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La Diputación de Ávila insta a los grupos políticos del Congreso a mantener en el medio rural de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz

  • A propuesta del PSOE,  contenida en el Real Decreto-ley 16/2020.

El portavoz socialista, Pedro Muñoz, agradece el apoyo que su iniciativa ha recibido de los partidos políticos de la Corporación Provincial

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ávila ha aprobado por unanimidad la moción de urgencia presentada por el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Muñoz, mediante la cual se insta a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados a votar de manera favorable la convalidación del Real Decreto que mantiene la actual planta y demarcación de los registros civiles, y las funciones en esta materia de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Pedro Muñoz ha expresado su agradecimiento al resto de partidos políticos de la Corporación Provincial por la unanimidad que ha obtenido su iniciativa, por cuanto contribuye a defender el derecho al acceso a la Justicia de los habitantes del medio rural, al tiempo que se da respuesta a las demandas planteadas en este sentido por numerosos ayuntamientos de la provincia, sin olvidar su aportación al mantenimiento del empleo.

La urgencia de la moción registrada por el Grupo PSOE viene motivada por el hecho de que en el Pleno del Congreso de los Diputados del próximo 13 de mayo se debatirá, en el punto 20 del Orden del Día de la sesión, la convalidación del Real Decreto–ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID–19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dicho Real Decreto-ley contiene, en su Disposición Final Segunda, una prórroga a la entrada en vigor de la de Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de tal modo que continuaría la actual planta y demarcación de los registros civiles, y las funciones en esta materia de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz existentes en nuestra provincia, permitiendo una reforma legislativa que asegure el definitivo mantenimiento del actual sistema asentado en la cercanía a los ciudadanos, especialmente del mundo rural.

En caso de no salir adelante la convalidación del citado Real Decreto-ley se produciría la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011, que significará el cierre masivo de las actuales Oficinas de Registro Civil de toda la provincia de Ávila.

Al respecto, la supresión de la demarcación y planta de la actual estructura del Registro Civil dejaría sin carga de trabajo a los Juzgados de Paz y las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz de la provincia de Ávila, que resolvieron en el año 2018 un total de 4.156 asuntos (1.657 penales y 2.499 civiles). En cada uno de los 193 juzgados de paz repartidos por los municipios abulenses se arbitró una media de 11 casos diarios.

Ello conduciría inexorablemente al cierre de las instalaciones, especialmente de la Agrupaciones de Secretaría de Juzgado de Paz, servidas por funcionarios de la Administración de Justicia, con la consiguiente pérdida de servicios y de empleo en el medio rural.

Las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, previstas en el artículo 50 de la Ley 38/1998 de Demarcación y de Planta Judicial, están reguladas en el Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero.

En nuestra provincia son las siguientes: Cebreros, con 13 municipios y 21.043 habitantes; Madrigal de las Altas Torres, con 16 municipios y 4.398 habitantes; Candeleda, con 4 municipios y 6.286 habitantes; Pedro Bernardo, con 5 municipios y 4.408 habitantes; Mombeltrán, con 6 y 3.944 habitantes; El Barco de Ávila, con 12 y 3.787 habitantes; Fontiveros, con 14 municipios y 2.813 habitantes; Sotillo de la Adrada, con 6 y 10.129 habitantes; La Horcajada, con 27 y 3.238; Muñana, con 30 municipios y 4.190 habitantes; Mingorría con 25 municipios y 3.992; Navarredonda de Gredos, con 23 municipios y 2.787 habitantes; y Solosancho, con 11 municipios y 2.627 habitantes.

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Pedro Muñoz celebra el mantenimiento en el medio rural de los Registros Civiles y las Secretarías de Agrupaciones de Juzgados de Paz

  • Así lo establece el Real Decreto Ley aprobado en el último Consejo de Ministros, que garantiza el derecho de los habitantes del medio rural al acceso a la Justicia.

