Unos 300 vecinos de Navalcarnero se han visto afectados por una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 21.000 y el 80.000% , lo que supone que de un año a otro se pase de pagar 20 euros a pagar casi 5.000. Las subidas del IBI llegan a ser del 82.938% en el caso de los suelos urbanos; del 29.527% en los de uso terciario; y del 21.473% en los de uso industrial. El alcalde, Baltasar Santos González, del Partido Popular, explica esta subida, que tiene su origen en la recalificación como urbanas de 900 hectáreas de terreno rústico. “Hace siete años revisamos el Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado por el Gobierno regional en 2009. Dicha revisión recalificaba numerosas hectáreas de terreno rústico, convirtiéndolo en urbanizable, para ser urbanizado a medio y largo plazo. Los propietarios de los terrenos tuvieron cumplida cuenta del proceso de recalificación y no presentaron ninguna alegación y vieron bien la recalificación, que antes de la crisis revalorizaba sus tierras”.

Santos reconoce que en la actualidad es imposible construir en estas 900 hectáreas. “En gran parte de estas fincas es completamente imposible que, a fecha de hoy e incluso a largo plazo, se pueda desarrollar cualquier planeamiento urbanístico. El problema viene dado al haber desaparecido recientemente por ley la diferenciación entre suelo urbanizable y suelo urbano. Las parcelas afectadas siguen manteniendo su carácter rústico y no se van a desarrollar obras de urbanización en bastante tiempo”.

El alcalde añade: “El valor catastral asignado a esas fincas se ha aplicado en función de unas expectativas urbanísticas inexistentes, incrementándose el IBI en porcentajes desmedidos. Además, el valor catastral fijado incumple la Ley de Catastro Inmobiliario de 2004, que establece que el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, siendo por tanto nulo de pleno derecho. Es una situación injusta que debe ser corregida en el menor tiempo posible. Y en ello estamos trabajando, manteniendo reuniones con los afectados y negociando con la Gerencia de Catastro”.

Los afectados han iniciado una recogida de firmas, sobre la que el alcalde señala: “Los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a recoger firmas y a usar todos los cauces legales que estimen oportuno para defender sus intereses. Lo que no es de recibo es que se haya politizado este asunto desde la oposición y se intente poner a los afectados en contra del equipo de gobierno, cuando somos los primeros en apostar por una solución para este problema que perjudica de forma muy injusta a numerosos vecinos. No es viable dar marcha atrás ahora ni se puede anular un Plan General aprobado por un organismo superior como  la Comunidad de Madrid.    Pero se rebajará el valor catastral en un 50% para los sectores de uso residencial, y entre un 60 y un 70% en los suelos de uso terciario e industrial”.