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El Plan de Desarrollo Rural cierra su prórroga con 175 millones ejecutados entre el éxito financiero y la crítica territorial

La Comunidad de Madrid ha dado por concluida la ejecución del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014‑2022, ampliado de forma excepcional hasta diciembre de 2025 para asegurar el uso completo de los fondos europeos. El balance final refleja la gestión de 174,82 millones de euros, lo que supone una tasa de ejecución del 99,98% y sitúa a la región como la segunda comunidad autónoma con mayor grado de aplicación de estos recursos, según los datos difundidos por el Gobierno regional.

El viceconsejero García expuso el 10 de junio los resultados del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, ampliado hasta 2025. FOTOS: Comunidad de Madrid.

Desde el Ejecutivo autonómico se valora este resultado como un éxito de gestión. A lo largo de once años, el programa ha movilizado cerca de 175 millones de euros destinados a modernizar el sector primario, impulsar la innovación, reforzar la sostenibilidad ambiental y apoyar estrategias de desarrollo local participativo (LEADER) en comarcas como la Sierra Oeste. El Gobierno madrileño subraya que esta elevada ejecución demuestra la capacidad administrativa para absorber los fondos FEADER y orientarlos hacia la competitividad de las explotaciones agrarias y la diversificación económica del medio rural.

Sin embargo, la oposición ofrece una lectura muy distinta. Tanto PSOE como Más Madrid reconocen la ejecución final del presupuesto, pero critican que haya sido necesario agotar la prórroga hasta el último día de 2025 para alcanzar el 99,98%. Ambos grupos denuncian que los retrasos en los pagos y las trabas burocráticas han generado dificultades para pequeños agricultores, ganaderos y Grupos de Acción Local, que en muchos casos han tenido que adelantar el dinero de proyectos esenciales para su actividad.

Los partidos de la oposición también cuestionan el impacto territorial del programa. Aseguran que, pese a los millones invertidos, el medio rural madrileño continúa enfrentándose a problemas estructurales como la despoblación, la falta de relevo generacional o la escasez de servicios básicos y conectividad en numerosos municipios. Consideran que los fondos han beneficiado principalmente a grandes industrias agroalimentarias, mientras que los pequeños núcleos rurales han experimentado mejoras insuficientes en su tejido productivo y calidad de vida.

Con el cierre de este ciclo, la atención se dirige ahora al nuevo marco de la PAC 2023‑2027. El reto para la administración será demostrar que los casi 175 millones ejecutados no solo han servido para cumplir con los indicadores financieros exigidos por Bruselas, sino también para avanzar hacia un medio rural madrileño más habitable, sostenible y con oportunidades reales de futuro.

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