El PSOE solicita al PP que convalide dicho Real Decreto, porque de lo contrario se cerrarán en el ámbito rural las oficinas de Registro Civil y las Secretarías de Agrupaciones de Juzgados de Paz

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Pedro Muñoz, ha expresado su satisfacción tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que permite a los habitantes del medio rural  de esta provincia conservar su derecho al acceso a la Justicia, puesto que implica el mantenimiento de las actuales Oficinas del Registro Civil, los Juzgados de Paz y las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

En concreto, la Disposición final segunda del Real Decreto Ley 16/2020 aprobado este martes modifica la Disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, estableciendo que la entrada en vigor de esta normativa se retrasa hasta el 30 de abril de 2021.

Pedro Muñoz ha destacado que se despejan así las dudas sobre la aplicación de la mencionada Ley, evitándose el cierre de las actuales Oficinas de Registro Civil en todas las medianas y pequeñas poblaciones, que seguirán siendo depositarias de una parte de su historia, la que representan los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones.

También permite que sus habitantes salvaguarden la atención personal que reciben en los Juzgados de Paz y en las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, favoreciéndose, por tanto, la cercanía con la Administración de Justicia, circunstancia esencial en la crisis sanitaria que atravesamos, sobre todo por las limitaciones de movilidad que se han establecido, según ha subrayado el portavoz del PSOE.

La aprobación del Real Decreto Ley evita igualmente la pérdida de los puestos de trabajo en el ámbito rural abulense que supondría la entrada en vigor inmediata de la Ley del Registro Civil, puesto que en todas estas Agrupaciones hay funcionarios de la Administración de Justicia que se habrían visto obligados a cambiar de destino: 2 en las más pequeñas y 4 en la mayor de ellas, Cebreros.

La decisión del Consejo de Ministros, ha indicado Pedro Muñoz, da respuesta también a las demandas y preocupaciones expresadas por numerosos municipios de la provincia, que venían reclamando iniciativas legales para determinar una nueva prórroga, advirtiendo, en caso contrario, del perjuicio que ocasionaría la entrada en vigor de la Ley.

Además, en el pleno de la Diputación del pasado enero, el Grupo Socialista presentó una moción, finalmente aprobada por unanimidad, en la que se pedía el mantenimiento de la actual planta y demarcación de los Registros Civiles, y las funciones de los 193 Juzgados de Paz, así como de las 13 agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz de la provincia.

En concreto, estas Secretarías se ubican en Cebreros, Madrigal de las Altas Torres, Candeleda, Pedro Bernardo, Mombeltrán, el Barco de Ávila, Fontiveros, Sotillo de la Adrada, La Horcajada, Muñana, Mingorría, Navarredonda de Gredos y Solosancho, que suman entre todos cerca de 73.642 habitantes, el 73,7% de la población rural abulense.

Pedro Muñoz ha instado al PP de Ávila a que se dirija a los dirigentes nacionales de su formación política para que voten de manera favorable en el Congreso la convalidación del Real Decreto Ley 16/2020.

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La Comunidad se personará en los procedimientos judiciales relacionados con los incendios provocados

  • El anuncio lo ha hecho hoy el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas en la toma de posesión de 38 nuevos Agentes Forestales.
  • El Gobierno regional contará con una nueva Ley de Protección Civil y Emergencias.
  • Los nuevos agentes comienzan un curso de formación de 180 horas de duración.

La Comunidad de Madrid contará con una nueva Ley Regional de Protección Civil y Emergencias que incluya, entre otras novedades, la personación en todas las causas y procedimientos judiciales relacionados con los incendios provocados. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, durante la toma de posesión de los 38 nuevos Agentes Forestales que en los próximos meses se incorporarán a la plantilla de este Cuerpo.

Con la incorporación de estos efectivos, el Gobierno de la Comunidad da cumplimiento al acuerdo suscrito con los sindicatos que regulaba las condiciones de trabajo de estos empleados para el periodo 2018-2020. Ambas partes incidieron especialmente en la creación de empleo, con el objetivo de contar con una estructura equilibrada de agentes forestales, jefes de comarca y responsables técnicos en cada una de las 17 comarcas de la Comunidad de Madrid, así como en la Brigada Especializada en Incendios Forestales.

