La Comunidad de Madrid tiene una deuda pendiente de pago con los proveedores que asciende a 1.279 millones de euros, de los que el 80 por ciento (1.080 millones de euros) corresponde a facturas del Área de Sanidad. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado que las facturas pendientes de pago que han presentado las Comunidades Autónomas para que se finiquiten a través del plan de pago a proveedores ascienden a un total de 17.255 millones de euros.

En declaraciones a los medios tras participar en la Junta Directiva de la CEOE, Montoro ha explicado que las cifras son provisionales ya que el plazo para que las Comunidades presentaran estas facturas finalizó este domingo, pero los proveedores aún pueden revisar las listas y reclamar su inclusión en las mismas.

Al sumar esta cifra a la que habían presentado los ayuntamientos (unos 10.000 millones), se entiende que el plan de proveedores se hará cargo de facturas por valor de 27.000 millones “largos”, según Montoro. El ministro ha dicho que la cifra supone una “inyección de liquidez muy importante” que llegará a autónomos, pymes y grandes empresas. “Es una operación de la mayor importancia”, ha dicho.

Además, ha asegurado que es “compatible” con los planes de estabilidad que tienen que presentar ayuntamientos y Comunidades para evitar que se repitan situaciones de este tipo.  “Es una inyección directa, ya lo está siendo”, ha añadido. El titular de la cartera de Hacienda ha dicho que todas las Comunidades que se han acogido al plan “serán atendidas” y que todos los proveedores serán “pagados”.

A cambio, el Gobierno exigirá a las Comunidades planes económicos que hagan viable la recuperación del crédito. Dichos planes serán enviados al Ministerio antes de que acabe el mes de abril. Posteriormente, en la primera quincena de mayo se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que servirá para examinar la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2012 y evitar posibles desvíos. A partir de esa información, el Gobierno podrá aplicar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad (prevención, sanción e intervención)  y poner en marcha “con diligencia” los mecanismos que incluye la ley.