• Dentro del plan de reconstrucción tras los incendios forestales de finales de julio.

El pasado 10 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso anunció la reactivación del proyecto de desdoblamiento de la M‑501 durante su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid. La presidenta calificó esta actuación como “la primera gran reforma en materia de infraestructuras” dentro del plan de reconstrucción tras los incendios forestales que este verano afectaron a la Sierra Oeste. Paralelamente, en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), afirmó: “Comenzamos el estudio con el que prolongar el desdoblamiento de la M‑501, Carretera de los Pantanos, hasta el final de la Comunidad de Madrid, en el término de San Martín de Valdeiglesias. Nuestro propósito es impulsar la zona oeste de Madrid y Ávila y que sean sinónimo de prosperidad y futuro”.
Ayuso justificó la recuperación de este proyecto —planteado ya hace décadas— en la necesidad de mejorar la respuesta de los servicios de urgencias, cuya importancia quedó patente durante los recientes incendios; aliviar las retenciones y la elevada accidentalidad en una vía que soporta más de 15.000 vehículos diarios en su tramo de un solo carril, cifra que se dispara en verano por el turismo hacia los embalses y el Valle del Tiétar; y favorecer el desarrollo económico, fijando población y atrayendo inversión a los municipios de la zona oeste y a la comarca abulense. Con 72 kilómetros, la M‑501 es la carretera más larga de la red regional madrileña. Su tramo final, que conecta con Ávila poco antes de Santa María del Tiétar, mantiene un único carril por sentido, lo que la Comunidad considera un cuello de botella para la movilidad y el crecimiento de la zona.

La UE ya frenó un intento similar de 2009 por incumplir la Directiva de Hábitats y no garantizar la protección de la biodiversidad.

La propuesta del Ejecutivo autonómico pasa por transformar la conocida “Carretera de los Pantanos” en una autovía. El plan contempla un estudio informativo con una inversión prevista de 416 millones de euros y se divide en dos fases: la primera hasta Pelayos de la Presa y la segunda hasta el límite con Castilla y León, donde enlazaría con la CL‑501. Sin embargo, desde la óptica de la sostenibilidad y los principios de la Agenda 21, el anuncio ha encendido todas las alarmas ecológicas y legales.
El principal obstáculo es medioambiental: el trazado atraviesa tres espacios naturales protegidos. Colectivos ecologistas y plataformas vecinales han reclamado no repetir los errores denunciados hace más de una década. La actuación afectaría a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Encinares del Alberche y Cofio, así como a los espacios protegidos del Cerro de Guisando y el Valle del Tiétar. Se trata de áreas clave para la biodiversidad local, que funcionan como corredores ecológicos cuya fragmentación podría provocar una pérdida irreversible de hábitats.

Foto: Antonio Botella.

Desde el enfoque del desarrollo sostenible, la Agenda 21 defiende una movilidad eficiente que no comprometa el capital natural. Expertos advierten de que un desdoblamiento mal planificado incrementaría la huella de carbono durante su construcción y reforzaría la dependencia del vehículo privado, alejándose de los objetivos de descarbonización y movilidad suave fijados para 2030.
Ante la presión social, la Comunidad de Madrid ha anunciado trabajos previos y estudios informativos para “determinar la alternativa” más viable. Este proceso será determinante para evaluar si es posible minimizar el impacto ambiental mediante túneles, viaductos o trazados alternativos que cumplan las directivas europeas de hábitats y la normativa de evaluación ambiental.
La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, anunció el 22 de junio de 2009 que iba a desdoblar la carretera de Navas del Rey a San Martín de Valdeiglesias. La Comisión Europea frenó el proyecto exigiendo el cumplimiento estricto de la Directiva de Hábitats, al atravesar la zona el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y la ZEPA Encinares del río Alberche y río Cofio, integrada en la Red Natura 2000.
Las instituciones comunitarias dictaminaron que la evaluación de impacto ambiental presentada era insuficiente para garantizar la protección de la biodiversidad local, especialmente de aves y hábitats prioritarios. Esta resolución marcó un hito al priorizar la conservación ecológica frente a las infraestructuras viarias, obligando a replantear la movilidad sin sacrificar el patrimonio.