La Escala Operativa se incrementará en 118 nuevos agentes, distribuidos en tres promociones de 38, 50 y 30 agentes forestales, respectivamente. El objetivo último es alcanzar la cifra de 320 efectivos en la Escala Operativa y 20 en la Escala Técnica, lo que supondrá una creación de empleo superior al 60%.

Los 38 agentes forestales previstos en la primera de las promociones iniciarán un curso de formación de 180 horas en los próximos días que les permitirá adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para iniciar su andadura profesional.

El curso se impartirá casi íntegramente en las instalaciones propias de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con especial relevancia del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias situado en Tres Cantos.

Las materias a impartir están relacionadas con las funciones que atribuye la Ley 1/2002, de 27 de marzo, de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales, con contenidos destinados a su capacitación en Prevención de Riesgos Laborales, seguridad operativa, defensa personal, normativa, organización y procedimientos normalizados de trabajo del Cuerpo, protocolos de actuación con otros organismos, incendios forestales, atención de emergencias, meteorología, metodología de toma de muestras, policía judicial, primeros auxilios y conducción todo-terreno.

Esta acción formativa tiene como finalidad dotarles de los conocimientos y prácticas necesarias para desempeñar su labor en condiciones de seguridad, y viene acompañada de un periodo transitorio en el que son supervisados por parte de sus superiores y acompañados por agentes forestales experimentados en las comarcas.

Enrique López ha destacado que el papel de estos 38 agentes que hoy se incorporan va a ser muy relevante para que la Comunidad de Madrid y la Agencia de Seguridad y Emergencias puedan seguir manteniendo el elevado estándar de seguridad que ofrecen. “Vuestra labor de control, custodia y vigilancia va a ser fundamental para el cumplimiento de la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid en materia forestal, de aguas, del medio natural y agrícola, del patrimonio histórico-artístico y arqueológico de protección de los animales domésticos” ha concluido el Consejero.

140 AÑOS DE HISTORIA

En 2017 se cumplieron 140 años de la creación de los Agentes Forestales. La Comunidad de Madrid fue la primera Comunidad Autónoma en crear un Cuerpo de Agentes Forestales y su ley 1/2002 de creación del Cuerpo fue pionera a nivel nacional.

Una de las principales funciones del Cuerpo de Agentes Forestales es su labor de Policía Ambiental dada su condición de agentes de la autoridad y Policía Judicial. Pero, además, los Agentes Forestales desarrollan otras tareas de igual importancia como la atención de las emergencias ambientales o de los incendios forestales siendo, en este caso, el único Cuerpo que realiza un trabajo integral por participar en todas las fases de dichos incendios: prevención, detección, extinción e investigación. Asimismo, dan apoyo técnico a otras unidades administrativas como la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el Área de Vías Pecuaria o la Dirección General de Patrimonio.

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La Fiscalia archiva la causa contra el Ayuntamiento de Cenicientos

  • Por la figura del arquitecto honorífico municipal.

Hace unos meses conocíamos la existencia de una denuncia interpuesta contra decenas de Ayuntamientos por la existencia en los mismos de la figura del arquitecto honorífico municipal. En el caso de Cenicientos, la fiscalía notificaba el pasado 3 de abril el archivo de la causa contra el Ayuntamiento por no apreciar dolo, ni delito de prevaricación urbanística, ni voluntad clara de actuar contra el ordenamiento jurídico..
La alcaldesa, Natalia Núñez, manifestaba su satisfacción por el archivo de la causa, haciendo referencia que “aún es necesario que se emita resolución y/o dictamen del procedimiento y tipo de contratación que debe tener el arquitecto municipal en los Ayuntamientos, en función de su situación y competencias por su número de habitantes, puesto que muchos Ayuntamientos nos encontramos en situaciones transitorias que deben solventarse lo antes posible por seguridad jurídica”.

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Absuelto el alcalde Aldea del Fresno

  • Celeiro estaba acusado de un supuesto delito de prevaricación urbanística en el asentamiento irregular Caravan Garden.

