El juez Garzón es una figura tan conocida como polémica, la sentencia condenatoria por prevaricación suscita el mismo debate público que su propia figura.
DULCE
Es una sentencia justa que pone freno a los excesos de algunos jueces estrella. Cualquier estudiante de Derecho sabe perfectamente que las comunicaciones entre abogado y cliente son inviolables. Este derecho básico de nuestro ordenamiento jurídico fue vulnerado por el señor Garzón. La unanimidad de los jueces del Tribunal Supremo en su sentencia demuestra la contundencia y claridad del delito cometido. Como la propia sentencia alude “la previsión legal de delito de prevaricación no puede ser entendida en ningún caso como un ataque a la independencia del juez, sino como una exigencia democrática impuesta por la necesidad de reprobar penalmente una conducta ejecutada en ejercicio del poder judicial” y añade una frase tan básica como importante: “La búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”. Los atajos no son buenos en ningún ámbito de la vida, pero en la justicia los atajos se pueden convertir en el embrión de la injusticia y el fascismo, por lo que es muy sorprendente que muchas personas hayan puesto el grito en el cielo por una sentencia que pone en primera línea de defensa un derecho básico de los ciudadanos ante los jueces.
SALADO
Esta sentencia es absurda, arbitraria e inaudita, así ha sido calificada por numerosos juristas, abogados y catedráticos de Derecho. El delito de prevaricación judicial por el que se le ha condenado consiste en dictar una “resolución injusta a sabiendas”, o sea, una resolución injusta con dolo, con conciencia de que es gravemente atentatoria de los más elementales principios del Derecho. Debemos recordar que según la Policía Nacional desde la cárcel algunos abogados estaban presuntamente colaborando con los cabecillas de la Gürtel en evadir y blanquear dinero obtenido ilegalmente. Las escuchas fueron solicitadas por la policía, promovidas por Garzón y fueron prorrogadas por su sucesor en el caso, el magistrado Antonio Pedreira y los fiscales adscritos al caso nunca se opusieran a ellas. De hecho la fiscalía del Estado no vio ningún indicio de delito y se opuso al juicio. Se han realizado escuchas sin ninguna transcendencia jurídica en otros casos como el asesinato de Marta del Castillo, para encontrar su cuerpo, o el intento de atentado que planeó Pablo Vioque contra el entonces fiscal Antidroga, Javier Zaragoza. Está claro que esta sentencia es injusta hasta que no se procese también a los demás jueces y fiscales que apoyaron y mantuvieron las escuchas, ya que también deberían haber prevaricado.