Categoría | Editorial

Una legislatura explosiva

Terminado el periodo electoral, las previsiones generales que daban una mayoría absoluta al Partido Popular se han cumplido puntualmente. Del resultado final obtenido se pueden entresacar diversas interpretaciones relevantes. La primera es que, pese a la mayoría absoluta conseguida por el PP, no ha existido un trasvase de votos masivo a esta formación, ya que a nivel nacional solo ha aumentado en 552.000 votos sus resultados de 2008; incluso en la Comunidad de Madrid ha perdido cerca de 30.000 votos.

La segunda conclusión obvia es el mayor desastre del PSOE en todo el periodo democrático, perdiendo más de 4 millones de votos. Esta debacle es la que ha permitido que el PP haya obtenido una abultada mayoría absoluta. El voto perdido por el PSOE ha hecho crecer de forma exponencial a otras formaciones minoritarias, como IU y UPyD, aunque, gracias a la injusta ley electoral que tenemos, estos espectaculares resultados no se han traducido, como debieran, en el reparto de escaños, baste poner el ejemplo de CiU que con 126.000 votos menos que UPyD logra 11 diputados más.

Según la Agencia Tributaria, el 60% de los asalariados ya cobra menos de mil euros

El nuevo Gobierno de Rajoy tiene por delante una titánica tarea, ya que su objetivo es el de reactivar la economía española y al mismo tiempo reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012, lo que llevará aparejado recortes que expertos valoran en más de 18.000 millones, a lo que habría que sumar unos recortes aún más cuantiosos que deberán realizar las comunidades autónomas. 

Por otro lado, las presiones externas ya están arreciando, aumentando la presión sobre nuestra deuda. Alguna agencia de calificación ya exige sin vergüenza “un ambicioso y radical programa de reformas estructurales y fiscales que sorprenda a los mercados”. 

Gracias a la injusta ley electoral los resultados no se han traducido en el reparto de escaños

A todo este desolador panorama se añade la sequía crediticia existente, los bancos no dan créditos y pocos piensan que eso vaya a cambiar en el corto plazo, ya que existe una total desconfianza entre los mismos bancos europeos. 

Incluso numerosos depósitos corporativos de entidades como el BBVA o el Santander están siendo transferidos a naciones y paraísos fiscales considerados más seguros. Esta desconfianza generalizada la están pagando y lo seguirán haciendo las empresas y los hogares.

A estas alturas nadie duda de que el Gobierno popular emprenderá de forma inmediata una larga serie de recortes presupuestarios y reformas fiscales y laborales. Queda por ver cuáles serán éstas y cómo afectarán a los ciudadanos, sobre todo a la clase media y a los más desfavorecidos. Precisamente, en el reparto justo de la carga es donde radica que los españoles asuman y apoyen las reformas o que explosione una imprevisible conflictividad social y laboral en una sociedad española cada vez más asfixiada y descreída, sirva como ejemplo el dato recientemente publicado por la Agencia Tributaria, en el que se desvela cómo el 60% de los asalariados ya cobra menos de mil euros al mes.

La clase política debería dar ejemplo reduciendo sus salarios y sus privilegios

Con este escenario por delante, el nuevo Gobierno deberá cuadrar el círculo y realizar los ajustes necesarios para dar gusto a los mercados y, al mismo tiempo, mantener la inversión en partidas sociales tan imprescindibles como pensiones o sanidad, e incrementar partidas como la educación, ya que se deberá ofrecer algún tipo de reciclaje a los millones de trabajadores que se dedicaban a la construcción y que se deberán recolocar en otros sectores productivos. Por otro lado, deberá buscar un aumento en los ingresos fiscales y esto no puede venir solamente de los impuestos indirectos como es el IVA, las clases pudientes y más acomodadas deberían contribuir de una forma más activa a estos ingresos, no es posible ni razonable que la carga siempre recaiga en el mismo nicho de población.

Por último, la clase política, y en particular el PP, que tiene a partir de ahora todo el poder (Estado, autonomías y ayuntamientos), debería ofrecer ejemplo a la sociedad reduciendo sus salarios y privilegios, eliminando miles de cargos de confianza y minimizando los incontables gastos inútiles existentes en la actualidad. 

Los bancos no dan créditos y pocos piensan que eso vaya a cambiar a corto plazo

La única manera de que la sociedad española asuma pacíficamente una considerable reducción de su calidad de vida es que todos, políticos, empresarios, inversores, rentistas, etc., asuman también una parte proporcional de los sacrificios, de lo contrario el panorama social que se nos presentará en un futuro muy próximo será devastador y explosivo, como ya está ocurriendo en la actualidad en otros países de nuestra decadente Europa.

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