Guillermo Celeiro Fabián , actual alcalde de Aldea del Fresno ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística omisiva por el que la fiscalía le pedía 6 años de cárcel, inhabilitación y multa, por actuaciones en el asentamiento irregular Caravan Garden, una zona no urbanizable del municipio.

El fiscal acusaba, a los responsables municipales de urbanismo de los últimos 10 años, de un delito de “omisión” por haber permitido y no haber sancionado y demolido algunas obras ilegales.

Se trata de una Zona de Especial Conservación y de Especial Protección de Aves, no obstante muchos propietarios empezaron a construir desde hace decenas de años. Lo que en un principio empezó pretendiendo ser un camping de caravanas (que nunca obtuvo licencia) se convirtió, en algunos casos, en casas con valla y piscina.

Según dice la sentencia, “El camping, que cuenta con más de cuatrocientas plazas, ha sido objeto de una parcelación ilegal, y se encuentra, en su gran mayoría, totalmente construido, causando con ello un daño de graves proporciones en el espacio natural en que se ubica”

Guillermo Celeiro, actual Regidor nos comenta: “como ha quedado demostrado soy totalmente inocente de los cargos que se me imputaban, aunque el daño moral y político es casi irreversible. Para mi familia han sido años muy duros; si hay que ver lo positivo es que nos ha servido para saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos y también para coger más fuerzas. El problema del Caravan se viene arrastrando desde hace muchos años y cuando yo accedí a la Alcaldía ya era por todos sobradamente conocido, por ello nunca concedí ninguna licencia urbanística allí. Desde 2011 he estado trabajando, junto a los técnicos municipales y a la Comunidad de Madrid, para dar una solución a este viejo problema y si sigo gobernando continuaré con ello, porque estoy convencido que existe una solución. Con la absolución y el archivo de querellas, provocadas por denuncias falsas, se demuestra que no todo vale en política y que las elecciones se ganan en las urnas y no en los tribunales; en los últimos años he observado una instrumentación de la justicia con fines puramente políticos, algo que cuesta mucho dinero a todos los ciudadanos”.

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Ibarrola inaugura el nuevo juzgado de paz de Brunete

  • La consejera de Justicia continúa con las visitas a los juzgados de paz de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha inaugurado el 21 de febrero las nuevas instalaciones del juzgado de paz de Brunete, al que la Comunidad de Madrid va a destinar este año 2.300 euros de subvención para su funcionamiento. Ibarrola, acompañada por el alcalde de la localidad, Borja Gutiérrez, ha conversado con los empleados públicos que integran la plantilla de este órgano judicial. Durante el mismo, la consejera ha subrayado “la importancia del trabajo que desarrollan, siendo el mejor ejemplo de lo que es una Justicia de proximidad, con su atención a necesidades del día a día de los ciudadanos”, con gestiones como pueden ser las relacionadas con los certificados de nacimiento o la celebración de bodas.
Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales que asumen determinadas competencias en el orden civil y están atendidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial. Este año, la Comunidad de Madrid va a invertir 4,4 millones de euros en los 158 juzgados de paz de la región. Esta cantidad comprende los gastos de funcionamiento de estos órganos judiciales, entre los que destacan los destinados a su modernización tecnológica, y los gastos de personal de los 47 municipios en los que la plantilla depende de la Consejería de Justicia, como es el caso de Brunete.

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Absuelto el exconcejal de Almorox, Ángel Jesús Cuesta

  • Estaba acusado de un supuesto delito de defraudación en el suministro de agua.

Con fecha de 24 de mayo de 2018, se ha dictado la sentencia por la querella interpuesta por el Ayuntamiento de Almorox, cuando estaba gobernado por el Partido Popular, contra Ángel Jesús Cuesta Parro, en aquella época concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, por un supuesto delito de defraudación en el suministro de agua desde el año 2014. La citada sentencia, absuelve a Cuesta Parro de toda responsabilidad derivada de los hechos por los que se interpuso la querella. El abogado de Cuesta, José Antonio Bermúdez Alonso, ha querido recordar que “el Partido Popular, a través de su alcaldesa en aquella época, Julia Notaria Escudero, publicó en todos los medios de comunicación y redes sociales, el fraude que había cometido mi defendido en el suministro de agua, con el único ánimo de desacreditarle, hasta tal punto que optó por dimitir como concejal, cuando la sentencia dictada en el día de hoy establece que después de la celebración de todas las pruebas no resultan acreditados los hechos denunciados”, determinando que “ni se ha acreditado la realidad de la manipulación, ni la autoría de los hechos investigados”.

