones de euros en 2011.

La consejera autonómica especificó a Ruiz-Gallardón los instrumentos de control que está desarrollando la Comunidad de Madrid para garantizar que se cumpla la legalidad en este ámbito, garantizando siempre el derecho constitucional a asistencia jurídica gratuita, si bien se abordó la necesidad de un cambio y medidas que eviten su abuso.

En este sentido, Plañiol reiteró la necesidad de que se impulse la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, tal y como se recogía ya en el acuerdo de Pamplona de enero de 2010 en la Comisión de coordinación de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. “Es el momento de plantearse si quien recibe este derecho es a quien realmente le corresponde, pues aunque se hable de Justicia Gratuita se paga con el dinero de todos los ciudadanos y es obligación de las Administraciones su control”, concluyó la responsable madrileña.

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