El día 15 de marzo, fue presentado, en el Ateneo de Madrid, el Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, constituida el 13 de abril de 2023 a petición de los familiares de personas fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la COVID, para investigar las muertes de las 7.291 personas fallecidas en los meses de marzo y abril de 2020.
Esta comisión se justifica por la negativa de las autoridades autonómicas a investigar estas muertes y para dar respuesta a las múltiples preguntas que los familiares y muchos sanitarios y ciudadanos tienen acerca de este tema.
La Comisión está integrada por un grupo multidisciplinar de elevado prestigio y credibilidad de: juristas, expertos en salud pública, profesionales de la gestión sanitaria, sanitarios, periodistas expertos en temas sociosanitarios, profesores universitarios de derecho, sociólogos…
Estos cualificados profesionales han realizado una exhaustiva investigación:

• revisando publicaciones oficiales españolas y europeas de organizaciones civiles y autoridades institucionales,
• repasando artículos académicos de investigación,
• tomando declaración a diferentes colectivos:
• – profesionales sanitarios en general y trabajadores de residencias afectadas,
• – supervivientes de la pandemia en residencias, familiares de los fallecidos, responsables de esas residencias,
• – declaraciones judiciales del Sr Carlos Mur, responsable de la coordinación sanitaria de la C. Madrid,
  – y los informes jurídicos de las más de 400 querellas interpuestas por los familiares de los fallecidos
• – declaraciones de testigos ante la asamblea de Madrid.

El informe recoge y sintetiza todas esas informaciones y declaraciones, contrastándolas, y ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones, sobre lo objetivamente ocurrido:
“La desprotección del derecho a la vida y a la salud, de miles de personas mayores en las residencias durante la crisis sanitaria.”
El informe consta, entre otros, de los puntos siguientes:
la forma de proceder de esta Comisión,
qué preguntas se trataban de responder con los datos oficiales proporcionados por la C. Madrid,
el papel de los hospitales implicados en la asistencia sanitaria tanto públicos, como privados, así como de los creados expresamente para este fin como el hospital de IFEMA,
la comparativa entre la mortalidad de estos residentes, entre todas las CCAA españolas y con las principales regiones europeas, etc.,
a qué personalidades y cargos públicos se convocó a comparecer ante la comisión, y quienes acudieron… y quienes se negaron a acudir, etc.
Todo aquel lector interesado en conocer en profundidad el propio informe completo puede consultarlo directamente en el siguiente enlace: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:d2a98da8-f7bb-4f81-854e-f3304f5162fc
Llama poderosamente la atención, que ni uno solo de los geriatras designados en los hospitales públicos de la comunidad de Madrid, respondió a dicha invitación… y por supuesto, ni uno solo de los altos cargos, salvo las honrosísimas excepciones de los Sres

• Alberto Reyero: consejero de políticas sociales de la C. Madrid hasta el día 2 de octubre de 2020 y
• José Ángel Chamorro: presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, que se cerró sin finalizar en 2021.

Lo primero que debemos dejar claro es que la gestión de los servicios de Salud Pública, de los Servicios Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, y de los Servicios Sociales en el ámbito de la provincia de Madrid, son competencia del gobierno de la Comunidad de Madrid.
La C. Madrid tiene competencias en todo lo concerniente a Regulación, orientación, gestión e inspección de los Centros Sociosanitarios, Residencias de Mayores y de personas con Discapacidad.
Siendo conscientes, de que la pandemia fue una situación que resultó muy complicado gestionar para todos los responsables políticos, también se ha de tener en cuenta que, a la llegada de dicha pandemia, los sistemas sanitario y sociosanitario, sobre todo en la comunidad de Madrid (ver datos concretos en el informe que nos ocupa), se encontraban muy mermados en cuanto a recursos materiales y humanos, tras los recortes realizados con motivo de la crisis económica de 2008, estando muy sobrecargados ya antes de pandemia, a la que se sumó la situación extraordinaria del COVID y las bajas producidas por la misma en los profesionales de ambos ámbitos.
Sin querer extenderme más en todos los datos objetivos (que quien esté interesado tiene a su disposición en el Informe), voy a pasar a relatar de forma sencilla, las conclusiones que se han extraído del mismo y las recomendaciones que los expertos que conforman la Comisión Ciudadana por la Verdad han propuesto, tras el exhaustivo proceso de estudio y verificación de los datos y las declaraciones de los invitados a la misma que sí prestaron declaración:
CONCLUSIONES:
En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las Residencias, que pudo y debió haberse evitado.
Los recursos sociales y sanitarios fueron insuficientes cuando se declaró la pandemia. Desde entonces, la situación no ha sido corregida.
La respuesta del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada.
La comunicación entre familiares y residentes, así como la información a los familiares fueron inadecuadas.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020
El gobierno de la C. Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los Hospitales utilizando criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo).
El gobierno de la C. Madrid no utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias.
El sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención.
Se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y de sus familiares.
Se ha vulnerado el derecho a la verdad. No se ha investigado debidamente lo que ocurrió. No se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas.
Todas estas conclusiones y el conocimiento generado tras todo el proceso de investigación desarrollado para la elaboración del Informe que nos ocupa dan lugar a que la Comisión haya realizado una serie de importantes recomendaciones:
Primera: Deber de no olvidar. Impulsar la investigación. Buscar la verdad y establecer reparaciones.
Segunda: que el gobierno y la Asamblea de Comunidad de Madrid reabran la Comisión de Investigación sobre la Pandemia.
Tercera: que el Ministerio Fiscal complete una investigación eficaz y diligente de lo ocurrido en las residencias de mayores de la comunidad de Madrid en los meses de marzo y abril de 2020.
Cuarta: Promover un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados.
Quinta: Mejorar la dotación del sistema sanitario público.
Sexta: visibilizar y luchar contra el edadismo.
Después de leer todo el informe, ver la seriedad con la que se ha producido la investigación y recogida de los distintos testimonios, y analizar lo allí expuesto desde mi perspectiva como sanitaria… solo puedo compartir mi entendimiento de que:
Cuando se procede a la lenta e inexorable destrucción de los Servicios Públicos básicos como los Servicios sociales y la Sanidad que son los afectados en este caso, el precio lo pagan los más débiles, aquellos que han confiado su seguridad a estos servicios públicos y no tienen otro modo de buscar ayuda que confiar en aquellos que cobran su sueldo de los impuestos de todos con el expreso encargo de velar por su salud y seguridad.
No existe, bajo mi punto de vista, circunstancia alguna que justifique que el criterio para adjudicar los recursos dependa de las peregrinas decisiones del responsable político en cada momento.
Si eso se hace, al menos, que dé explicaciones ante el poder judicial, el cual debe velar por la igualdad entre todos los españoles, en cada circunstancia, sin diferencia de edad, sexo, creencias, identidad sexual, origen o situación social o sanitaria.
Si existe una justificación, tenemos derecho a conocerla y afrontarla como sociedad.
María Isabel de Barrio Tejada es médico de Urgencias Extrahospitalarias y vecina de la Sierra Oeste.