Angel Jesús Cuesta Parro, está valorando la reclamación a los denunciantes de todos los daños morales y el descrédito personal que le han provocado, habiéndole ocasionado que tuviese que abandonar la actividad política, ante la persecución sufrida por parte del Partido Popular en el gobierno del Ayuntamiento en aquel entonces. “Creemos que con la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrijos, contra la que cabe recurso ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Toledo, se hace justicia”, afirma el abogado.

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El exalcalde de Cenicientos condenado por malversación de caudales públicos

  • La actual alcaldesa denuncia ante el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades cometidas durante anteriores gobiernos del PP.
  • “Si se han comido la tarta más de uno, que paguen por ello”, exige Natalia Núñez.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Jesús Manuel Ampuero Pérez, alcalde de Cenicientos entre el 15 de junio de 1991 y el 23 de julio de 2010 con el Partido Popular, a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, a una pena de inhabilitación absoluta durante tres años y un día y a indemnizar al Ayuntamiento con 275.000 euros más los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las partes, Ministerio Fiscal, acusaciones particular y popular y el propio acusado —que se presentaba sin antecedentes penales, solvente, y en libertad provisional por esta misma causa— presentaron un escrito que implicaba la conformidad antes del inicio de la primera sesión señalada para la selección del Jurado. La sentencia de conformidad considera probado que Ampuero ingresó en su cuenta corriente 105.012 euros del Consistorio de los que no existe justificación documental alguna y recibió en mano otros 140.427 euros procedentes del alquiler de la Casa Rural Municipal de la Corredera, también sin justificar.

Jesús Ampuero.

Jesús Ampuero ya ha consignado judicialmente la cantidad de 40.000 euros y la dación en pago al Ayuntamiento de Cenicientos, para la restante responsabilidad civil, de tres bienes inmuebles: uno en la calle Calle de Gazapajas, otro en la Ronda del Sur y un tercero en la calle Solanillo.
La actual alcaldesa de Cenicientos, Natalia Núñez (PSOE), considera una buena noticia que el antiguo regidor haya reconocido su culpa ya que el Partido Socialista de Madrid estaba personado como acusación popular. Pero al mismo tiempo denuncia que “se ha causado un daño al Ayuntamiento que es irreparable, no se puede consentir que con 2.000 habitantes haya una deuda de más de 11 millones de euros con un presupuesto de 1,5 sin que en la época de Ampuero se realizara ninguna infraestructura ni inversiones que justifiquen semejante agujero”. Por ese motivo, ha denunciado el 12 de julio ante el Tribunal de Cuentas —que no ha acudido a la llamada que hizo el Ayuntamiento para que realizara una fiscalización extraordinaria— las supuestas irregularidades cometidas durante anteriores gobiernos del PP, pidiendo investigar de forma urgente las cuentas bancarias del Consistorio al menos desde el año 1999 ó 2000, porque “no tenemos capacidad para emprender semejantes indagaciones y queremos saber dónde está el resto del dinero de nuestros vecinos”, afirma Núñez.

Natalia Núñez, presenta la denuncia en la Asamblea de Madrid.

“Ningún concejal del PP cuando se ha marchado ha presentado su declaración de bienes e intereses como marca la ley y eso es una señal”, ha declarado a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid. “Están prescribiendo delitos de las irregularidades que se han cometido, tales como pagos de trabajos extraordinarios a personal que no tenía contrato y no estaba de alta en la Seguridad Social; supuestas devoluciones de préstamos al exteniente de alcalde, Pablo Gil, que se han denunciado en el escrito de acusación y por lo que ha resultado también condenado Jesús Manuel Ampuero. Se han utilizado pagarés no solo por Jesús Manuel Ampuero sino también por el exalcalde Carlos Enrique Jiménez Concejal, porque hay contratos firmados por él. Este señor sabía que ese medio de pago no está permitido y se estaba utilizando y lo ha firmado en un contrato. Concejales del Partido Popular estaban dados de alta como auxiliares administrativos, como personal laboral del Ayuntamiento siendo concejales, siendo incompatible. Una serie de irregularidades que hemos podido detectar de la poca documentación que ha quedado en los archivos municipales” declaraba Natalia Núñez.

La alcaldesa advierte de que los expedientes que obran en dependencias municipales relativos a cuestiones económicas “adolecen de un mínimo rigor” por estar “incompletos”, lo que cree que puede “haber sido con carácter intencionado para dificultar su análisis e investigación” y que el remanente de tesorería del Ayuntamiento está “muy alejado de la realidad”.
Nuñez termina diciendo que “como alcaldesa y representante de los vecinos demando lo que ellos mismos me piden, que se investigue y se aclare qué ha pasado en el Ayuntamiento de Cenicientos porque ellos están sufriendo una merma en sus servicios y en su calidad. El Ayuntamiento tiene que sentarse a negociar con el Ministerio para intentar que se nos estudie y se determine una forma de salida, porque no podemos pagar ni recuperarnos con el presupuesto municipal. Queremos que se nos diga qué se ha hecho con el dinero, cómo es posible que el Partido Socialista esté pagando las nóminas desde el primer día y se debieran veinticuatro meses a los trabajadores, que no haya investigado hasta ahora nadie y no sepamos dónde ha ido a parar ese dinero y que si se han comido la tarta más de uno, que paguen por ello. A pesar de la condena al exalcalde las cosas no están cerradas, eso no justifica ni la responsabilidad civil ni ese agujero, ni esa merma económica. Un ayuntamiento que está prácticamente en ruina económica, con edificios que no tiene ni calefacción”.

Declaraciones de la alcaldesa.

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Brunete manifiesta su apoyo a la prisión permanente revisable

  • Tras la aprobación ayer en Pleno de la moción propuesta por el Partido Popular.
  • Ganar Brunete y PSOE votaron en contra de la medida.

El Pleno del Ayuntamiento de Brunete, celebrado ayer por la tarde, aprobó, solo con los votos a favor del Grupo Municipal del Partido Popular, la moción presentada por el mismo grupo, por la que se manifiesta el apoyo de Brunete a la figura jurídica de la prisión permanente revisable, incorporada al ordenamiento jurídico español. Por el contrario, tanto Ganar Brunete como el PSOE en este municipio, votaron en contra de esta moción.
En el texto aprobado se insta, además, a los diferentes grupos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura a favor de derogar esta figura jurídica.
El Ayuntamiento de Brunete manifiesta, por tanto, su apoyo a la permanencia de la prisión permanente revisable en el Código Penal, frente a la Proposición de Ley Orgánica que pretende derogar este instrumento penal y que ha sido apoyada, salvo excepción del Partido Popular, por el resto de grupos parlamentarios del Congreso, con su voto favorable o abstención como en el caso de Ciudadanos.

La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la reforma que realizó el Gobierno del PP en el 2015, con el convencimiento de que es un instrumento útil ante delitos gravísimos. Es conveniente constatar si se ha producido la rehabilitación, no por el transcurso del tiempo, sino acreditando que una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido con el fin de resocialización.
Esta pena solo puede ser aplicable “en supuestos de excepcional gravedad en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, sujeta a un régimen de revisión”
La prisión permanente revisable es un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político; es una institución coherente, que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. Se trata de una fórmula extendida en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Tal como ha destacado el alcalde, Borja Gutiérrez, “la prisión permanente revisable, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal”.
Si una vez cumplido un tiempo mínimo de la pena, la Justicia valora que un condenado cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
Y es precisamente la previsión de dicha revisión judicial periódica de la situación personal del penado, la que “aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado” ha concluido el alcalde.

 

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El PSOE reclama la cobertura de plazas vacantes de guardias civiles y policías nacionales en la Comunidad

  • Comisión de Presidencia y Justicia
  • Enmiendan una Proposición No de Ley aprobada esta tarde en Comisión

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a una iniciativa legislativa aprobada hoy en la Comisión de Presidencia y Justicia, en la que se insta al Gobierno central a que cubra las vacantes existentes en la Guardia Civil y la Policía. Según el diputado socialista José Luis García, son 13.000 las vacantes existentes en la Policía Nacional y 7.500, en la Benemérita, de los que, al menos, el 10% serían plazas a cubrir en la Comunidad de Madrid. Así mismo, la enmienda pretende la mejora de las instalaciones de los cuarteles de la Guardia Civil y de las comisarías de la Policía Nacional.

“Vaciar los cuarteles de efectivos y las comisarías de Policías Nacionales no muestra sino la incompetencia del Gobierno en gestionar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, denuncia el portavoz socialista.

Además de requerirle al Ejecutivo del Estado que cubra las vacantes, la enmienda pretende también “que mejore las instalaciones de las comisarías y de los cuarteles, porque en algunos casos se encuentran en un estado ruinoso”, apunta García. “Me consta que muchos cuarteles no se han caído porque los ayuntamientos han colaborado en arreglar las cubiertas y remozar los pabellones en ocasiones casi inhabitables”. La iniciativa enmienda la PNL 32/17, presentada por Ciudadanos.

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La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en la Operación Lezo

  • Cristina Cifuentes ha dado ya instrucciones a la Abogacía.
  • La Abogacía General ha puesto de relieve que de los hechos conocidos hasta ahora se deriva un perjuicio patrimonial para diversos organismos de la Comunidad.
  • Inauguró hoy el segundo Congreso de la Abogacía Madrileña.

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha dado instrucciones para que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en la denominada Operación Lezo.
Esta decisión ha sido adoptada a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que ha puesto de relieve que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional, y de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones, para personarse en el momento procesal oportuno.
Esta actuación viene a sumarse a la llevada a cabo el pasado año, cuando se dio traslado a la Fiscalía de un amplio informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito.
Esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de ‘tolerancia cero’ con la corrupción, que ya se ha aplicado con anterioridad con la personación del Gobierno regional en la Operación Púnica y en la Operación Gurtel, para defender los intereses de los madrileños.

Cifuentes durante su intervención en el segundo Congreso de la Abogacía Madrileña.

Comunicado del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ante la dimisión de Esperanza Aguirre

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid respeta y agradece la decisión adoptada por Esperanza Aguirre de renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Nuestra organización comparte las razones expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido.

Queremos recordar a la sociedad madrileña que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid emprendió una nueva etapa bajo la Gestora constituida en febrero de 2016, tras la decisión Esperanza Aguirre tomó entonces de abandonar la Presidencia del partido.

Esta nueva etapa, ratificada por la militancia en el XVI  Congreso regional celebrado en marzo de 2017, está marcada por una política beligerante con la corrupción que es irrenunciable, y está basada en la más absoluta transparencia, y tolerancia cero frente a cualquier posible indicio de la misma.

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones madrileñas, así como por ofrecerles un proyecto político atractivo, transparente y moderno para la ciudad de Madrid y para el conjunto de la región.

Cifuentes expresa su plena confianza en la Justicia y el Estado de Derecho

Foto de familia del II Congreso de la Abogacía Madrileña.

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado hoy su “plena confianza en la Justicia y en el Estado de Derecho”. Lo ha hecho en la inauguración del segundo Congreso de la Abogacía Madrileña, donde ha afirmado que su Gobierno trabaja para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia “en colaboración con todos los agentes implicados” y ha destacado que “entre 2015 y 2017 el presupuesto en Justicia ha crecido más de un 14%”.

En su intervención, la presidenta madrileña ha asegurado que “los 44.000 abogados colegiados o los 760.000 asuntos ingresados en 2016 en nuestros juzgados y tribunales confirman la importancia de la abogacía dentro de la actividad social y económica de Madrid”. “Más allá de vuestra contribución para hacer efectivo el Estado de Derecho –ha dicho-, los abogados defendéis los intereses de ciudadanos y empresas, aportando seguridad jurídica”.

Cifuentes ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha en este ámbito durante su mandato. Es el caso de una Ley del Suelo más transparente; de una mayor protección a las víctimas como la que ofrecerá la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo; de una regulación eficaz de las viviendas de uso turístico; o de una mayor protección animal, como nuestra Ley que garantiza el sacrificio cero.

Cifuentes en el Congreso de la Abogacía.

Además, ha añadido, se ha elaborado un Plan Integral, que es la “hoja de ruta” para dotar a la Comunidad de Madrid de una Administración de Justicia “moderna, de calidad y al servicio de los ciudadanos”. Como ha indicado, el primer eje del Plan, impulsado en 2015 y 2016, fue mejorar la Asistencia Jurídica Gratuita, que es uno de sus compromisos electorales (punto 298).

Para cumplir ese compromiso, en 2016 se aumentaron los baremos un 10%, este año se hará en otro 7% y en 2018 en otro 3% más, hasta compensar la rebaja del 20% de 2012. Asimismo, se están acortando los plazos para hacer efectivas las retribuciones. Y todo ello gracias a que en esta Legislatura el presupuesto destinado a hacer efectiva la tutela judicial efectiva a quienes más lo necesitan ha crecido un 52%, superando los 48,8 millones de euros.

El segundo eje del Plan es aumentar el personal de la Administración de Justicia, que fue la prioridad en 2016, cuando se nombraron 881 funcionarios interinos, un 60% más que en 2015. Para continuar en ese camino, se va a convocar el máximo de plazas autorizado por el Ministerio.

Y el tercer eje, ha apuntado, es la mejora de las infraestructuras judiciales, que es el principal objetivo para este año, por lo que se ha incrementado un 47,3% la inversión en este capítulo para ejecutar un Plan de Choque dotado con más de 7 millones de euros, que es fruto del diálogo con los propios afectados. En concreto, ya están en marcha 125 actuaciones de mantenimiento y, una vez aprobados los presupuestos, se acometerán nuevas obras de acondicionamiento.

Además, ha afirmado, este Plan de choque sienta las bases para llevar a cabo una renovación y futura reubicación programada de las sedes, comenzando por aquellas en peor estado o que necesitan más espacio; y agrupando aquellas sedes cuya dispersión provoca más trastornos, como la Audiencia Provincial.

“Mejorar la Justicia es una tarea de todos, en la que los abogados sois unos aliados estratégicos. Gracias al diálogo y la colaboración con todos los operadores jurídicos, haremos realidad esa Justicia más ágil y eficaz al servicio de los ciudadanos por la que todos trabajamos”, ha concluido la presidenta regional.

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La Comunidad apoya las reformas legislativas de Justicia y se ofrece como “banco de pruebas”

La Comunidad de Madrid expresó hoy su apoyo a las reformas legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia de manera general, sobre todo aquellas destinadas a la reducción de la litigiosidad, y ofreció los juzgados de la región como “banco de pruebas” para aquellas medidas que necesiten primero una experiencia piloto para su posterior implantación en todo el territorio nacional. Así lo manifestó la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, tras su primera reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que conoció los cambios previstos por este departamento.

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¿Es justa la sentencia al juez Baltasar Garzón?

El juez Garzón es una figura tan conocida como polémica, la sentencia condenatoria por prevaricación suscita el mismo debate público que su propia figura.

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Fernando Grande Marlaska, juez de la Audiencia Nacional

Fernando Grande Marlaska es un conocido juez español. Hasta el 30 de junio de 2006 ejerció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sustituyendo provisionalmente a su titular, el juez Baltasar Garzón. El 23 de febrero de 2012 fue elegido como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En esta entrevista nos explica su modo de entender la justicia y habla abiertamente de su condición de homosexual y de sus aficiones personales.

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